Por Mario Cáffaro

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El presidente del bloque de diputados del Partido Socialista, Joaquín Blanco, advirtió que en la última semana dos funcionarios del gobierno de Omar Perotti "han cruzado límites de la discusión política, límites que para nosotros son intolerables". Al momento de las manifestaciones de la última sesión, el legislador salió al cruce de expresiones del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, quien habló de una Legislatura manejada por mafias, y de la Secretaria de Derechos Humanos, Lucila Puyol, quien volvió a usar la palabra narcosocialismo. Ambos se expresaron por la red social Twitter.

"No quiero seguir el juego de los agraviantes y de los que quieren hacer de la política un agravio y no una construcción", señaló luego Pablo Farías, también socialista y jefe de la bancada del Frente Progresista. 

Blanco anunció que el Partido Socialista está dispuesto a ir a la justicia ante las expresiones de Puyol mientras que pidió a sus pares analizar las expresiones de Sain porque incluye a los 50 diputados y 19 senadores elegidos por la voluntad popular. "Perotti debería tomar nota de esos hechos. Sería saludable para la provincia que haya rectificación pública de estas dos conductas. Si vale todo, le hacemos un tremendo daño al sistema democrático", añadió.

Las expresiones de Sain fueron a propósito de las dos leyes sancionadas la semana pasada por amplia mayoría en ambas cámaras y que apuntan a un mayor control de gastos reservados en el ministerio de Seguridad y a modificar el régimen de incompatibilidades para cargos en el sistema penal. Blanco saludó la polémica por los temas a las que consideró saludables para el sistema democrático si se dan en un marco de respeto por las diferencias. 

"Como Partido Socialista , como presidente de bloque, tenemos enorme preocupación por expresiones de dos funcionarios del gobierno de Omar Perotti en la red social Twitter. Enseguida habló de expresiones de Sain sobre que a la Legislatura la manejan las mafias. "Esto no tiene que ver con oficialismo - oposición, ni con una disputa ideológica o en el marco de las propuestas; tiene que ver si creemos en las instituciones, en la democracia y si respetamos la voluntad popular. Tratarnos de mafiosos a los legisladores provinciales es un límite que no podemos cruzar, un límite peligroso donde se basurean las instituciones, la actividad política y se abre el camino de la antipolítica , el descreimiento, enlodar y termina perdiendo la democracia. Más allá de la consideración del ministro y su accionar es una discusión político pero como Cámara no lo podemos dejar pasar por alto. Tendremos que evaluar en diciembre qué tipo de acción impulsamos como cuerpo. No podemos naturalizar".

Más adelante se refirió a los dichos de Puyol. Recordó que el término narcosocialismo no es un nuevo, había sido utilizado por el diputado nacional Andrés Larroque en el Congreso. "Fue repudiado por todo el arco político; creíamos que era una límite que se había pasado una vez y que habíamos entendido que este tipo de etiquetas lo único que hacen es bastardear a la política. Como Partido Socialista nos sentimos agraviados y no lo podemos justificar, ni entender. Hasta hoy  no hubo explicación pública. Es la secretaria de Derechos Humanos designada por Perotti. En la red social varios funcionarios le pusieron "me gusta" como si valiera todo en el debate de las ideas porque el propósito es destruir al otro. Nosotros no vamos en ese juego , no vamos a dejar pasar eso, no lo vamos a convalidar; vamos a recurrir a la justicia para que se repare el daño hecho. Vamos a exigir que se presente a la justicia y si tiene pruebas que las aporte, sino tendrá que rendir cuentas de las barbaridades que está diciendo Nos parece un hecho agraviante".

Repudio

El justicialista Ricardo Olivera consideró inapropiado que la Cámara vote una resolución de repudio motorizada por el Frente Progresista por el cambio de denominación de la Casa de la Cultura a Casa de los Gobernadores por la residencia de Güemes y Bulevar Gálvez en nuestra ciudad.

"Los justicialistas no repudiamos cuando otra administración -por la frentista- le cambió el nombre a la Casa de los Gobernadores como la había denominado el ex mandatario Víctor Reviglio", recordó. Garantizó que el lugar seguirá teniendo actividades culturales y llamó a discutir la política cultural y "no los barnices".

Contra la violencia política

Diputada Florito. Foto: Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados dio media sanción a la adhesión de la provincia a la ley nacional de protección Integral a las mujeres, iniciativa de Betina Florito (Somos Vida Santa Fe).

La norma nacional dictada en marzo de 2009 tiene por objeto visibilizar, prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales". Esa ley cumple con varias convenciones internacionales firmadas por la Argentina y que tienen rango constitucional.

La ley Nacional N.o 27.533 no solo modifica el concepto de violencia a fines de incluir la participación política, sino que también incorpora un nuevo tipo de violencia y define a la violencia política como "la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participaci6n política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en las asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones." 

En otro inciso habla de la violencia pública política contra las mujeres "aquella que, fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, y/o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros".

Para Florito "mientras exista violencia política, todo el sistema institucional se verá en riesgo, de manera que, adherir a esta ley y garantizar que Santa Fe se comprometa a ser una provincia sin violencia política hacia las mujeres, será una manera de contribuir desde nuestro rol como legisladores y dirigentes políticos, a la construcci6n de la sociedad mas justa e igualitaria que pretendemos".