Joaquín Fidalgo

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El juicio oral por el denominado caso Baraldo, que investiga presuntos abusos sexuales cometidos en la ciudad de Esperanza por tres adultos contra un pequeño de su propia sangre está llegando a su fin. Este jueves, a lo largo de todo el día, las partes ofrecieron sus alegatos finales y la semana próxima se conocerá la sentencia.

El tribunal -que está integrado por los conjueces Jorge Luis Silva (presidente), Alfredo Martín Olivera y Néstor Darío Pereyra- logró llevar adelante con mucha solvencia un proceso por demás complejo, según reconocieron tanto la fiscalía, como la querella y la defensa. El veredicto será informado a las partes a las 17 de este lunes, según está previsto.

Como se recordará, la causa tiene como imputados a Víctor Hugo Baraldo, su esposa Norma Noemí Morandini y el hijo de ambos, Juan Pablo Baraldo, quienes están acusados de abusar sexualmente de un menor de edad de su propia familia, nieto de los primeros y sobrino del último. La denuncia fue realizada entre 2014 y 2015 por la madre de la presunta víctima. Los delitos investigados se habrían cometido en la ciudad de Esperanza, cuando el menor (que hoy es un adolescente) tenía entre 5 y 9 años. Durante casi dos meses de juicio oral, más de una veintena de testigos pasaron por el banquillo y ofrecieron sus declaraciones como prueba.

 

Este jueves, el primero en hacer uso de la palabra fue el fiscal Omar De Pedro. Tal como lo había dicho en sus alegatos de apertura, el funcionario pidió al tribunal que escuche al niño. “Estos son casos de ‘testigo único’, por lo que su palabra es lo más importante. Quiero destacar el valor de la víctima, un niño de apenas 10 años, que se animó a hablar para que no le pase lo mismo a su hermana (que hoy tiene tres años)”, manifestó De Pedro, al recordar textualmente las palabras del menor de edad que quedaron registradas en los videos de las cámara Gessel. “La valentía del niño brilla ante la insignificancia de los tres acusados”, reafirmó más tarde.

Luego hizo hincapié en la contundencia de lo declarado por los cuatro peritos psicólogos de la Defensoría del Pueblo y del Centro de Asistencia a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual (ex Comisaría de la Mujer). Fueron ellos quienes tomaron testimonio al niño (dos entrevistas previas y dos cámaras Gessel) y no dejaron dudas en cuanto a su opinión. Todos coincidieron en que el pequeño dijo la verdad al contar cómo sus familiares abusaban de él. Estos profesionales apoyaron sus conclusiones en múltiples detalles que describieron ante los conjueces.

“Ninguno de estos psicólogos y licenciados en psicología trabaja para el Ministerio Público de la Acusación. Ninguno tiene animosidad alguna contra los imputados”, aseveró el fiscal y después se preguntó: “¿Se pusieron todos de acuerdo para perjudicar a los acusados?”.

De Pedro también resaltó que hubo un “apoyo objetivo” en la causa y recordó que la médica policial María Florencia Mahuad examinó a la presunta víctima en 2014 y encontró en su cuerpo síntomas compatibles con un posible abuso sexual crónico antiguo.

Penas

Más adelante, el funcionario del MPA repasó los testigos aportados por la defensa y dijo que “todos ellos reconocieron tener intereses en que el caso se resuelva a favor de los acusados”. También le dedicó un párrafo especial a los integrantes de las Juntas Especiales de Salud Mental de la provincia que se encargaron de trazar los perfiles psicológicos de los acusados. “Su trabajo no resiste el menor análisis y vuelvo a pedir que se corra vista al Ministerio Público de la Acusación, a los tribunales de ética de los distintos colegios correspondientes y al Ministerio de Salud por la mala fe”, puntualizó.

Además, De Pedro cuestionó duramente a la perito de parte aportada por la defensa, la doctora Elena Carmen Dávoli. “Nos contó sobre todos sus antecedentes y conocimientos. Cuestionó a los peritos que entrevistaron al niño, pero no tenía idea de cómo funcionan las cámaras Gessel. Tampoco había entrevistado nunca a chicos abusados. Y reconoció que su informe tiene un claro sesgo confirmatorio”.

Después, el fiscal informó que sostenía las penas solicitadas inicialmente, de 20 años de prisión para Juan Pablo Baraldo, de 22 para Víctor Hugo Baraldo y de 25 para Nidia Noemí Morandini. “Entendemos que se probó en el juicio que los acusados tenían que cuidar del niño y se aprovecharon de eso. También se demostró la convivencia con los imputados y la violencia con la que lo hacían callar, incluso con el uso de un arma de fuego”.

