Por Ignacio H

Hay un juez que no se cuánto tiempo después va y allana las oficinas de Odebrecht en Buenos Aires; eso ya lo hizo otro juez en 2014; comprobó que habían borrado todo. Es en el mismo edificio del caso Siemens, que terminó con culpables en Alemania y Estados Unidos pero acá no pasó nada.

La justicia de Brasil tiene presos -de manera preventiva- a muchos políticos acusados de coimeros. La ONU no reclama por sus derechos; tal vez sea suficiente tener pruebas y testimonios consistentes para demostrar que hubo robos a las arcas públicas y defraudación al bienestar general; y eso amerita la legal y prudente discrecionalidad de un juez habilitado para ejercerla, hasta que lleguen las sentencias que hagan justicia.

¿In dubito pro reo? Acá la víctima es la sociedad, no el funcionario. Y es la justicia, o son unos cuántos funcionarios judiciales, los que tienen que demostrar que no son cómplices. 

La exposición mediática sobre la evidente corrupción es poderosa, pero también es un arma peligrosa. ¿Y si es cierto que los audios contra Temer están editados? ¿Y si es una maniobra de Lula, que manda a sus seguidores a quemar ministerios mientras exige elecciones directas inconstitucionales pero que lo salvarían de ir a prisión? El ex presidente tendrá impunidad si alcanza la presidencia. ¿Las urnas o la ley? esa es la cuestión.

Los kirchneristas acusan a Macri. Mauricio firmó un decreto -el 797/2016- por el que le entregó “a sola firma” $ 45 mil millones a Odebrecht en sociedad con su primo Angelo Calcaterra para el soterramiento del Sarmiento. Los macristas devuelven: las coimas se pagan cuando se contrata y este contrato lo hizo Cristina con De Vido; además Calcaterra ya vendió Iecsa.

En la guerra de las apariencias, los relatos se disputan el consentimiento público. Pero el público está atravesado por pasiones y convicciones muchas veces impermeables a la evidencia; así que no siempre importa la verdad, sino lo que ella parezca. Entre creyentes, desprevenidos, nostálgicos y furiosos, se reparten los votos.

Corren a la liebre mientras se escapa la tortuga. Laura Alonso propone acuerdos para que la Oficina Anticorrupción tenga las confesiones de Odebrecht sobre los destinatarios kirchneristas de U$S 35 millones en coimas. Pero es ilegal ofrecer impunidad. Le ley argentina del arrepentido sólo es aplicable a personas físicas y los contratos conseguidos con corrupción son nulos, por lo que Odebrecht debería dejar las obras que pide retener a cambio de la delación.

Lo explica bien Natalia Vosolin (https://pablorossi.cienradios.com) una abogada especialista en delitos de corrupción. Acá los corruptos no tienen que devolver lo robado porque el Senado no termina de votar la ley; y nadie delatará nada porque nadie va a prisión. El camino directo es pedirle a la justicia norteamericana la información que ya tiene; pero eso, en la Argentina, es lo que nadie hace. Y menos Alejandra Gils Carbó.