Con duras acusaciones entre las partes, discrepancias en torno a la violencia de género y un exabrupto del imputado culminó la etapa de debate del juicio a Juan Ramón Cano por el femicidio de la docente Vanesa Soledad Castillo. Tanto la fiscalía como la querella solicitaron la pena de prisión perpetua para el acusado, mientras que la defensa reiteró la "imputabilidad disminuida" y aseguró que no se alcanzó el grado de certeza necesaria para llegar a una condena.

 

El tribunal compuesto por los magistrados Rosana Carrara -presidenta-, José Luis García Troiano y Leandro Lazzarini escuchó por más de 15 horas a las partes y a sus testigos, en las audiencias que comenzaron el lunes 14 y se extendieron durante la semana, y conforme a ello dará su veredicto el próximo 21 de septiembre a las 11.

 

 

 

 

Las fiscales Cristina Ferraro y Bárbara Ilera plantearon en su exposición que, tal como lo adelantaron en sus alegatos de apertura, se ha logrado demostrar que tanto la teoría del caso como el encuadre jurídico postulado "es el correcto" y que la responsabilidad de Cano en el femicidio fue probada con "absoluta certeza". A la docente Vanesa Castillo le arrebataron su vida el mediodía del 15 de febrero de 2018. Cano la atacó por la espalda y a traición, con una chuza de fabricación casera, provocándose 15 heridas punzocortantes. Una de ellas alcanzó la arteria aorta y el pulmón derecho, y ocasionó la muerte de "la seño" momentos más tarde en el Hospital Cullen, por un "shock hipovolémico y cardiogénico".

 

Se trató de un "homicidio calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento, y en un contexto de violencia de género (femicidio)". Para la fiscalía se corroboraron todas las agravantes. La primera por la "notable situación de indefensión" en la que se encontraba la víctima, que fue atacada de manera "sorpresiva", en una zona de "difícil acceso", y por detrás "a traición y sobreseguro". La segunda por al "brutalidad de la agresión" y la "voluntad de darle muerte" haciéndola sufrir que tuvo el imputado; de hecho uno de los testigos asemejó los gritos de la maestra al desgarrador sonido que hacen los chanchos cuando los matan.

 

 

 

 

Por último, fue "sin ninguna duda un femicidio de los denominados no íntimos". Cano "la seleccionó" por ser mujer, aprovechó la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la maestra y abusó de su "pretendida superioridad tomada de una sociedad patriarcal". La vida del imputado estuvo marcada por una clara "orientación hacia la violencia de género", en la que consideró a la mujer como un "objeto" y presentó una "obsesión" con hacerles daño, "siendo el exponente máximo la muerte de Vanesa".

 

Crimen de Estado

 

Los abogados particulares Carolina Walker Torres y Matías Pautasso representan los intereses de la familia Castillo, que desde el comienzo de la investigación decidió constituirse como querellante. Repasaron ante el tribunal la secuencia de hechos que culminó con la muerte de "la seño" e hicieron especial hincapié en las múltiples denuncias y causas abiertas contra Cano a lo largo de su vida. Su primer conflicto con la ley fue cuando tenía apenas 13 años, y de allí en más fue investigado por más de 10 hechos diferentes cuyas víctimas eran en su mayoría mujeres.

 

 

 

 

La violencia de género es un fenómeno in crescendo, que se ha agravado en Argentina hasta el punto que una mujer es asesinada cada 29 hs en nuestro país. Cano nació "en un contexto de pobreza, con un padre violento y una madre vulnerable, y tuvo un consumo problemático de estupefacientes desde muy pequeño". Además, desde chico era violento y esta conducta fue evolucionando a lo largo del tiempo. "El Estado no puede decir que desconocía" la existencia de este agresor sexual y de género, que ya había tenido conflictos con la ley.

 

Lejos de quitarle responsabilidad en el femicidio de la maestra, la querella explicó que el aumento de los hechos de violencia de género "es clara muestra de que han fallado todos los mecanismos estatales de prevención y tratamiento. El Estado crea con su desidia y su falta de políticas públicas, con su sistema penitenciario paupérrimo y su total falta de seguimiento en el cumplimiento de las penas, a estos feminicidas". "Por eso decimos que los feminicidios son crímenes de Estado". Porque el Estado abandona no solo a las mujeres, sino también a los varones y "fomenta su violencia y marginalidad" y en consecuencia "la perpetuación y agravamiento de estos crímenes de género".

 

 

 

 

"Es todo mentira"

 

El imputado debió ser retirado de la sala durante la exposición de la querella debido a dos exabruptos que tuvo, durante los cuales amenazó con atentar contra su propia vida mientras proclamaba que "es todo mentira". El defensor público Javier Casco concluyó en sus alegatos que "las pruebas producidas no han acreditado la necesaria presencia del elemento culpabilidad en la conducta de Cano", sino la existencia de una "imputabilidad disminuida". Esto debido a la presencia de cocaína y marihuana en el examen de orina realizado al imputado el día del hecho, el contexto de violencia intrafamiliar en el que se crió, la discapacidad moderada que presenta, y su trastorno de control de impulsos e inestabilidad emocional. Todo esto sumado al policonsumo de estupefacientes y la falta de contención y acceso a la educación y al trabajo digno.

 

En cuanto al agravante de violencia de género, para la defensa el mismo no quedó acreditado en el debate ya que Vanesa Castillo y Juan Ramón Cano "no se conocían", por lo que "se descarta la subordinación en una relación desigual de poder". Al finalizar la exposición Casco solicitó se brinde cuidado y protección especial a Cano a raíz de sus manifestaciones suicidas.

 

El tribunal ordenó que se custodie y preserve su integridad física. El próximo lunes darán a conocer el veredicto, debiendo resolver no sólo el grado de responsabilidad de Cano y el monto de la pena, sino también si harán lugar al pedido de la querella de que se corra vista al MPA para que investigue la posible participación de otras persona en el homicidio de Vanesa y la posible comisión de incumplimiento de sus deberes tanto por parte del primer fiscal que intervino en la investigación como por los funcionarios del Ministerio de Educación al momento del crimen.