Por Redacción EL

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Algunos documentos de la gestión de Donald Trump en la Casa Blanca preservados en los Archivos Nacionales, primordialmente sobre el ataque al Capitolio, fueron rotos por el exmandatario republicano y debieron ser pegados con cinta por oficiales gubernamentales, informaron medios locales.

"Algunos de los registros presidenciales de Trump recibidos por la Administración Nacional de Archivos y Registros incluían registros en papel que habían sido rotos por el expresidente", explicó el ente en un comunicado. De acuerdo con fuentes oficiales, durante su presidencia, Trump habitualmente rompía documentos y los tiraba después de leerlos. "Estos fueron entregados a los Archivos Nacionales al final de la administración Trump, junto con una serie de registros destrozados que no habían sido reconstruidos por la Casa Blanca", indicó el organismo.

Los Archivos Nacionales recientemente entregaron cientos de páginas de documentos de la Casa Blanca cuando Trump era mandatario al comité selecto de la Cámara que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio. Los registros fueron entregados después de una batalla judicial de meses que culminó con la decisión de la Corte Suprema el mes pasado de rechazar los esfuerzos de Trump para bloquear su publicación.

Los Archivos Nacionales no aclararon en su declaración si algunos de los documentos que recibió el comité incluían los registros rotos y vueltos a grabar. Según el diario The Washington Post, estos documentos forman parte de más de 700 páginas transmitidas por los Archivos Nacionales a la comisión parlamentaria que investiga la responsabilidad en la asonada que puso en jaque a la democracia estadounidense.

Entre las 700 páginas figuran las listas de quiénes visitaron a Trump o lo llamaron aquel 6 de enero, así como las notas tomadas durante esos intercambios. Al mismo tiempo, la comisión que integra una mayoría de legisladores demócratas busca escuchar a varios familiares del ex gobernante de ultraderecha. Algunos de ellos recibieron citaciones y a otros, como su hija Ivanka Trump, simplemente se les pidió que testificaran.

Los legisladores de la comisión quieren publicar sus conclusiones antes de las elecciones intermedias de noviembre, en la que los republicanos podrían recuperar el control de la Cámara baja y enterrar su trabajo. El 20 de enero pasado la Corte Suprema rechazó el intento de Trump de bloquear informes sobre el asalto al Capitolio. Y diez días después, el ex mandatario prometió amnistías a los responsables del ataque si gana las elecciones de 2024.

Rechazan pedido de libertad condicional para asesino neonazi

La justicia de Noruega desestimó el pedido de liberación condicional de Anders Behring Breivik, diez años después de que el militante neonazi asesinara a 77 personas en la peor matanza cometida en el país nórdico, al considerar que sigue siendo peligroso. "Existe un riesgo evidente de que reanude el comportamiento que condujo a los ataques terroristas del 22 de julio", declaró el tribunal del distrito de Telemark, al rechazar la solicitud de puesta en libertad de Breivik. En la justificación del fallo, adoptado de forma unánime, el tribunal argumenta además que el autor de la masacre de Utoya "parece carente de empatía y compasión" y que su ideología es la misma que cuando cometió la masacre, en 2011. Por su parte, el abogado de Breivik, Oystein Storrvik, adelantó que su cliente recurrirá la sentencia ante el Tribunal de Apelación de Agder. Además, señaló que trabaja en una queja aparte relacionada con las condiciones de la prisión de Skien, donde el extremista, de 43 años, cumple condena. El 22 de julio de 2011, el extremista hizo explotar una bomba cerca de la sede de gobierno en Oslo, en un atentado que causó ocho muertos. Y luego se trasladó a la isla de Utoya, donde mató a tiros a 69 personas, en su gran mayoría adolescentes que participaban de un campamento de verano de la Juventud Laborista. Hasta ahora, Breivik no mostró arrepentimiento, por lo que la decisión de la justicia no es sorpresiva. El extremista fue condenado en 2012 a 21 años de prisión, la pena máxima, que puede ser prolongada en la medida que siga siendo considerado una amenaza para la sociedad. El veredicto estaba acompañado de un período mínimo de diez años, tras el cual podía solicitar la libertad condicional. Durante la vista para solicitar la libertad condicional, Breivik condenó la violencia y afirmó haber sufrido un "lavado de cerebro" por una red extremista, aunque aseguró que mantiene su fe en el nacionalsocialismo.