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Se llevó a cabo este miércoles la audiencia de apelación de la prisión preventiva en el denominado caso Baraldo, que tiene como condenados -en primera instancia- a un matrimonio esperancino y su hijo por el abuso sexual de un niño de su propia sangre, nieto de los primeros y sobrino del último. Durante el acto, la madre de la víctima y su actual pareja, abandonaron la sala de manera abrupta y nuevamente tendieron un manto de sospecha sobre un tribunal, en esta oportunidad integrado por los jueces Bruno Netri -presidente-, Sebastián Creus y Jorge Andrés.

Como se recordará, ya Víctor Hugo Baraldo, su esposa Nidia Noemí Morandini y el hijo de ambos, Juan Pablo Baraldo, fueron sentenciados a 18, 20 y 16 años de prisión en un juicio oral. Habían llegado al proceso en estado de libertad, pero dos días después de la condena otro tribunal determinó la prisión preventiva para los tres hasta que el fallo quede firme, luego de la revisión de la Cámara.

La defensa de los presuntos abusadores -hoy representados sólo por el doctor Eduardo Jauchen, porque su compañera de equipo Alejandra Forte renunció en las últimas horas-, apeló entonces la medida cautelar y la audiencia se desarrolló este miércoles.

Previamente, la querella, integrada por los abogados Carolina Walker Torres y Martín Risso Patrón, y la fiscalía habían presentado una petición para que se unifiquen las audiencias de apelación y se revise así en el mismo momento las cuestiones relativas a la prisión preventiva y también a las condenas.

Estos profesionales sostienen que la audiencia no debió realizarse y así lo plantearon ante los magistrados. El rechazo a su reclamo, según opinaron, no respetó el procedimiento establecido en el código.

Durante el acto, el doctor Jauchen volvió a calificar de “arbitraria” la detención de sus clientes y a sostener que no existe, en este caso, peligro de fuga alguno. Para fundamentar, recordó que los tres siempre estuvieron a disposición de la Justicia y se presentaron cada vez que fueron requeridos.

Por su parte, el fiscal Daniel Filippi y los querellantes insistieron en la importancia de que los condenados no recuperen la libertad, teniendo en cuenta que lo importante es “proteger al niño”.

“La víctima fue abusada sexualmente. Con su familia, sufrieron posteriormente graves situaciones, por amenazas, amedrentamiento, atentados. Tanto es así que las propias autoridades del Programa de Protección de Testigos de la provincia decidieron trasladar al niño y a sus padres fuera de la ciudad. Fue desarraigado. No es justo que el menor de edad tenga que vivir preso, mientras los abusadores andan por la calle”, se quejó Walker Torres.

El Tribunal tiene el plazo legal de seis días hábiles para resolver si mantiene tras las rejas a los condenados o si les otorga la libertad, hasta que el caso quede libre.