Por Mario Cáffaro

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Por unanimidad y por novena desde 2001 a la fecha, la Cámara de Diputados aprobó y giro al Senado, un proyecto de ley que garantiza "el derecho al libre acceso a la información pública a los fines de promover el principio de transparencia de la actividad de los órganos del Estado". "Es un orgullo insistir con un tema de transparencia" señaló Gabriel Real (PDP), autor de uno de los proyectos que se discutió en comisiones. "El acceso a la información es un derecho humano garantizado por tratados internacionales y la Constitución Nacional" afirmó Rubén Giustiniani (Igualdad) . "La unanimidad muestra la vocación de esta Cámara por la transparencia activa" recalcó Clara García (PS). Fueron las voces de la Cámara y son autores de otros tantos proyectos sobre la temática y los tres -de distinta manera- reclamaron el acompañamiento del Senado para hacer ley la temática.

"El público se renueva pero los senadores persisten en las bancas" señaló Real parafrasenado a Mirtha Legrand al iniciar su exposición. Es más, el demoprogresista prometió que montará un servicio con un marcador que anuncie días, meses del proyecto en el Senado sin tratarse. Recordó que tras la crisis del 2001, la opinión pública empezó a exigir mayor transparencia de la cuestión pública. Es de 2003 la primera aprobación en base a un proyecto del entonces diputado demoprogresista Carlos Favario.

"La transparencia no es una gracia sino un deber de los funcionarios. Estamos ante un derecho constitucional garantizado por artículos de la Constitución Nacional y tratados internacionales" acotó Giustiniani quien pidió avocamiento del Senado a la cuestión.

García, en tanto, insistió en la transparencia siguiendo los lineamientos de sus pares y no dejó de cuestionar el paso de algún ministro del Poder Ejecutivo que días atrás dijo que pedir informes es perder tiempo.

"La finalidad del acceso a la información pública es permitir y promover una efectiva participación ciudadana, a través de la provisión de información completa, adecuada, oportuna y veraz" señala el artículo 6. En cuanto a los sujetos obligados por la futura norma enumera al Poder Ejecutivo y los organismos o entes de la Administración Central; los organismos o entes descentralizados de la Administración Pública; el Poder Legislativo; el Poder Judicial; las municipalidades, sus entes autárquicos o descentralizados y las comunas; el Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público; los entes estatales autárquicos; las empresas y sociedades del Estado; las personas jurídicas públicas de carácter no estatal; las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y las organizaciones en las que el Estado tenga participación en el control de la voluntad social o en la formación de las decisiones societarias; organizaciones empresariales donde el Estado Provincial, por medio de su administración tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones; las asociaciones empresariales, sindicales y las personas jurídicas privadas que reciban subsidios o aportes creados por el Estado, en lo atinente a la utilización o actividades desarrolladas con esos subsidios o aportes; las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado; las empresas privadas que prestan servicios públicos independientemente de la modalidad jurídica adoptada o las que exploten bienes del dominio público, en relación a los servicios que prestan o la explotación que desarrollan; y, los fideicomisos total o parcialmente constituidos con recursos o bienes del Estado.

¿Acuerdo?

Diputados votó sobre tablas la norma de alivio fiscal del Poder Ejecutivo aceptando el texto remitido por el Senado y hubo discursos de Lorena Ulieldin (PS) y Fabián Bastia (UCR) considerando que debía ser más generosa la norma mientras que Ricardo Olivera (PJ) defendió el rol activo del Ejecutivo ante el coronavirus. Sin embargo, el jefe de la bancada justicialista, Leandro Busatto, agradeció el gesto de la mayoría del cuerpo de sancionar la norma y dijo que esperaba que sea el inicio de mayores coincidencias parlamentarias. Antes, la Cámara había votado una preferencia para la próxima sesión al mensaje del Poder Ejecutivo para tomar un crédito externo de mil millones de dólares para el plan de conectividad. El asunto será tratado en forma conjunta por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto.