Las entrevistas en cámara Gesell a las niñas del jardín Ceferino Namuncurá, cuyos padres denunciaron al profesor de gimnasia del establecimiento por abuso sexual, serán tomadas por una psicóloga ofrecida por la defensa. Así lo dispuso el juez penal José Luis García Troiano este miércoles al mediodía, ante la oposición de la fiscalía.

 

El abogado defensor del profesor Juan Francisco T., Marcos Barceló, realizó esta inusual solicitud y propuso a la licenciada en Psicología María Lucila Farray para que sea la profesional que lleve adelante las entrevistas a las menores. El juez resolvió a su favor, a pesar de la marcada oposición de los fiscales Matías Broggi y Alejandra Del Río Ayala.

 

Al culminar la audiencia, la fiscalía solicitó que se mantengan las fechas de las cámaras Gesell, ya informadas a las víctimas, habiéndose agendado para este jueves dos de las entrevistas. De antemano el defensor comunicó que la psicóloga que propuso no estaría disponible.

 

"Sesgo confirmatorio"

 

El Dr. Barceló solicitó que no fueran las psicólogas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ni de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) quienes llevaran adelante estos dispositivos, proponiendo a la Lic. Farray, quien trabajó para el MPA de Rosario hasta marzo de este año.

 

 

 

 

 

 

Realizó hincapié en que la profesional cuenta con una especialización en psicología forense, "lo cual a mi criterio le da a esta entrevista una mirada distinta a la de las psicoterapeutas clínicas".

 

Según Barceló, con esto busca evitar "el sesgo confirmatorio, que es cuando el profesional ingresa a encontrar determinada respuesta".

 

Deber de objetividad

 

La fiscalía manifestó que los psicólogos del MPA y la AIC son quienes generalmente llevan a cabo estas entrevistas, y que al ser funcionarios del Estado tienen el deber de ser objetivos y proteger a las víctimas.

 

Además, señaló que la investigación está a cargo de la fiscalía, que también tiene el deber de ser objetiva y que trabaja de esa manera, y que las defensas pueden recolectar pruebas y realizar medidas pero sin entorpecer la labor del MPA.

 

En cuanto a la idoneidad, Del Río Ayala hizo referencia a que las profesionales que Barceló pretendía reemplazar poseen las mismas capacitaciones que la psicóloga propuesta por la defensa, y que han tenido un desempeño intachable.

 

 

El fallo

 

En su resolución, el juez García Troiano resaltó "mi mayor respeto profesional a las psicólogas que incorpora el MPA para llevar adelante las audiencias", que su labor no está en duda y que siempre se respetan los protocolos establecidos -como el de Unicef- a la hora de realizar los dispositivos de cámara Gesell.

 

Sin embargo, consideró que no había razones para no hacer lugar a la solicitud de la defensa, ya que la psicóloga propuesta deberá atenerse a las mismas normas y protocolos que aplican las profesionales a servicio del Estado. También enfatizó que durante las entrevistas en cuestión la fiscalía, la defensa, y un juez observan y escuchan lo que sucede en la cámara Gesell, a modo de control.

 

De inmediato

 

Cuando el magistrado concluyó sus fundamentos, la fiscal Alejandra Del Río Ayala solicitó que la psicóloga designada asista este jueves a tribunales ya que dos de las entrevistas fueron organizadas para esa fecha. "Las víctimas han sido informadas, son niñas de 5 y 6 años, y ha pasado casi un mes desde la denuncia de los hechos. Esto tiene que ser inmediato", enfatizó.

 

Ante el comentario del defensor de que la profesional propuesta por él no estaría disponible para concurrir en los horarios estipulados, la fiscal señaló que "el dispositivo está reservado, y cada día que pasa sigue siendo muy nocivo para las niñas".

 

Por esto, manifestó: "Que se convoque a la psicóloga para hacer el anticipo de prueba, caso contrario, la fiscalía lo hará igual con sus psicólogas. Las niñas deben ser escuchadas".

 

 

 

 

 

 

Denuncia y detención

 

El profesor Juan Francisco T. (45) fue detenido el jueves 7 de octubre, luego de que un grupo de padres se agolparan en la entrada del jardín de infantes del complejo educativo Ceferino Namuncurá para reclamar y pedir explicaciones a las autoridades.

 

Dos días antes, el martes 5 del corriente, una de las alumnas le había manifestado a su madre la presencia de dolores en la zona abdominal-genital, que en principio fue atribuida a un golpe. La niña fue internada primero en el hospital Iturraspe donde descartaron que fuera un abuso; y al día siguiente llevada por sus padres al hospital de Niños donde los profesionales detectaron una lesión que abrió las sospechas.

 

En forma concomitante, otras dos alumnas de la institución del barrio Yapeyú, pero de grupos diferentes, también radicaron denuncia a través de sus padres, invocando el nombre del docente.

 

El docente que llevaba 8 años en la institución en el nivel inicial, fue imputado el sábado 9 de octubre por el fiscal Matías Broggi, quien le atribuyó el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado porque, al momento de los ilícitos, era el encargado de la educación y de la guarda de las víctimas". Dos días después -el lunes 11-, el juez Gustavo Urdiales dictó la prisión preventiva.

 

Al emitir su resolución, el juez Urdiales descartó que pueda existir el proceso psicológico denominado "identificación por contagio". Señaló que "existen denuncias paralelas y casi simultáneas en distintas dependencias policiales (…), cuestión que aleja la posibilidad de un eventual 'acuerdo' para denunciar".

 

"El hecho de que las niñas no se conozcan entre sí -agregó- por pertenecer a distintos grupos, que sus padres no se conozcan entre sí y que sean de tan corta edad, alejan la posibilidad (...) del proceso psicológico que invoca la defensa".