Se realizaron este martes las audiencias imputativas a los 36 detenidos acusados de participar, con diferentes roles, en asociaciones ilícitas que se dedicaban a la usura, causa por la cual el pasado viernes se realizaron numerosos allanamientos en viviendas y comercios de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé.

En total se lograron identificar a siete asociaciones de prestamistas y se imputó a 36 personas detenidas durante los operativos a los que se les imputó “asociación ilícita”, ya sea como “jefe”, “organizador” o “miembro”; también “usura”; y en otros casos “coacciones y amenazas”.

Las fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que llevaron adelante las imputaciones son Mariela Jiménez y María Laura Urquiza.

Al respecto, Jiménez explicó que de los imputados hay 17 que irán a una audiencia de medidas cautelares. Estos son en su mayoría los que revisten la calidad de “jefes” u “organizadores” de las bandas.

Asimismo, hay dos detenidos que ya acordaron la prisión preventiva.

En tanto los restantes 17 involucrados en el caso quedaron en libertad tras acordar un juicio abreviado. En este caso, se trata de aquellos que tienen la calidad de “miembro” de la asociación ilícita “ya que hacían otro tipo de tareas dentro de la organización”, explicó Jiménez.

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MODUS OPERANDI

La funcionaria del MPA repasó la mecánica que estas organizaciones tenían: “Ellos otorgaban préstamos de dinero. Generalmente iban por pequeños comercios en los barrios. Al entregarles el dinero se confeccionaba un cartón de control donde se establecían el monto y la cantidad de cuotas que debían pagar, y allí es donde empezaba la parte más difícil para quien recibía el dinero, porque el cobrador iba diariamente a percibir la cuota y si no tenía el dinero o no encontraba a la persona, empezaba la violencia verbal, física, el hostigamiento diario. Y muchas veces, al no conseguir el dinero, se llevaban bienes que estaban en la casa, como heladeras, por ejemplo”.

De la misma manera, si algún deudor se atrasaba con alguna cuota, “ese monto se volvía a refinanciar, y siempre a una tasa altamente desproporcionada a la del mercado o incluso a la que una financiera puede acordar”.

SUICIDIO

Consultada por la prensa, Jiménez recordó que “hubo un caso de una mujer que estaba embarazada de 5 meses y que dejó una carta manuscrita en la que hace referencia a que había tomado esa decisión (de quitarse la vida) porque se sentía agobiada y tenía temor por su familia, y que lo hacía para protegerlos a ellos y a sus hijos. En esa carta hizo mención a números telefónicos, dio nombres de prestadores que se hacían presentes y lo que estos le exigían”

PERITAJES Y DAMNIFICADOS

La fiscal detalló que “la investigación comenzó con unos 10 damnificados, pero la evidencia recolectada en los allanamientos permitió encontrar más firmas de personas (que recibieron préstamos) a las que se va a contactar para entrevistarlas y ver en qué situación están”.

Jiménez agregó el grupo de personas que están involucradas en este proceso judicial permitió identificar siete asociaciones ilícitas. “Es una actividad irregular en cuanto a lo que nosotros les atribuimos”, y agregó que “en algunos casos tenían otro tipo de empresa conformada que era más visible y tenía otro tipo de destino”, es decir, el comercio era de otro rubro y funcionaba como “pantalla” o “tapadera” del verdadero negocio, que era la usura.

Por último, la funcionaria judicial mencionó que “en el marco de la investigación hay mucho material recolectado en los operativos y que hay que peritar, como computadoras, tablets y teléfonos”, lo que permitirá conseguir más información sobre el funcionamiento de estas bandas.