Con el crecimiento de las redes sociales y la digitalización en los últimos años, aparecieron con mayor facilidad los delitos cibernéticos o digitales. Telecom aprovechó la oportunidad para, en su edición 2022 de Encuentros 4.0, hablar sobre la violencia digital junto a especialistas en 3 paneles: Análisis legislativo y normativo: contextualización del fenómeno, Violencia digital de género: reflexiones interdisciplinarias y Perspectivas regionales.
 

El encuentro comenzó con la Lic. Silvia Lospennato y el Dr. Luis Petri contextualizando el fenómeno y explicando los grises legales y la dificultad de condenar por estos delitos a quien está del otro lado de la pantalla.
 

La Lic. Silvia Lospennato aseguró que “faltan herramientas legales acordes a los delitos digitales” y que la mayor discusión mundial se da sobre el anonimato, algo que debería “modificarse y que de alguna manera se resguarden los datos de las personas pero que puedan ser identificadas”.
 

Por su parte, el Dr Luis Petri habló sobre datos más precisos y afirmó que “la pandemia hizo crecer la cantidad de delitos y estafas digitales”. A su vez, consultado por la cantidad de delitos denunciados, explayó que solo “se conocen datos sobre delitos tipificados”, como por ejemplo, el grooming.

Durante el segundo espacio, la Dra. Analia Monferrer – Secretaria Letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – explicó que aunque la ciberviolencia  no constituye un delito es algo que se puede denunciar y el poder judicial puede intervenir con medidas de protección. 
 

En tal sentido, ejemplificó que se pueden denunciar casos de ingreso a las redes la victima para modificar la contraseña o publicar contenidos no deseado. “Desde la Oficina de Violencia podemos observar que las denuncias aumentan año tras año, porque hay mayor conocimiento de los derechos y mayor difusión; la Corte cuenta con datos desde 2017 y desde que empezamos a colocarle una etiqueta al caso de violencia digital hemos observado 112 casos”, aseguró la especialista.
 

Además, informó que las bocas de acceso a denuncias son muchas en todo el país -todas las comisarías están obligadas a tomar las denuncias- y estas presentaciones no necesitan un abogado, son gratuitas y el poder judicial siempre da respuesta, “por sí o o por no”. 
 

Por su parte, la Lic. Mariana Iglesias, Editora de Género de Clarín, consideró que los medios tienen que tener una mirada de género: “Estamos reproduciendo violencia, la estamos propagando, tomemos conciencia y orientémonos mejor al servicio, dónde ir, adónde acercarse para solucionarlo; y aunque hablamos de un mundo virtual, la violencia es real y el rol del periodista es importante, por eso tenemos que contar casos, historias, mostrarlas, no como casos aislados, y sobre todo cuando se trata de violencia de género digital hay que contextualizarlo con las consecuencias en la vida real”. 
 

Sin embargo, admitió que “el tema de género entró más tarde al concepto de ciberdelito”, aunque “lo que está pasando en el mundo digital es lo mismo que está pasando en el mundo real y las mujeres, niñas y adolescentes son las más acosadas y se traslada al mundo digital”. 
 

Pero “como no se puede reclamar lo que no se conoce, entonces tenemos que dar a conocer los derechos en este tema e insistir para ponerlo en agenda”, propuso. Por ejemplo, cuestionó el uso de términos como “pornovenganza”, porque aunque es “marketinero”, no está bien, “no es una película porno, fue filmado en otro contexto, hasta que uno por despecho o por extorsionar al otro lo comparte en redes”. 
 

Y Carla Majdalani, representante de ONU Mujeres Argentinas, reconoció que “las redes sociales permiten mayor toma de conciencia y cuando se comparten historias se genera esta identificación”. Sin embargo, recordó que mientras en cuanto al bullying la mayoría de las víctimas son varones, en el caso de la difusión de imágenes no consentidas, acceso y suplantación de identidades afecta en forma particular y desproporcionada a mujeres y disidencias “para humillarlos”, “no hay razón en la biología para que seamos destinataria de esta violencia” y, por eso, “ameritan una tipificación y un abordaje especial”. 
 

Además, destacó que la ciberviolencia es una violación de derechos que afecta a todo el entorno familiar, por lo que la violencia digital de género indirectamente involucra a muchos niños. 
 

En cuanto al rol de Naciones Unidas, Madjalani adelantó que ya hay una propuesta de ONU Mujeres “para que la ley acompañe específicamente y acorte las brechas de interpretación y que hay una figura específica que lo facilite”.

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En un tercer panel, la Dra. Fernanda Teixeira, Coordinadora del grupo de apoyo contra la ciberdelincuencia, explicó la política regional de Brasil de acuerdo a la violencia digital. En el país limítrofe, año a año se modifican las políticas para abarcar mayores delitos dentro de las leyes. Afirma que es necesario porque con el “correr del tiempo todos los crímenes emigraron hacia el espacio digital”. En Brasil, ya son penalizados los casos de acoso sexual digital y la pornovengaza (difusión de videos e imágenes íntimas). 
 

Además, en este país, tienen un proyecto de “Educación Digital en las Escuelas” para que los más chicos entiendan y empiecen a conocer los riesgos del ambiente digital. Según la Dra. Fernanda Teixeira es importante trabajar con las “policías especializadas en violencia de género y los fiscales especializados” para capacitarlos en el manejo y difusión de pruebas digitales porque aún “no están acostumbrados”
 

En este mismo panel, participaron la Dra. Irma Llano Pereira representando a Paraguay y el Dr. Marcelo Gallo Tagle en representación de Argentina.
 

En Paraguay, a partir de la firma con el Convenio de Budapest hay una constante llegada de datos e información de cuentas con evidencias de ciberdelitos para estar atentos a posibles hechos en el país. La Dra Irma Llano Pereira, aseguró que “la cooperación internacional es de suma importancia en el trabajo forense”.
 

En Argentina hubo una tardía adhesión al Convenio de Budapest, que busca hacer frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet mediante la armonización de leyes entre naciones, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre las naciones firmantes. Sin embargo, en el país “estamos lejos de tener una legislación que aborde los problemas de ciberdelitos”, afirmó el Dr. Marcelo Gallo Tagle dado que el “ciberdelito crece demasiado rápido”.
 

A pesar de esto, el Dr. Gallo asegura que “las recomendaciones (de otros países) ayudan a elaborar mejores procesos” y afirma que en Argentina “necesitamos un código penal que incluya estos delitos”.