Por Ignacio H

Un secuestrador y torturador sentenciado por sus delitos de lesa humanidad podrá cumplir antes con su condena gracias al “2 x 1”, que es una ley derogada. Las indignaciones fáciles se disparan. La culpa es de la Iglesia que llama a la reconciliación, del clima “neoliberal”. El ministro de Justicia cambia prudencia por reproche para no dejar “pegado” al presidente; los medios se alarman sobre el retroceso histórico, los periodistas se disputan la crítica más ampulosa.

 
No me cerraba que un tipo como Horacio Rosatti hubiera hecho una monstruosidad. Y como dice mi viejo, los jueces hablan por sus sentencias. Así que me asomé al largo escrito (cij.gov.ar) para tratar de entender.

Lo primero que me aclaré a mí mismo fue que el condenado sigue así: condenado. Lo que la Corte hizo fue, a los efectos de computar la pena, aplicar el artículo 2 del Código Penal Argentino, el artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 9 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hacer lo que sugiere el Estatuto de Roma, constitutivo de la Corte Internacional de La Haya, que algo entiende de estos casos.

El máximo tribunal dejó sin efecto un cómputo de sentencia previo, de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que -a instancias del fiscal- decidió que todas esas leyes hechas para que seamos una civilización más justa no debían aplicarse, porque había “un cambio en la valoración social que la comunidad efectúa respecto de la conducta imputada”. Y entonces aplicó una condena más dura que lo que la ley ordenaba; ¿quién levantaría la voz por un torturador?

La ex presidente twuiteó que una sentencia como la que produjo la Corte, en su gobierno, no pasaba. ¿Confesión de parte sobre violación a la división de poderes? Lo que sí pasaba durante su gestión era la arbitrariedad. Fue por juicio arbitrario que el máximo tribunal revisó en queja el plazo de la sentencia al secuestrador y torturador condenado.

Claro que cuando Casación se paró por encima de la ley, no hubo polémica mediática ni oportunismo twitero. Y eso que era todo un huevo de serpiente.

El doctor Rosatti plantea en su voto el dilema que afrontó y cómo lo resolvió. Un Estado de Derecho -escribió- “no es aquel que combate a la barbarie apartándose del ordenamiento jurídico sino respetando los derechos y garantías que han sido establecidos para todos, aun para los condenados por delitos aberrantes. La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes referidas a su juzgamiento, pues de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado”.