La Campaña por la Declaración de la Emergencia en Violencia Contra las Mujeres solicitó a la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe la televisación del juicio al femicida de la docente Vanesa Castillo. El debate comenzará el próximo lunes 14 y tendrá sentado en el banquillo de los acusados a Juan Ramón Cano (33), quien meses atrás confesó que lo mandaron a “sicariar” a Vanesa.

 

El escrito fue presentado este viernes por la mañana y reúne más de 3.000 firmas de apoyo, entre las que se encuentran familiares de Castillo, concejales, diputados, docentes de Sadop y Amsafe, Ni Una Menos y múltiples organizaciones de derechos humanos de Santa Fe y de otras provincias. En el mismo remarcan que en este contexto de pandemia “la difusión por medios audiovisuales hace posible el derecho a la información en los casos de trascendencia pública que generan gran interés en la ciudadanía”.

 

 

“No vamos a poder reunirnos frente a tribunales, ni siquiera toda la familia de Vanesa va a poder estar en la sala para ver el juicio” dijo su hermana, Silvia, y destacó que la televisación del debate es la única manera de que “todos podamos ser parte”. Con las esperanzas puestas en la pena máxima solicitada para Cano -prisión perpetua- y que este declare y “diga quiénes lo mandaron, quienes fueron los actores intelectuales” del femicidio, Silvia pretende que el tribunal también señale la responsabilidad del Estado, que dejó desprotegida a la seño Vane.

 

Mensaje mafioso

 

“Para mi fue un mensaje mafioso, es muy claro” confesó. Y es que para la familia la muerte de Vanesa está ligada al abuso sexual intrafamiliar que la docente denunció en 2017, luego de que una de sus alumnas quedara embarazada. “La podrían haber matado en cualquier lado, pero lo hicieron adelante de la escuela”. “El culpable del abuso aceptó un acuerdo abreviado a 13 años antes de que pasara lo de Vanesa, y a ella la asesinaron de 13 puñaladas, es demasiada coincidencia”.

 

La diputada provincial Mercedes Meier, que acompañó la solicitud a la Corte, planteó la importancia de que esta causa marque “un antes y un después” y destacó la imperante necesidad de que “los agentes estatales que realizan este tipo de denuncias sean protegidos”, en línea con lo que plantea el escrito.

 

El femicidio de Vanesa Castillo “permitió visibilizar la necesidad de implementar una norma para la protección y asistencia de niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones de derechos y abuso sexual infantil, como así mismo la protección de las/los agentes estatales denunciantes o vehículos de los develamientos, dando origen al proyecto de ley que lleva su nombre”.

 

 

La estaba esperando

 

El tribunal de juicio estará compuesto por los jueces Rosana Carrara -presidenta-, José Luis García Troiano y Leandro Lazzarini. Las fiscales Cristina Ferraro y Barbara IIera, en línea con la querellante Carolina Walker, solicitarán la prisión perpetua para Cano como autor del “homicidio calificado por alevosía, por ensañamiento y por mediar violencia de género” de la docente.

 

Los alegatos de apertura tendrán lugar el lunes 14, tras los cuales desfilarán por tribunales los más de 70 testigos citados a declarar. El jueves serán los alegatos de clausura y se espera conocer la decisión del tribunal recién el lunes 21 de septiembre.

 

La seño Vane fue salvajemente atacada el 15 de febrero de 2018, cuando salía de su amada escuela Victoriano Montes de Alto Verde. Cano la estaba esperando, y cuando ella subió a su moto para dirigirse a su hogar, el hombre se le abalanzó, montándose en el asiento trasero del vehículo y agarrándola por el cuello, para luego asestarle múltiples puñaladas con una chuza.

 

La trasladaron al Hospital Cullen, pero la mujer había perdido demasiada sangre y no hubo manera de revertir su estado crítico. Esa tarde, Cano fue detenido en su casa, a metros de la escuela, para ser imputado por el “femicidio no íntimo” de Vanesa.

 

Expectativa y conmoción

 

La Campaña por la Declaración de la Emergencia en Violencia Contra las Mujeres es la misma que solicitó la televisación del juicio por el femicidio de Rosaía Jara. Lucila Kessler, miembro de la campaña, manifestó momentos antes de presentar el escrito que la difusión “es una herramienta que posibilita hoy seguir acompañando la lucha de Justicia por Vanesa, que esta situación de pandemia nos impide hacerlo de forma presencial. Entendemos que también ayuda a que las personas que han apoyado este pedido, con más de 3.000 firmas entre instituciones y personas individuales, puedan ver el juicio. Hay un montón de docentes y personas de la comunidad educativa que están expectantes, porque se han conmovido por el caso de Vanesa y porque han pasado por situaciones similares.

 

Vanesa Castillo era una docente que lo único que hizo fue hacer lo que dicta la ley. Ante la vulneración del derecho de una niña, lo que hizo como funcionaria del Estado y como adulta responsable fue activar el protocolo que se dicta de forma institucional, y el principal problema fue que el Estado no la amparó, no la resguardó, y por eso la situación terminó en femicidio”.