Por último, De pedro solicitó al tribunal que se resuelva la prisión preventiva al fallar, teniendo en cuenta que “la pena en expectativa aumenta el peligro de fuga”.

Querella

Luego emitieron sus alegatos los abogados querellantes, Carolina Walker Torres y Marín Risso Patrón.

La doctora señaló que la madre del menor nunca tuvo un beneficio económico por hacer la denuncia. “Ella y su pareja perdieron sus trabajos y su familia. Se la trató de loca. La defensa de los imputados sólo trató de desprestigiar su palabra y la de su hijo. Fue el menor quien contó lo que había ocurrido y su madre quien lo acompañó y lo contuvo”, remarcó.

Risso Patrón, por su parte, adhirió a las penas solicitadas por el fiscal y explicó que la mayor condena es para la mujer porque era quien “orquestaba” los abusos.

Al igual que el fiscal, solicitó que se dicte la prisión preventiva de los acusados con el fallo y señaló que hay un riesgo inminente y enorme de fuga. “Pedimos que se tomen todos los recaudos”, solicitó.

Absurdo

Más tarde fue el turno de los defensores de los imputados, Eduardo Jauchen y Alejandra Forte.

“Estoy perplejo y tengo la convicción de que el tribunal también lo está. Lo dicho por las partes acusadoras es una distorsión absoluta de lo que pasó en el juicio. Creo que en los alegatos (los conjueces) se encontraron con una versión que no es la que se vio en el proceso. El niño no dijo lo que dicen los acusadores. Dijo cosas similares, pero hay una distorsión total. Ellos tenían que acreditar los hechos y no pudieron hacerlo. Es difícil acreditar los hechos, porque son inexistentes y absurdos. Lo denunciado tiene dos características evidentes: la inverosimilitud y la imposibilidad”, enfatizó el doctor Jauchen.

Luego, el abogado denunció que en el juicio se habían cometido múltiples violaciones a las garantías constitucionales de los acusados. En su opinión, las dos cámaras Gessel (prueba principal de la fiscalía) deben ser declaradas nulas, porque la fiscalía habría cometido un “error garrafal” al solicitar que las pericias fueran realizadas por personal de la Defensoría del Pueblo, un organismo que -a entender de Jauchen- no tenía competencia. “Fue una violación flagrante a la ley y se vulneró el principio republicano de la división de poderes”, sentenció.

Por otra parte, el defensor también pidió la nulidad de todo lo actuado por un presunto “ocultamiento de pruebas manifiesto”.

“Nos enteramos acá en el juicio de las entrevistas que tuvo la fiscalía con representantes de las Juntas Especiales de Salud. Nunca fueron aportados los datos de esas entrevistas”, se quejó. “Esto lleva a la nulidad de todo lo actuado”, afirmó.

Inducción

Jauchen también defendió lo declarado por sus testigos. Dijo que el doctor Guillermo Manuel del Paso, a quien definió como un “prócer de Santa Fe”, consideró imposible que el niño haya sufrido el abuso sexual de dos adultos. “No puede ser que haya pasado eso y que no se dieran cuenta sus familiares, docentes, amigos y vecinos”, señaló. De la misma manera, tildó de negligente a la doctora Mahuad.

También valoró lo actuado por las Juntas Especiales de Salud Mental de la provincia y resaltó que la psicóloga Dávoli “emitió un dictamen minucioso, de una prolijidad envidiable desde todo punto de vista”.

Justamente su colega Forte repasó cada párrafo de ese informe, en el que la profesional concluye que el niño fue inducido para que mienta.

Marco

El fiscal Omar De Pedro explicó luego que las cámaras Gessel eran realizadas por profesionales de la Defensoría del Pueblo “por un acuerdo marco firmado con anterioridad” entre las partes, lo que le daba legalidad a los actos.

En tanto, sobre el presunto “ocultamiento de prueba”, explicó: “Al igual que en el juicio, los miembros de la Junta dijeron que no tenían nada para ampliar, por lo que no hubo acto investigativo. No hubo ampliación y por lo tanto no hubo nada nuevo. No se escondió nada a la defensa”.

En el baño

Durante su alegato, la abogada querellante Carolina Walker Torres hizo referencia a un inquietante incidente que vivió en uno de los recesos, cuando fue al baño. “Se me acercó una mujer y me dijo que era de Esperanza, familiar directo de un alto funcionario, y que estaba en el juicio para tomar nota, porque las cosas no eran como se estaban diciendo. Es una persona que está en la sala”, dijo. En ese momento, el presidente del tribunal, Jorge Luis Silva, le preguntó si se sentía amenazada. “No señor juez. A esta altura nadie me va a decir lo que tengo que hacer”, le respondió la abogada.