La Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Santa Fe notificó al cierre de la semana, sobre la decisión de suspender la audiencia preliminar en la causa en la que se investigan las supuestas estafas a turistas denunciadas en 2017 y que tiene como imputados a cuatro miembros de la agencia “Maros Turismo”. El pedido de postergación de la audiencia -prevista para el próximo lunes 2 de diciembre-, lo ingresó el jueves último el abogado Federico Baridón, quien hasta ese momento tenía a su cargo la representación técnica de las implicadas Ana Isabel Felice y su hija Marcela Arévalo, dueñas de la empresa de viajes.

“Habiendo surgido diferencias inconciliables con mis defendidas, las cuales hacen imposible el ejercicio de la defensa penal en modo apropiado y acorde a derecho, vengo por el presente a renunciar a la defensa de las imputadas”, planteó Baridón por escrito; quien a su vez requirió que se notifique a la Defensa Pública para continuar con la tarea; y por ende pidió la suspensión de la inminente reunión.

Fuentes tribunalicias indicaron que apenas fue comunicada la Defensa Pública sobre el ingreso a la causa, también se pidió a la OGJ la postergación del acto, hasta tanto puedan imponerse de los 19 cuerpos de carpeta judicial.

A propósito de los motivos invocados por Baridón, el profesional ahondó que “el problema que se dio acá fue una cuestión de que esta gente ha llegado al hartazgo, están desesperadas al punto de que discutimos el tema de la prueba y no nos poníamos de acuerdo con las cosas que ellas querían que hiciera. Por eso considero que cuando la gente quiere decirle al abogado lo que hay que hacer es conveniente renunciar. No puedo estar discutiendo determinadas cosas en contra de lo que considero que es conveniente para ellas”, dijo.

Los damnificados

La causa Maros Turismo saltó a la luz pública el 2 de enero de 2017, cuando un contingente de 68 turistas que tenían programadas sus vacaciones en esa fecha a Cancún y Playa del Carmen, se agolparon en la puerta de la agencia en calle 1° de Mayo 6916. Con el correr de las semanas, el número de afectados se fue engrosando, hasta alcanzar un total de 360 damnificados, según estimaciones realizadas por la fiscalía.

La investigación, encabezada por los fiscales María Lucila Nuzzo y Omar De Pedro, tiene como principales implicadas a la titular de la agencia de viajes, Ana Isabel Felice y su hija Marcela Arévalo como administradora; pero también a la empleada Lucila “Popi” García; y la representante técnica idónea ante el Ministerio de Turismo de la Nación, Ivana Noelia Álvarez Flores. El único que no estará en un futuro juicio oral será el prestamista Miguel Ángel Correa, quien tras permanecer un año y medio en prisión preventiva firmó en diciembre de 2018, una condena en juicio abreviado de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Según la pesquisa, Correa junto con Arévalo, administraban la agencia.

Estafas reiteradas

La calificación legal en la que se encuadra el caso es la de “estafas reiteradas y falsificación de instrumento público” y la cantidad de víctimas hasta el momento ronda las 360, según informó oportunamente la oficina de prensa del MPA.

Junto con la fiscalía, la acusación la completan los grupos de querellantes, representados por las abogadas Celeste Hertelendi y Balbina Cavallieri, a cargo de un grupo mayoritario; y César Andrés Rojas y Marcelino Lago (por el estudio Hilbert).

El 17 de abril de 2017 fue presentada la acusación de la fiscalía y las querellas, y 30 meses después la Justicia citó a las partes para la audiencia preliminar, que es la instancia o etapa intermedia del proceso, en la que los actores se ponen de acuerdo en la prueba que será admitida en juicio, así como el número de testigos que serán citados a declarar y demás pormenores de cara al debate. Sin embargo el repentino cambio de defensa por parte de las principales acusadas, volvió a postergar el acto.

Millones de pesos

Uno de los puntos álgidos de la discusión está referido al monto de la estafa atribuida a Marcela Arévalo y su entorno. Si bien en un principio se habló de una suma de alrededor de 5 millones de pesos, según señaló la querellante María Celeste Roa Hertelendi, “se solicitó una pericial contable para dar con el número exacto”. El pedido está contenido “en el escrito de acusación presentado el 17 de abril de 2017”, confirmó.