El proceso oral comenzará el próximo 2 de diciembre. Decenas de testigos desfilarán por la sala. En el banquillo estará sentado el “Pipi” Borda, uno de los dos acusados del crimen (el otro era menor de edad).
Año tras año, cada aniversario de su muerte, familiares y vecinos del barrio recordaron a la “Flaca” y soltaron globos para reclamar que su caso no quede impune. Crédito: Luis Cetraro / Archivo
Marianela Brondino murió a principios de mayo de 2010 en una camilla de un sanatorio céntrico de la ciudad de Santa Fe. Agonizaba desde el 28 de abril, cuando fue víctima de un violento asalto en las calles de su barrio, Villa maría Selva. Su caso conmovió a toda la ciudad. Tenía 25 años, estudiaba, trabajaba en una panadería y tenía muchos proyectos. Anochecía cuando dos delincuentes trataron de arrebatarle su bolso y la hicieron caer de la bici. Su cabeza se rompió contra el pavimento de calle Gorostiaga, a la altura del 1900. Los médicos lucharon por días, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida. Tras casi una década, uno de los presuntos asesinos será juzgado a partir del próximo 2 de diciembre.
El crimen de Marianela estuvo al borde de la prescripción. Sólo la tenacidad de sus padres logró que el caso no se cierre y que la policía finalmente detenga a los presuntos responsables.
En el juicio oral y público, Walter Daniel “Pipi” Borda estará en el banquillo de los acusados. Su presunto cómplice se encuentra privado de la libertad, pero en el ámbito de la Justicia de Menores, porque tenía 17 años cuando ocurrió el trágico hecho.
Borda “cayó” luego de que el Gobierno ofreciera una recompensa para hallar a los culpables. Así, apareció un testigo de identidad reservada que comprometió a los imputados. No fue difícil para los investigadores encontrar al “Pipi”, estaba encerrado en la cárcel de Coronda por otra causa relacionada con drogas.
El tribunal que lo juzgará estará integrado por los jueces José García Troiano (presidente), Pablo Busaniche y Susana Luna. Ellos deberán determinar si los elementos reunidos por la fiscalía alcanzan para incriminar al “Pipi” más allá de cualquier duda razonable.
En la primera jornada se escucharán los alegatos iniciales y comenzarán a desfilar los testigos. En total, fueron citadas a declarar 43 personas.
Según está previsto, las actividades continuarán el martes 3 de diciembre y al día siguiente se ofrecerán los alegatos finales.
El Ministerio Público de la Acusación estará representado por los doctores Martín Torres y Andrés Marchi, de la Unidad Especial de Homicidios (ya adelantaron que solicitarán una pena de 20 años de prisión); en tanto, la defensa estará a cargo del doctor Héctor Tallarico.
La familia de Marianela se presentó como querellante, representada por el abogado Federico Lombardi, del Centro de Asistencia Judicial a la Víctima.
El veredicto se debería dar a conocer el viernes 6 de diciembre, a las once de la mañana, en la Sala N° 1 y los fundamentos estarían disponibles a partir del 13 de diciembre.
Agonías
La agonía de Marianela duró varios días. Murió una semana más tarde. La agonía de su padre fue bastante más larga. Falleció años después, a raíz de una dura enfermedad. La agonía de su madre todavía continúa. “Les quiero decir a todos los familiares de víctimas que no abandonen la lucha. Es dura y lenta, pero se pueden conseguir cosas. Suena presuntuoso esto, porque sé que no todas las familias tienen las posibilidades de pelear, las herramientas, la salud. Cuando uno sufre una cosa así queda totalmente destruido, enfermo, con secuelas importantes en todo aspecto. Yo no quería que muera mi hija. No pedí ser familiar de una víctima. A esto me lo impusieron. Encima, después la Justicia me impuso que yo tenía que salir a investigar. No debiera ser así, pero así es”, reflexionó Graciela Brondino tiempo atrás en estas páginas.
“Me gustaría remarcar que estoy muy satisfecha de dónde estamos llegando -agregó la mujer-, aunque nadie me va a devolver a mi hija asesinada, ni a mi marido que se murió como consecuencia de eso, esperando. Me parece que la Justicia tiene que reformular su trabajo. No es posible que la madre de una víctima tenga que estar diez años luchando y haciendo de policía, juez y fiscal; marcando errores de la causa; haciéndoles ver a los investigadores cosas que ellos no vieron”.
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