Pasaron casi 20 años desde la primera media sanción del proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, de autoría del bloque del Partido Demócrata Progresista. Allá por 2002 la ciudadanía, junto a organizaciones civiles, insistían en la necesidad de transparentar los actos de gobierno. De esta manera, en septiembre de 2002, desde el bloque del PDP, se presentó la iniciativa de libre acceso a la información, de toda persona física y jurídica, a los actos de gobierno de los tres poderes del Estado, sus entes descentralizados y entidades autárquicas. Se trata de un derecho humano fundamental y que se relaciona con el principio republicano de la división de poderes y la publicidad de los actos de gobierno, consagrado en el Artículo 1° de la Constitución de la Provincia. Hoy, la Cámara de Diputados, por novena vez, dio media sanción al proyecto Ley de Acceso a la Información Pública.

“Es una respuesta a inquietudes ciudadanas y busca mejorar la calidad institucional de los tres poderes de Santa Fe. El que no entiende que lo público tiene que tener este tratamiento debe dedicarse a la actividad privada. Democracia y buen gobierno, son sinónimo de transparencia y rendición de cuentas”, expresó el legislador del PDP, Gabriel Real.

Luego de las presentaciones que tuvieron media sanción por unanimidad en Diputados en 2002, 2003, 2005, 2009, 2011, 2016, 2018, 2020 el bloque provincial del PDP insistió una vez más con esta vieja demanda y se logró la media sanción en la sesión de este jueves 24.

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Insistencia de Diputados por el derecho al libre acceso a la información pública

Desde el año 2009, la Provincia de Santa Fe, a través de los Decretos 692 y 1774, cuenta con una herramienta que permite de alguna manera acercarse al ideal que se busca con este proyecto, pero no deja de ser limitado ya que solo rige para el Poder Ejecutivo y además existen barreras que no pueden ser salvadas sino a través de una ley.

“Pese a que nadie se opone, al menos públicamente, a las políticas de transparencia, la cultura del secreto y el oscurantismo está muy arraigada en ciertos sectores de la administración pública. En los hechos, no se logró la sanción definitiva porque el Senado sistemáticamente impidió el tratamiento de esta ley y por ende que la provincia cuente con una herramienta que sea amplia y sin restricciones a la hora de otorgar las respuestas a todos los planteos y requerimientos de la ciudadanía”, dijo Real.

En el proyecto sancionado, la autoridad de aplicación tiene responsabilidad política y recae sobre las cabezas de los tres poderes del Estado: Gobernador, Presidente de la Cámara de Diputados, Vicegobernadora y, en el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia. “En el orden nacional se creó un instituto similar, pero se quitó autonomía y se armó la agencia anticorrupción con la conducción de un funcionario público, que en todo caso es un militante del partido del gobierno. En definitiva, esa ley de 2016 no cambió nada”, agregó Real.

“Estamos convencidos de la importancia del proyecto y del avance legislativo que significa para Santa Fe, en la búsqueda de una consolidación definitiva de la democracia y el sistema republicano. Es necesario que la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, sindicatos de prensa y diferentes expresiones políticas se sumen al pedido de tratamiento de este proyecto en el Senado para que, de una vez por todas, la Información Pública en Santa Fe sea ley”, finalizó Real.