La Fiscalía General de Cuba se sumó este jueves al gobierno central de la isla, en la advertencia a los organizadores de las marchas de protesta previstas para el próximo 15 de noviembre, sobre el riesgo de que incurran en delitos si mantienen el plan, un aviso que fue rechazado por activistas opositores. A su vez, la Fiscalía ya inició una tarea de "apercibimientos" a varios convocantes, amparada en la decisión del gobierno de prohibir las marchas.

"Teniendo en cuenta la intención expresada públicamente por los promoventes de mantener la convocatoria, la Fiscalía General de la República, este jueves 21, inició el apercibimiento a varios ciudadanos que, de incumplir la decisión de las referidas autoridades, incurrirían en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente", reseñó la institución. Y explicó, además, que esos apercibimientos fueron a "un reducido número de ciudadanos en las provincias de La Habana, Villa Clara, Cienfuegos y Holguín".

En un comunicado que publicó el sitio Cubadebate, la vicefiscal jefa de la Fiscalía de la provincia de La Habana advirtió que si los impulsores de las protestas insisten en realizarla, pese a la negativa oficial de las autoridades, enfrentarán "consecuencias legales por promover y realizar marchas ilícitas". Los delitos que pueden achacarle a los que convoquen y participen de las protestas son penados con sanciones económicas y privación de la libertad de tres meses a un año.

Cuando el gobierno de Miguel Díaz-Canel anunció que vetaría las concentraciones, los activistas anunciaron que mantendrían la convocatoria a una marcha pacífica, una iniciativa inédita en sesenta años y un verdadero desafío al Ejecutivo isleño.

Tenés que leer

El gobierno cubano prohibió la manifestación opositora convocada para el 15 de noviembre

Amenaza desde el poder

La Fiscalía amparó su advertencia en el artículo 156 de la Constitución, referido a funciones de esa oficina como "velar por el estricto cumplimiento de la Carta Magna, las leyes y demás disposiciones legales". El dramaturgo Yunior García Aguilera, fundador del grupo Archipiélago y uno de los promotores de la marcha del mes próximo, consideró como "una amenaza directa desde el poder" la decisión de la Fiscalía.

"Si las amenazas se concretan, me llevan a juicio o me detienen, renuncio a cualquier tipo de defensa", afirmó García Aguilera, sobre quien pesa una medida cautelar. El nombrado activista ya fue arrestado en las masivas e históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado, las que tuvieron lugar en medio de una profunda crisis económica, por la parálisis del turismo por la pandemia y una serie de reformas impulsadas por el gobierno.

Para el escritor, un eventual juicio en su contra sería "una farsa", porque su sentencia, dijo, "probablemente esté firmada desde hoy". "Somos ciudadanos que ni somos mercenarios, ni recibimos órdenes de ninguna parte. Mostramos abiertamente una diferencia de opinión y del país que queremos construir y participar en la política de forma cívica y pacífica", aseguró García Aguilera.

Inicialmente, la convocatoria a marchar era para el 20 de noviembre, pero el gobierno llamó para ese mismo día ejercicios militares y, por eso, la fecha de protestas se adelantó para el 15. La Fiscalía destacó además que la Ley 83 de 1997 establece entre los objetivos de la oficina el de "preservar los derechos e intereses legítimos de los órganos, instituciones y dependencias estatales, contribuir a la prevención del delito y otras conductas antisociales, al fortalecimiento de la disciplina social y a la educación de los ciudadanos en la observancia consciente de las normas jurídicas".