El presidente del Colegio de Jueces Penales de la 3° Circunscripción, Tomás Orso, aseguró que desde 2014 a esta parte se duplicó la población carcelaria en la provincia de Santa Fe. A su vez destacó que más del 70 por ciento de las causas se resuelven en juicios abreviados o probation que son acordados entre los fiscales y abogados defensores. De esta manera, buscó desactivar la teoría de “la puerta giratoria”, la cual hizo alusión el intendente Leonel Chiarella (Venado Tuerto) en el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Municipal.

El primer mandatario venadense manifestó estar “convencido de que uno de los motivos de la inseguridad es la impunidad. Esa impunidad que genera impotencia, por no entender determinadas decisiones de quienes también son responsables de la seguridad, que son los jueces. Quienes deciden si un delincuente queda en libertad, no es un intendente, no es un concejal, no es un legislador, es un juez. Esta impunidad es la que vemos seguido cuando nos encontramos con delincuentes deambulando por nuestra ciudad que siguen robando como si nada pasara”.
 

Tomás Orso aseguró que las declaraciones “no nos ofenden, ni generan una sensación negativa, porque nosotros también somos funcionarios del Estado y podemos ser interpelados por otros funcionarios, como en este caso, el intendente de la ciudad (por Venado Tuerto). Y está en el marco del juego democrático. Lo peor que podemos hacer es esconder estos temas”.
 

La inseguridad es una problemática “multicausal, compleja. Soy de la idea que desde la Justicia Penal tenemos una cuota de responsabilidad, porque mis colegas en general, en el ámbito del Poder Judicial, consideran que la responsabilidad absoluta pasa por otras áreas del Estado, especialmente por el Ejecutivo que tiene la conducción de la fuerza de seguridad, y por la aplicación de políticas inclusivas, para no favorecer la criminalidad”, dijo.
 

El intendente detalló con nombre y apellido una lista de personas que, a su criterio, deberían estar detenidas por distintas causas que atraviesan, pero que en la actualidad se encuentran en libertad.
 

“Los números indican que en los dos últimos años las libertades que se producen, luego de detenciones, son productos de acuerdos de los fiscales con las defensas. En ese caso, ni siquiera intervienen los jueces, que solo se limitan a hacer un control de legalidad. Por lo tanto, entre el 70 y el 80 % de los detenidos recuperan la libertad por este tipo de acuerdos. Aproximadamente en el 25% de los casos hubo resoluciones judiciales, donde la gran mayoría de los casos se otorgaron prisiones preventivas. Y cuando se otorgaron libertades, hubo pocos recursos de apelación presentados por los fiscales, con lo cual quedan validadas esas libertades”, detalló Tomas Orso.
 

Datos aportados por el magistrado indican que en el año 2022 se determinaron 33 libertades, de las cuales 26 fueron acordadas entre fiscales y defensores. Las 7 restantes las definieron los jueces y no fueron apeladas.
 

Igualmente, el presidente del Colegio de Jueces Penales, sostuvo que “un sistema Penal que no sea eficiente, que sea moroso y que no brinde las respuestas adecuadas, también puede llegar a ser un factor que incida en las conductas delictivas. En el ´calculo’ que hace un delincuente, está la posibilidad de ser descubierto, castigado y condenado. Y en ese caso, tenemos una cuota de responsabilidad”.
 

En relación a la existencia de una “puerta giratoria”, el magistrado precisó que “desde el año 2014, cuando comenzó a aplicarse el nuevo sistema de oralidad, pasamos de 4.500 presos a más de 8.000, con lo cual prácticamente duplicamos la tasa en encarcelamiento provincial. Si tomamos ese dato duro, el sistema penal produjo muchas más condenas. Y esto no se compadeció con el aumento de plazas penitenciarias, por eso hay sobrepoblación en todas las cárceles de la provincia”.
 

Orso dijo que “tenemos que ser permeables a las críticas, tenemos que dar explicaciones, rendir cuentas y presentarnos a los debates necesarios, porque somos funcionarios públicos. Pero en relación a las personas que nombró el intendente las cuales considera que deben estar detenidas, debo decir que muchas de ellas no son causas de la Justicia Provincial, ya que están ligadas a la cuestión de droga y narcotráfico”.
 

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