Por Ignacio Hintermeister

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El juez en lo civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de Vicentin SAIC, concedió una prórroga hasta el 16 de diciembre en el período de exclusividad para que la agroexportadora intente llegar a un acuerdo con los acreedores, para lo cual debe explicitar una propuesta de reorganización empresaria antes del 20 de noviembre.

El magistrado, al reintegrarse esta semana en su despacho, extendió así el vencimiento del período de exclusividad que originalmente concluía el próximo 5 de septiembre. La empresa había solicitado un nuevo límite al 21 de marzo, pero Lorenzini no extendió el período -"en principio"- más allá de los confines del calendario judicial de 2021.

La firma busca la posibilidad de un acuerdo (no descarta ventas) que permitan oxigenar financieramente la compañía, mantenerla en plena actividad y acercar una propuesta viable a sus acreedores granarios y financieros.

La Asociación de Cooperativas Argentinas, Glencore (socia de la empresa con base en Reconquista, en las plantas de Timbúes y San Lorenzo) y Molinos Agro, tienen protagonismos decisivos en el futuro inmediato de la empresa concursada y, con ellos, en el horizonte de los proveedores granarios menores que acreditaron su condición en el expediente.

A ellos se suman los acreedores financieros internacionales. El Banco Nación es "privilegiado" y viene cobrando sus acreencias, según trascendió. Las entidades bancarias que conforman el Comité de Control, manifestaron ante el juez su conformidad con la extensión de la exclusividad, no sin dejar sentada sus quejas por la "poca cooperación" de la concursada.

"Ejercitando la ponderación de los intereses en pugna, consideramos prudente y mesurado admitir su extensión, cuando mediante la misma se intentará evitar un desenlace que no favorece a los involucrados directos, ni contribuye al principio de conservación de la empresa y las fuentes de trabajo", explicitó Lorenzini en su decisión.

Las plantas de Vicentín siguen trabajando a fazón -para terceros- y no han dejado de pagar salarios ni ha despedido trabajadores, a pesar de la fuerte deuda que precipitó su crisis tras las corridas cambiarias y granarias de 2018.

Tras la primera fallida propuesta, con una quita de 75% y un plazo de pago a 20 años a quienes poseen acreencias por unos U$ S 1400 millones, el juez cuestionó una actitud que "no se compadece con los esfuerzos que la Ley de Concursos y Quiebras impone para encaminar la empresa y sacarla de su proceso de crisis".

Desde la empresa suponen que, en la medida en que se perfile la nueva propuesta en los 90 días estipulados, se podría proceder -si el juez lo consiente- con los pasos en ese sentido, es decir "encaminar la empresa". Eso supone mejorar la oferta.

Para Lorenzini, el plazo adicional otorgado "deberá ser aprovechado para desplegar una conducta concretada" orientada a "trabajar con los acreedores en la formulación de una propuesta o menú de propuestas aceptables".

Tres interesados

Funcionamiento 2022

"La concursada -dictaminó Lorenzini- deberá garantizar el funcionamiento operativo de la empresa por todo el año 2022: Mediante la concreción de fazones (u otros contratos) con los inversores estratégicos u otros interesados, acordando pautas que aseguren la plena ocupación razonable de su capacidad instalada y el mantenimiento de las fuentes y puestos de trabajo".