Por Ivana Fux

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Con una valoración positiva prácticamente indiscutida del operativo de vacunación en general, el oficialismo intentó neutralizar la ofensiva de la oposición que exigió explicaciones sobre dirigentes y funcionarios que recibieron sus dosis contra el covid fuera de calendario y antes de que les correspondiese. Hacía nueve años que un ministro del Poder Ejecutivo no era interpelado en la Legislatura; el último caso había sido con Raúl Lamberto, por entonces, titular de la cartera de Seguridad.

El formato de exposición en el recinto, suavizado por la virtualidad, fue reeditado en este caso con el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman. Pese a ser el funcionario político del gabinete, debió responder una treintena de preguntas vinculadas estrictamente al área de Salud. Y ello fue así porque a criterio de los legisladores convocantes, la presunta irregularidad suscitada en los casos de vacunación que se investigan, exigía una respuesta política. La hipótesis del Frente Progresista es que alguien, desde la política, permitió que el vice presidente de la EPE, Alberto Joaquín, levantase un teléfono y le garantizase recibir sus dos dosis en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, cuando todavía no había sido inoculado el personal de salud. Joaquín terminó, por eso, fuera de su cargo; es anecdótico si le pidieron la renuncia o la presentó espontáneamente, pese al que el histórico referente del PJ salió a cruzar por ello al propio Sukerman.

Pero el ministro político tampoco pudo, a criterio de la oposición, responder a "la gran pregunta política"; los diputados se fueron aseverando que no lograron averiguar quién autorizó la vacunación de Joaquín salteando turnos. Sukerman explicó que ello es, justamente, lo que pretende determinar la investigación administrativa que inició el Ministerio de Salud y ahora continúa Fiscalía de Estado. El ministro desmintió que hubiese en Santa Fe "vacunatorios vip" entendidos como sitios deliberadamente organizados para favorecer de manera discrecional a referentes políticos o gremiales con la vacuna. Sí admitió "casos aislados" que pudieron haber generado esas filtraciones; "una en un millón", a propósito del millón de dosis colocadas que alcanzó la provincia precisamente en los últimos días. El mismo eje argumental utilizó el gobernador para referirse al tema. "Puede haber errores, pero en Santa Fe no hay privilegios", aseveró Omar Perotti.

La oposición resumió en un "sabor a poco" el resultado de la interpelación; advirtió que si no hubo un ámbito expresamente pensado para ejercer ese favoritismo, cuanto menos, hubo severas fallas en los mecanismos de control. De allí, que hasta se propusiese un proyecto de ley para la publicación completa con nombre y apellido de todas las personas que hayan sido vacunadas en la provincia. Y advirtieron que el supuesto "único caso en un millón" no encaja en las ya diversas situaciones poco claras que se han generado en casi toda la geografía provincial: desde las vacunas fuera de término a personal del IPEC en esta ciudad, admitida como "irregular" por la propia ministra de Salud, Sonia Martorano; pasando por el escándalo del Hospital de Reconquista, que derivó en su intervención... O los casos de Suardi, San Vicente, algunos intendentes, más los trabajadores del Ministerio de Cultura, y esta nueva situación detonada en el sur de la provincia, cuyas derivaciones están aún por producirse.