La Fiscalía pedirá penas de entre tres y siete años y medio de prisión para 36 personas que son investigadas por delitos vinculados al juego clandestino cometidos en el norte provincial.

 

El requerimiento fue informado por los fiscales Rubén Martínez y Nicolás Maglier en la acusación que presentaron ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de Reconquista. Por ese medio, solicitaron que todos los imputados –25 mujeres y 11 hombres que tienen entre 25 y 83 años– sean juzgados en el marco de un debate oral y público.

 

La investigación comenzó en noviembre de 2018 y está a cargo de los fiscales Rubén Martínez y Nicolás Maglier.

 

 

Los fiscales afirmaron que "de la investigación surgió que al menos cinco asociaciones ilícitas dedicadas a la explotación ilegítima de juegos de azar funcionaron con permanencia en el tiempo en Reconquista y sus zonas de influencia". Precisaron que "como mínimo, cometieron ilícitos de fraude al comercio y a la industria durante un año, entre noviembre de 2018 y el mismo mes de 2019".

 

"Los jefes de las bandas delictivas organizaron sistemas para levantar apuestas de juegos de lotería y quiniela clandestinos", sostuvieron Martínez y Maglier. "Para lograr sus objetivos, se vincularon con otras personas, incluso con titulares de agencias oficiales en las que realizaban apuestas tras detectar números muy elegidos en el circuito ilegal", explicaron.

 

"Los grupos criminales eran financiados por sus jefes, quienes se beneficiaron con los altos márgenes de rentabilidad de las apuestas no ganadoras", señalaron. "Además, obtuvieron rédito económico de la falta de aportes y contribuciones patronales a sus empleados, así como de los impuestos correspondientes al juego legal que no abonaron", agregaron.

 

 

Los representantes del MPA aseguraron que "en reiteradas oportunidades, los jefes de las asociaciones delictivas ordenaron y dispusieron pagos a funcionarios públicos provinciales -que en su mayoría aún no lograron ser identificados-, para que no investigaran o fiscalizaran las actividades ilegales".

 

Asimismo, Martínez y Maglier plantearon que "uno de los 36 acusados era jefe de la comisaría de la localidad de Fortín Olmos (departamento Vera) al momento los hechos y recibió dinero por incumplir sus deberes públicos de control".

 

 

Los fiscales detallaron que las siete personas investigadas como jefes de asociaciones ilícitas además están acusadas como autoras de explotación, administración y organización de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad competente; de defraudación a la administración pública; y de cohecho.

 

A dos de los sindicados como jefes de las bandas delictivas además se les endilga la autoría de tenencia indebida de armas de fuego de uso civil. Sus iniciales son JSRV y AMM y la Fiscalía solicitará que sean condenados a siete años y seis meses de prisión y a seis años y seis meses de prisión, respectivamente.

 

Para otro de los investigados como jefes, cuyas iniciales son MAD, se pedirán siete años de prisión debido a que continuó con su accionar ilícito aún después de que se realizaron allanamientos en los que se encontraron evidencias en su contra. Para los otros cuatro -una mujer de iniciales GVA y tres hombres de iniciales RJA, GNR y SAS-, se solicitarán penas a seis años de prisión.

 

 

Para los colaboradores inmediatos de los jefes de los grupos criminales se solicitarán penas a tres años y seis meses de prisión. Se trata de 14 mujeres -de iniciales MAP, PVD, NAC, LPC, DEY, SSB, VAM, DCM, LBC, ELM, AGG, FLLB, CMP y GJS-, y cuatro hombres -cuyas iniciales son AGG, JAA, GNR y CEM.

 

La Fiscalía también manifestó que pedirá que las otras mujeres investigadas -cuyas iniciales son LGG, DEB, DBS, SMC, CVB, KNL, CDC, MNA, MY y MEG- sean condenadas a tres años de prisión. Del total de penas solicitadas, éstas 10 son las únicas que tienen previsto su cumplimiento de modo condicional.

 

En cuanto a la calificación penal de los hechos ilícitos cometidos por estas 28 personas, se informó que están acusadas por la autoría de los delitos de asociación ilícita (en calidad de miembros); explotación, administración y organización de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la debida autorización; defraudación al estado o administración pública; y cohecho.

 

Por último, para el excomisario investigado, cuyas iniciales son DIB, se pedirá una pena a tres años y seis meses de prisión efectiva y una inhabilitación especial absoluta para ejercer cargos públicos. Los delitos que se le atribuyen son la participación como miembro en una asociación ilícita; explotación, administración y organización de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la debida autorización; defraudación al estado o administración pública; cohecho; y concusión.

 

 

La presentación de la acusación es un paso procesal en el que la Fiscalía solicita la apertura del juicio oral y público contra las personas investigadas.

 

El escrito, que está destinado a un juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), contiene un detalle de las evidencias reunidas y fundamenta los requerimientos del MPA en relación al caso. También informa los datos personales de los imputados, los hechos ocurridos, la calificación legal de los ilícitos y la pena solicitada.

 

Luego de la presentación de la acusación y de habérselo comunicado a la Defensa, la OGJ debe convocar a una audiencia preliminar en la que las partes (Fiscalía, Defensa y Querella) discuten acerca de lo planteado.

 

Finalizada la audiencia preliminar, si el juez considera que la acusación de la Fiscalía tiene proyección de condena y que están cumplidos los requisitos para que se desarrolle un debate oral y público, debe disponer el auto de apertura a juicio para programar una fecha de inicio y sorteo del tribunal.

 

 

El fiscal Martínez informó que "la provincia de Santa Fe es querellante en la investigación". En tal sentido, valoró "la decisión del Estado santafesino de participar activamente en el proceso" y concluyó que "se trata de la primera investigación de juego ilegal en el norte provincial, en la que la provincia se constituye como querellante".