El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy a Leandro Santos por amenazar a la modelo Florencia Cocucci para que no declare en las causas judiciales en las que es investigado por trata de personas y para evitar que lo mencione en el marco del expediente en el que se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, a quien ella conoció en el boliche Rosebar y con quien viajó a Cancún.

 

El magistrado procesó a Santos por el delito de amenazas agravadas, mandó a trabarle embargo sobre sus bienes y su dinero por un millón de pesos y, en el mismo fallo, extrajo testimonios para que se designe, por sorteo de la Cámara Federal porteña, qué juez debe investigar el espionaje que sufrió la modelo por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.

 

 

 

 

 

 

El fallo de 51 páginas está cargado de elementos probatorios, como las capturas de los mensajes de texto a través de los cuales fue amenazada la modelo en los que pueden leerse frases como "salí a callarte y a limpiar a la gente que te ayudó porque vas muerta como terminó Nisman".

 

De la investigación judicial se desprende que las amenazas a Cocucci tenían por objetivo evitar que saliera a la luz la verdadera naturaleza del negocio de Santos de representación de modelos –que incluía servicios sexuales a los que la denunciante dijo no haber accedido-; algo que podía ocurrir si ella declaraba como testigo en la causa en la que se investiga la muerte de Nisman.

 

Cocucci había conocido al entonces fiscal de la causa AMIA en el boliche Rosebar donde ella hacía "presencias" y el fiscal llegó a viajar con ella a Cancún, Mexico.

 

 

 

 

 

 

"Surge de esta investigación que las amenazas denunciadas habrían tenido como finalidad, lograr la impunidad de Santos en los hechos de trata de personas que lo involucraban -primero ante la justicia uruguaya y luego en el marco de la causa 3719/2016-. Y es que el nombrado se habría visto en una encrucijada cuando Cocucci fue citada como testigo en la causa 3559/2015 (Nisman), toda vez que al formar parte de su agencia conocía la explotación sexual que desde allí se orquestaba, de la que ella misma fue testigo y víctima", sostuvo Casanello en su resolución.

 

"No es por tanto casual que el ‘calvario’ para la denunciante comenzara a partir de dicha citación, ni tampoco que Santos haya elegido y pagado a un abogado para representarla en dichas actuaciones. También, y en sintonía con ello, luce coherente que a tales efectos se haya reunido con ella y el letrado previo a su declaración. No resulta verosímil que eso fuera de ‘buena persona’ sino parecería más bien una actitud, cuanto menos, coactiva", remarcó el magistrado.

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIAS

 

El inicio de las maniobras delictivas investigadas por el fiscal Guillermo Marijuan y denunciadas por Cocucci en compañía del abogado Omar Saker fue en "puede establecerse en el mes de febrero de 2015, tras el fallecimiento del fiscal Nisman. Desde entonces, Santos entendió que tarde o temprano Cocucci sería llamada a prestar declaración en la causa 3559/2015 y que en dicha ocasión pondría al descubierto aquello que los vinculaba y que, en definitiva, conduciría a desmantelar su organización criminal", se indicó en la resolución judicial.

 

"Al principio comenzó por incurrir en meras advertencias, puesto que en el primer episodio denunciado por Cocucci -en el que Santos se presentó en su casa- se ‘limitó’ a advertirle de las supuestas fotos que se habrían filtrado de ella con Nisman y le exigió que no lo nombrara cuando fuera a declarar. Sin embargo, estimó que ello no resultaba suficiente para lograr su cometido y a los dos o tres días del primer episodio" se dirigió a la casa de una amiga de la modelo para repetirle el mensaje.

 

PROSTITUCIÓN VIP

 

Santos, quien ya estuvo detenido en dos oportunidades, fue procesado en diciembre pasado, acusado de formar parte entre 2009 y 2014 de una organización de trata transnacional que captaba a mujeres con fines de explotación sexual dedicada a la "prostitución VIP".

 

 

 

 

 

 

Allí el juez Casanello lo procesó "por haber liderado o haber formado parte entre junio de 2009 y diciembre de 2014, de forma sostenida, una organización criminal trasnacional dedicada a captar, trasladar -tanto dentro del país como desde o hacia el exterior-, acoger y recibir mujeres mayores de edad -de nacionalidad argentina y uruguaya- con fines de explotación sexual".

 

Otro hecho relevante de la resolución judicial de hoy es que el juez Casanello resolvió extraer testimonios de una presentación realizada en el expediente por la Comisión Bicameral de Control de Organismos de Inteligencia que daba cuenta de que Coccuci había sido falsamente vinculada a una supuesta alerta de atentado y así fue incluida en una precausa judicial para que la AFI pudiera espiarla.

 

A partir de esa decisión, la justicia podrá investigar como la AFI utilizó las denominadas "precausas" para hacer espionaje ilegal.

 

Con información de Telam