Lo hizo en una carta que la secretaria ejecutiva de la CIDH Marisol Blanchard dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, en la que lo notificó que tiene un plazo de tres meses para responder en nombre del Estado argentino.

Se trata de un caso sin precedentes porque hasta ahora la CIDH había aceptado denuncias de víctimas de la represión ilegal de la dictadura y no de los ataques de la guerrilla.

En 2007 los abogados de Picón pidieron que "se declarara al crimen de lesa humanidad porque la Convención de Ginebra del '49 impide atentar contra civiles en cualquier clase de conflicto interno, sea internacional o nacional.

Entonces, la viuda del Capitán Viola, con el patrocinio del abogado Javier Vigo Leguizamón, imputó a la República Argentina haber violado las Convenciones de Ginebra de 1949 y la Convención Americana de Derechos Humanos, al negarse a reabrir la investigación con el fin de determinar si constituían crímenes de lesa humanidad. El caso había sido cerrado por los indultos del ex presidente Carlos Menem.

"La CIDH lo tuvo en estudio durante todos estos años y acaba de dictar una resolución en virtud de la cual considera cumplidos los requisitos formales para iniciar lo que se llama proceso de admisibilidad. En ese proceso se le corre traslado al Estado argentino de esta petición y después la CIDH fijará su criterio y en el caso de que haga lugar a la petición, le ordenará al Estado argentino reabrir la investigación", explicó Vigo Leguizamón.

Luego, en ese sentido, repasó al respecto de la causa: "En el año 2007 nosotros pedimos que se declarara al crimen de lesa humanidad porque la Convención de Ginebra del '49 impide atentar contra civiles en cualquier clase de conflicto interno, sea internacional o nacional. Sobre esa base, pedimos que se aplicara esa convención y que se declarara de lesa humanidad. En ese momento el juez se negó a reabrir la causa".

"Luego se apeló a la Cámara Federal y ellos revocaron esa resolución —detalló Vigo Leguizamón—. Pero la Cámara dijo que de cualquier manera no tenía sentido debatir si era o no de lesa humanidad porque los partícipes de ese momento habían sido juzgados. Nosotros lo cuestionamos diciendo que muchos de los partícipes no habían sido juzgados, fundamentalmente los autores mediatos del crimen".

Y explicó que "se estableció que había autores mediatos que no habían sido juzgados e incluso una serie de partícipes directos que tampoco habían sido juzgados y que habían sido identificados por la misma persona que había quedado detenida y condenada. Quiere decir que había un cúmulo de personas que se podría llegar a investigar, citar y dictar indagatoria. Eso se apeló ante la Cámara de Casación y la Cámara mantuvo el criterio, al igual que la Corte Suprema que también lo rechazó con una fórmula mecánica. Ante esa circunstancia, nosotros en 2016 planteamos una denuncia ante la CIDH".

El ataque 

El capitán Humberto Viola fue asesinado el domingo 1 de diciembre de 1974, cuando llegaba a almorzar a la casa de sus suegros, en San Miguel de Tucumán. En el ataque los guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo también mataron a su hija María Cristina, de 3 años, e hirieron gravemente a María Fernanda, de 5 años.

¿Cómo sigue?

En este nuevo escenario, entonces, la CIDH también requirió al Estado nacional efectuar su descargo en el plazo de tres meses. "Ahora el Estado qué puede decir: 'Reconozco que voy a abrir la investigación' o 'Niego que sea un crimen de lesa humanidad' o no. De acuerdo a lo que responda, la CIDH puede llamar a una audiencia de conciliación. Si no hay conciliación, la CIDH emitirá su informe y le ordenará al Estado con lo que informe. Si el Estado no cumple con eso, la Comisión entonces presenta el caso ante la Corte Interamericana, que es la que en definitiva va a resolver", explicó Vigo Leguizamón.

Lo concreto es que en el escenario político actual, es complejo que Argentina se expida en favor del petitorio de la familia Viola. "Es difícil que lo haga pero de cualquier manera si no lo hace, la Comisión emitirá su informe y después irá a la Corte Interamericana", aclaró el abogado.