El Ministerio de Salud de Entre Ríos abrió un sumario administrativo a un médico que trabaja en el hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, luego de que se difundieran datos personales de una menor de 13 años que se realizó una interrupción legal del embarazo producto de una violación, informaron fuentes oficiales.
 

A través del decreto 1.922, firmado por el gobernador Gustavo Bordet, y la titular de la cartera sanitaria, Sonia Velázquez, el sumario apunta al médico Fernando Julián Rivas por la divulgación de los datos y por desconocer los protocolos que rigen para estos casos.

La menor había ingresado al hospital a fines de octubre de 2018 con dolores abdominales, y tras una ecografía, se constató un embarazo de 20 semanas de gestación. El 9 de noviembre regresó con su madre y decidió iniciar el protocolo de ILE/aborto no punible.

A las 14 del día siguiente, según la historia clínica del hospital, la menor expulsó el feto y las autoridades médicas entregaron el "óbito" a personal de la policía, a los pocos minutos de la expulsión, en un frasco con formol. Asimismo, Rivas y un grupo de enfermeras del servicio de obstetricia se negó a asistir a la menor.

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Pero en los últimos días se constató que el médico divulgó "detalles del caso, la cantidad de semanas de gestación del embarazo de la adolescente" y desmintió "el origen de la concepción, o sea el delito de abuso sexual del cual fue víctima" la menor.

En entrevistas periodísticas, Rivas consideró que fue "una situación validada, por decirlo de alguna manera, y no fue un aborto sino un parto inmaduro", lo que para el Ministerio demuestra "un total desconocimiento del protocolo" ante estos casos.

También la cartera recalcó los derechos "a la privacidad y confidencialidad de las mujeres que se someten a éstas prácticas", por lo que se le inició un sumario administrativo al médico, ya que esas declaraciones "resultan violatorias" de la privacidad de la menor.

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Además, el Ministerio también apuntó al personal de enfermería que se encontraba de turno ese 10 de noviembre que, "conforme los elementos probatorios, se negaron o no brindaron asistencia y atención" a la menor.

En ese sentido, el decreto aseguró que "de ninguna manera se trata de un justificativo el hecho de que no compartan por cualquier razón la práctica ILE", por lo que se le aplicaron "cinco días de suspensión sin goce de haberes".