Al cumplirse el segundo aniversario del crimen de Fernando Báez Sosa, el adolescente de 18 años asesinado por una patota de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell, aún falta un año para que se celebre el juicio que debatirá la culpabilidad de los ocho procesados.

 

Y mientras los padres de la víctima desean que todos ellos sean condenados a cadena perpetua, la defensa de los acusados por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” buscará la libertad de los jóvenes al denunciar que hubo irregularidades en la investigación.

 

 

El fatídico 18 de enero de 2020, la Policía Bonaerense detuvo en la vivienda en la que se alojaban durante sus vacaciones a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Juan Pedro Guarino y Alejo Milani tras ser señalados por los testigos (además de las filmaciones de las cámaras de seguridad) de golpear a trompadas y patadas al estudiante de Abogacía hasta la muerte.

 

 

Juan Pedro Guarino y Alejo Milani recuperaron la libertad aunque continúan imputados como partícipes necesarios, mientras que los ocho restantes (con entre 18 y 21 años al momento del crimen) fueron trasladados en marzo de ese año a la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en el partido de La Plata, donde aún permanecen recluidos con prisión preventiva.

 

 

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Dolores asentó que el juicio comenzará el 2 de enero de 2023 y se desarrollará en 22 audiencias, a realizarse de lunes a viernes y que coincidirá con el tercer aniversario del homicidio. En la audiencia preliminar, los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari fueron notificados que más de 130 testigos expondrán y que se incluirán “la totalidad de las piezas ofrecidas por los particulares damnificados”.

 

 

 

De cara a este proceso, el abogado de los procesados, Hugo Tomei, definió que su estrategia será voltear el caso al afirmar que hubo irregularidades en la investigación. En este sentido, argumentará que los fiscales Verónica Zamboni y Walter Mercuri nunca les informaron a los rugbiers de qué se los acusaba a cada uno y en consecuencia, esto les impidió ejercer su derecho de defensa.

 

 

No obstante, el pedido para citar a declarar como testigos a los agentes del Ministerio Público Fiscal y a la defensora oficial María Verónica Olindi Huespi fue rechazado por el tribunal. Además, Tomei solicitó un peritaje de la cadena de custodia de la prueba digital, es decir, los celulares secuestrados de los imputados cuyo contenido resultó ser clave para la investigación.

 

 

Mientras tanto, en noviembre pasado, el letrado presentó un escrito ante la Justicia para que sea revea la situación de los arrestados y sean trasladados a otra dependencia. En este sentido, Tomei reclamó por el “calor sofocante en las celdas”, que “no pueden ingresar a sus amigos a visitarlos”, la “ausencia de atención médica adecuada” y el “olor nauseabundo en la comida que les dan”.

 

 

Los argumentos de la Fiscalía y la querella

 

 

Por su parte, la Fiscalía y la querella cuentan con evidencias suficientes para demostrar la culpabilidad de los jóvenes de Zárate. “Fue un crimen brutal donde las prendas de seis de los detenidos están con sangre. Uno no tenía sangre de Fernando porque era el que filmaba y el otro, era el que evitaba que lo puedan auxiliar sus amigos o los transeúntes”, comentó el abogado Fernando Burlando, que representa a los padres de la víctima y que pedirá la prisión perpetua para todos los procesados.

 

En tanto, Zamboni sostiene que los acusados “acordaron darle muerte” a Fernando y que “previamente distribuyeron funcionalmente sus roles”.