Los usuarios beneficiados con la tarifa social no tendrán incrementos en las facturas. Para el resto de los usuarios la suba sería a partir de junio.
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Este martes comenzó la primera de las tres audiencias públicas para definir aumentos de tarifas y segmentación de usuarios. En este caso, se presentó la propuesta oficial de incrementos en el precio del gas natural que se trasladará a las facturas de los usuarios.
En la presentación, Maggie Videla Oporto, subsecretaria de Hidrocarburos, recordó que los usuarios de los servicios públicos de distribución de gas con tarifa social no tendrán incrementos a partir de junio y el resto de los usuarios tendrán un incremento promedio de 20%.
Este cálculo se basa en la pauta de aumentos acordada con el Fondo Monetario Internacional, donde el aumento total en las facturas para usuarios con tarifa social debe ser equivalente al 40% del coeficiente de variación salarial (CVS) de 2021, lo que da un porcentaje de 21,3%. Como ya hubo aumentos en marzo que llegaron a ese porcentaje, no tendrán más subas en 2022.
Para el resto de los usuarios, sin tarifa social, la suba debe ser del 80% de la variación salarial del año pasado. Ese porcentaje es de 42,7% para todo 2022. Si se toman los aumentos ya aplicados en marzo, el porcentaje de suba a partir de junio será de entre 18% y 20% de acuerdo a las distintas zonas del país.
Y detalló algunos ejemplos de la aplicación de los aumentos: en el caso de usuarios del centro del país, la factura promedio pasará de $ 2.008 a $ 2.378. Para la zona centro, de $ 2.029 a $ 2.393. Para la zona Noroeste, de $ 1.151 a $ 1.402; y para la zona Sur, de $ 2.112 a $ 2.651.
“Esta decisión se funda en la convicción de nuestro Gobierno Nacional de que las tarifas de gas y electricidad deben tener correcciones que siempre deben estar por debajo de la evolución de los salarios. Por la necesidad que tenemos de mejorar el poder adquisitivo luego de la pandemia que hemos atravesado y a la vez que la factura tenga un peso cada vez menor”, dijo Videla Oporto.
Y recordó que el 10% de los usuarios de más poder adquisitivo dejarán de recibir subsidios y, por lo tanto, deberán afrontar subas más altas. “El presidente aclaró en su mensaje que se iniciará un proceso de asignación de subsidios a usuarios de los servicios públicos de gas y electricidad en función de índices socioeconómicos”, agregó.
La factura del servicio de gas está compuesta por cuatro variables: precio del gas, costo de transporte, costo de distribución e impuestos y tasas. En el caso del precio del gas, lo que se traslada a la tarifa y es facturado a los usuarios depende de los subsidios. Es decir, el porcentaje que asume el Estado del precio que se paga a las empresas productoras de gas, el costo del gas importado de Bolivia y el costo del GNL importado.
Según el informe presentado en la audiencia, hoy de los USD 5,76 por millón de BTU (la unidad medida que usa el sector) del precio promedio del gas, el Estado absorbe el 75,6% (o USD 4,35) y el 24,4% restante es lo que pagan los usuarios (USD 1,41).
“El presidente aclaró en su mensaje que se iniciará un proceso de asignación de subsidios a usuarios de los servicios públicos de gas y electricidad en función de índices socioeconómicos”
En costo fiscal, el Estado asumiría $ 275.079 millones sobre un total de $ 363.893 millones (USD 3.064 millones), de acuerdo a los datos de la Secretaría de Energía.
El aumento propuesto para el precio del gas es de entre el 41,7% y 46,3%, lo que significa un aumento en las facturas que reciben los usuarios por debajo de la suba tope que fue definida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue de 42,7% (equivalente al 80% de la variación de los salarios en 2021).
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