La de Vicentin es una novela con final abierto. Si bien su crisis se precipitó hace ya dos años, su futuro es aún incierto. Según los plazos vigentes en su concurso preventivo, la compañía tiene hasta marzo para arreglar con los acreedores, un objetivo que dependerá de múltiples factores, pero esencialmente de acordar un plan de negocios que asegure su continuidad operativa con el pago de deudas en el menor tiempo posible. Caso contrario, se habilitará el proceso de creamdown, del que nadie se anima a pronosticar su resultado.

 

A diferencia del 2020, el año que cierra no estuvo atravesado por la avanzada estatal, que alteró el panorama cuando la agroexportadora se encontraba explorando los primeros acuerdos. Tras la retirada oficial, Vicentin se abocó a ganar tiempo y buscar socios estratégicos que le permitieran reconducir su camino, truncado por una fenomenal crisis de la que aún se discuten sus orígenes.

 

Hay una realidad incontrastable: la compañía debe 1.500 millones de dólares, una cifra que según la última propuesta se ofreció a pagar en un plazo de 15 años, con una quita del 70%. Según la versión de la concursada, esta era "la mejor oferta posible", pero tras el bochazo del juez Fabián Lorenzini hubo un compromiso de realizar una "propuesta superadora".

 

 

Lo más descollante del 2021 fue que la agroexportadora logró firmar una carta de intención -term sheet- con la Asociación Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro y Viterra Argentina (ex Glencore) en la que acordó la venta de sus principales activos (básicamente, las plantas de Ricardone y San Lorenzo), a través de una operación que incluye una inversión de u$ s 607 millones.

 

La exhibición del documento le permitió a Vicentin exhibir que "hay salida", por más dura que sea. Durante buena parte del proceso, muchos acreedores ponían en duda esa posibilidad, argumentando que el plan oficial era simplemente ganar tiempo, licuar deudas y reventar la sociedad.

 

Ahora bien, a pesar del arreglo con esas tres importantes firmas del sector, para Lorenzini es necesario un esfuerzo extra. En un fallo que se conoció una semana después de que la propuesta de pago se adjuntara al expediente, el magistrado pidió su reformulación, por considerarla, entre otros aspectos, "abusiva" y -a prima facie- contraria a la ley.

 

"He arribado a la convicción de que dicha propuesta debe ser modificada y ajustada por la concursada de un modo razonable, de tal forma que satisfaga adecuadamente los intereses en juego y justifique el esfuerzo compartido de acreedores, trabajadores y terceros, en la búsqueda de una resolución al conflicto", dijo el juez, quien pasó de héroe -cuando le puso un freno a la intervención oficial en 2020- a villano para la empresa.

 

Tras el revés, la concursada presentó un nuevo pedido de prórroga en el concurso, hasta el 30 de junio de 2022. La respuesta de Lorenzini no tardó en llegar, concediendo la extensión pero acortando los tiempos: ahora el plazo para lograr las mayorías vencerá el 31 de marzo, por lo que será un verano movido para los responsables del gigante nacido en Avellaneda a finales de la década de 1920.

 

Si no hay cambio de planes, para el 28 de febrero Vicentin deberá presentar el trazo grueso de su propuesta: ese día explicará los motivos por lo que "el plan de reestructuración ofrece una perspectiva razonable de evitar la insolvencia y garantizar la viabilidad de la empresa", según la letra del fallo judicial.

 

Si bien los tiempos son cortos, hay expectativas favorables en el juzgado con sede en Reconquista. Lorenzini mantuvo a principios de mes una reunión con los número 1 de de ACA, Molinos y Viterra, donde aparecieron ideas para conseguir una eventual salida sin llegar al cramdown (en el que son los propios acreedores quienes ofrecen opciones). Esas alternativas podrían venir desde dos frentes: otorgando mayor flexibilidad a la propuesta (esto es, considerando que de mejorar los números de la empresa, haya más facilidades para los acreedores) y recortando aún más la participación de la "familia Vicentin" en la futura composición accionaria (según el term sheet, los actuales accionistas podrían retener hasta un 20%).

 

Cualquiera sea la nueva oferta que se logre consensuar, lo fundamental para el expediente será que cautive a los bancos extranjeros, a fin de cuentas amos y señores del concurso. Estos se mantuvieron siempre a la expectativa, mostrando los dientes pero también participando con buena voluntad de las distintas instancias de salida al conflicto.

 

Distinta fue la postura del grupo de acreedores "duros", liderados por la corredora de la familia Grassi (con sede en Rosario) y el Banco Nación. Fueron varias las ocasiones en las que apostaron a tensar la cuerda, por ejemplo buscando cambiar la sede del concurso y echando a rodar una propuesta que quite de escena a los actuales accionistas.

 

 

El otro eje de atención que tuvo el tema Vicentin en este año, que promete seguir teniendo capítulos en 2022, es la investigación penal en la que los principales referentes de Vicentin se encuentran imputados por estafa. Si bien el fiscal Miguel Moreno no logró prisiones preventivas, en las audiencias realizadas en noviembre exhibió un frondoso material probatorio respecto de la posibilidad que la sociedad haya falseado sus balances durante el periodo previo al default.

 

"Los motivos que los llevaron a delinquir fue sanear la catástrofe empresarial y hacérsela pagar a los bancos y los productores de granos, sin tener el menor reparo en hacerle pagar a todos los damnificados su propia negligencia", dijo Moreno, titular de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación. En la oportunidad, adelantó que la acusación contra los integrantes de Vicentin "no será en mucho tiempo".

 

En total, quedaron imputados por el delito de estafa 14 personas, entre ellas Daniel Buyatti (presidente del directorio hasta septiembre de 2020), Alberto Macua (vicepresidente hasta la misma fecha), Roberto Gazze, Máximo Padoan (hijo de Alberto, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario entre 2015 y 2019) y Omar Scarel (titular del actual directorio de la compañía).

 

Moreno siguió la pista de una serie de denuncias efectuadas en 2020 por bancos internacionales, el Macro y proveedores comerciales. Todos aseguraron haber sido estafados en la etapa previa al anuncio de "estrés financiero", por un monto cercano a los 600 millones de dólares.

 

Según la hipótesis de la Fiscalía, la mecánica habría consistido en ocultar su pasivo al registrar irregularmente los contratos "a fijar", en los que el precio se determina con posterioridad a la entrega de los granos. Este punto ya fue analizado por los auditores forenses que participaron de la convocatoria de acreedores, integrado por el estudio porteño Arnaud Iribarne y Asociados y la internacional Deloitte.