Por Luis Rodrigo

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La titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Jaquelina Balangione, mantuvo una reunión con senadores de los distintos bloques del Senado provincial, que fue presidida por la vicegobernadora Alejandra Rodenas.

La funcionaria judicial planteó las evidentes asimetrías entre los órganos de la Acusación y de la Defensa en el sistema penal surgido tras la reforma procesal santafesina y entre otros conceptos advirtió que hay situaciones en las que los defensores "no dan a basto". Incluso, expuso que ya hubo alguna renuncia al cargo, precisamente por esa imposibilidad de cubrir las necesidades de prestar el servicio de defensa desde el Estado. Hay departamentos en los que solo hay un defensor.

Balangione ha pedido que se amplíe la estructura del Sppdp, y estima que son necesarios unos 40 cargos más. Un mensaje del Poder Ejecutivo para la creación por ley de nuevos cargos perdió estado parlamentario en el Senado y la intensión de quienes compartieron esa reunión es que se redacte un nuevo texto para ampliar la defensa.

Un detalle del número de fiscales con que cuenta el Ministerio Público de la Acusación frente a muchos menos defensores fue expuesto por Balangione.

El encuentro fue abierto a todos los legisladores del cuerpo y para conversar con la defensora general hubo una decena de senadores que pudieron asistir. Estuvieron del bloque justicialista Lealtad, Cristina Berra (San Martín), Eduardo Rosconi (Caseros) y el jefe de la bancada oficialista Alcides Calvo (Castellanos). Del sector del Nuevo Espacio Santafesino, el presidente del bloque Armando Traferri (San Lorenzo), junto a sus pares José Baucero (San Javier), Joaquín Gramajo (9 de Julio). También, los radicales Rodrigo Borla (San Justo) y Lisandro Enrico (General López), así como Hugo Rasetto (Iriondo) del bloque unipersonal UCR-Unión Santafesina.

Los participantes del encuentro coincidieron en que Santa Fe tiene la oportunidad de mejorar la relación entre los poderes y recuperar el diálogo para dejar atrás su crisis institucional, y encontraron que las reformas planteadas por Balangione pueden ser un buen punto de partida para una mayor vinculación entre los actores del sistema judicial y los poderes Legislativo y Ejecutivo.

"Doctorados" en prisiones

El problema de las cárceles como ámbitos en los que no se logra el objetivo de la reinserción social, ni se dan la garantías para que las condiciones de detención sean las adecuadas para cualquier persona, así como tampoco las medidas disciplinarias y de seguridad para que no haya delitos que se planifican o cometen de manera virtual tras las rejas, ocupó un segundo capítulo de las conversaciones.

No es materia del mismo debate legal, sino de una política de Estado que debe darse la provincia más allá de quien tenga a su cargo el Servicio Penitenciario de la Provincia, que vuelve a estar a cargo del Ministerio de Seguridad y ya no pertenece a la estructura de la cartera de Gobierno.

Un aspecto clave que se tocó es que la prisión hace de un delincuente común, por un delito menor, alguien peor. Que las cárceles son "como universidades del delito, donde se hacen verdaderos doctorados", que además provocan perfiles delictivos más violentos.

El ejemplo más claro es el de quienes apresados por el robo de ganado reciben condenas que los llevan a prisiones donde mandan las bandas. Es muy probable que quien pasa una condena que incluya los peligros de una cárcel "salga peor de lo que entró".

El tema derivó en una vieja idea de Joaquín Gramajo, el presidente de Asuntos Constitucionales, que considera que debería existir una suerte de zonificación de las prisiones, además de más unidades penitenciarias. Su posición -comentó a El Litoral- parte de verificar que hay delitos que se repiten más en norte de la provincia que en el centro y sur. Así, considera que debería haber más prisiones, que apuesten a la transformación del preso que por ejemplo ha cometido hurtos menores (abigeato) en alguien poseedor de un oficio. Y que su privación de la libertad no lo ponga en contacto con otros delincuentes más peligrosos y violentos, a los que conviene detener en lugares menos masivos y con más seguridad.