En un contexto de desenvolvimiento condicionado (cuando no acotado) por la pandemia y las medidas de aislamiento social, el Poder Judicial a nivel nacional estuvo en el centro de la información política, por acción y efecto de la agenda del oficialismo.
 

En tal sentido, una de las cuestiones a dilucidar fue la condición, naturaleza y autoría de esa agenda, en la medida en que sus hitos coinciden, se solapan o se chocan con los enunciados del presidente Alberto Fernández y los intereses de su vice, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿se trata de una agenda bicéfala o unificada?. ¿Contiene un elemento de pretensiones de depuración de la Justicia, lisa y llanamente forma parte de un proyecto de concentración de poder, o se agota en la búsqueda de impunidad?
 

Desde su discurso inaugural del período ordinario legislativo, el 1 de marzo, el Presidente planteó como un pilar de su gestión el "mejoramiento de la Justicia", que pretendidamente se encauzaría a través del proyecto de reforma enviado al Congreso unos meses después, a finales del mes de julio y obtuvo media sanción en el Senado a fines de agosto. Ahora espera turno de tratamiento en Diputados.

 

En la Asamblea Legislativa, Fernández planteó la necesidad de un "reordenamiento de la Justicia Federal" que "evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del Derecho".

 

La lucha contra "la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico" por parte de la Justicia se sumaba a las aspiraciones del jefe de Estado y también poner fin "a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza".
 

 

Asistido por expertos
 

En el mismo mensaje, el Jefe de Estado anunció la creación de un "Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público", entre cuyos miembros (académicos de prestigio y trayectoria) se incluyó sintomáticamente al abogado de Cristina, lo que le valió al cuerpo ser (des) calificado como "la comisión Beraldi".

 

El consejo que empezó a sesionar el 18 de agosto se abocó a realizar una "descripción valorativa con especial indicación de los problemas que se observan para el correcto funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa", según dispuso el decreto 635 de conformación del organismo.

 

Después de concluir sus actividades el 18 de noviembre, y tras 25 reuniones mantenidas con representantes de entidades e instituciones relacionadas al Poder Judicial, el comité de especialistas emitió un dictamen de casi mil hojas, que fue entregado a Fernández el 10 de diciembre

 

Entre las sugerencias realizadas por el Consejo figura la sanción de una ley orgánica que regule el funcionamiento de la Corte Suprema, además de distintas alternativas sobre tribunales intermedios que podrían generarse para descongestionar de causas al máximo tribunal. Pero, contra lo que alentaban algunos sectores del kirchnerismo, no sugirió la ampliación del número de miembros.

 

Respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, se recomendó "ampliar y equilibrar" las representaciones en el organismo (fuertemente sesgado en beneficio del sector político, desde la última reforma impuesta también por el kirchnerismo), que sus miembros cumplan mandatos de cuatro años sin reelección consecutiva y que sus designaciones sean sometidas a audiencias públicas.

 

Apuntando hacia arriba

 

En tanto, la Corte quedó una y otra vez en el ojo de la tormenta (y, como consecuencia directa, en la mira del oficialismo). Primero cuando confirmó a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli en los cargos a los que los había trasladado el gobierno de Mauricio Macri, lo que les permitió entender en causas que involucran a Cristina Kirchner, y de donde el gobierno buscó desplazarlos. La ratificación fue con carácter transitorio, hasta que se designe nuevos jueces por concurso para esos tribunales, pero en la medida en que no se ajustó a las pretensiones del oficialismo, fue considerada una ofensa que demanda retribución.

 

Peor aún cuando el mismo Tribunal, y para colmo de manera unánime, rechazó hacerse cargo del pedido de liberación de Amado Boudou, el ex presidente de la Nación condenado por corrupción en la causa por la adquisición de la imprenta Ciccone, y que para el kirchnerismo es un preso político y víctima del "lawfare"; término escogido por Cristina Kirchner para denunciar una presunta persecución alentada por una entente mediático-tribunalicia, que la excusa de someterse a la Justicia (como el resto de los ciudadanos no amparado por el poder) y le permite desconocer la independencia que la Constitución le asigna.

 

Así las cosas, el balance del año se cerró con un renovado y explícito ataque del oficialismo al Poder Judicial en general y a la Corte Suprema en particular (y a cada uno de sus ministros en especial, en la proclama de Cristina), y una fuerte réplica de la oposición política y de parte de organizaciones de juristas.

 

Para la Asociación de Profesores de Derecho Constitucional, la carta pública de la vice "viola el principio de la independencia de la Justicia. Considera que el Poder Judicial es ilegítimo por no ser la Corte elegida popularmente" y "olvida o desconoce que se trata del órgano 'contramayoritario' por excelencia, para poder llevar a cabo la delicada función de control de los poderes políticos en defensa de la Constitución".

 

También se refieren al intento del oficialismo por cambiar la forma de elección del Procurador General, que al eliminar el requisito de los dos tercios permite que el oficialismo imponga a su candidato sin necesidad de respaldarlo con el consenso de las demás fuerzas políticas, a la vez que facilita el proceso de remoción.

 

Bicéfala o unificada, sometida a tironeos contradictorios o firmemente alineada y encaminada, la agenda del gobierno para el Poder Judicial se apoya en términos rimbombantes o cargados de (real) malicia, para transitar carriles que no parecen coincidir más que en parte y circunstancialmente con las necesidades de la población. Y que debilita al Estado de derecho en atención a especulaciones de coyuntura, sin siquiera preocuparse por la manera en que estas mismas reformas podrían ser utilizadas en el futuro por un gobierno opositor que, en el imaginario del peronismo, no llegará nunca.