Juliano Salierno | [email protected]

El jueves pasado se celebró en tribunales una audiencia de suspensión de juicio a prueba, en la que un joven de 20 años, ex alumno de la escuela Juan Bautista Bustos, se comprometió a pagar $ 20.000 en concepto de “recompensa simbólica” y a realizar trabajos comunitarios durante dos años, por una amenaza de bomba realizada en el ciclo lectivo 2018.

El juez Gustavo Urdiales aceptó el acuerdo presentado por la fiscal María Laura Martí, con el consentimiento del imputado Franco D., y la defensora pública Mercedes Mazzia.

El muchacho fue identificado el 26 de junio pasado por la policía, tras realizar una llamada anónima al 911, el 19 de abril último en horas de la siesta. “Hay una bomba en la escuela Bustos”, dijo, por lo que el establecimiento educativo de calle Rivadavia 2933 debió ser evacuado.

Como la causa se tramitó con el supuesto autor en libertad, la fiscal lo citó a audiencia imputativa en el MPA un mes después -el 25 de julio-, donde le atribuyó el delito de “intimidación pública”. Y el 2 de agosto solicitó que se fije audiencia para la suspensión de juicio a prueba.

El acuerdo arribado por las partes compromete a Franco D. -quien sería un ex alumno del establecimiento víctima, y a su vez tendría un familiar cursando los estudios en el mismo lugar-, a pagar una “recompensa simbólica” de $ 20.000, que estará destinada a la dirección de la Escuela Bustos o su asociación cooperadora para que “destine a fines benéficos”. La modalidad de pago establecida será de “16 cuotas mensuales y consecutivas de $ 1.250”, “que serán depositados en una cuenta del Nuevo Banco de Santa Fe abierta a tales fines”, reza el acuerdo.

Como el plazo de suspensión de juicio a prueba será de dos años, en dicho lapso el imputado se comprometió además, a efectuar tareas comunitarias tres veces por semana durante tres horas. Los trabajos -arreglo de fachadas y de herramientas escolares-, serán asignados por la Asesoría del Ministerio de Educación de la provincia, según consta en el documento suscripto.

Por último, tal como lo establece la ley, la Fiscalía puso en conocimiento a las autoridades educativas del alcance del convenio firmado, por lo cual el directivo que radicó la denuncia policial por la amenaza manifestó su conformidad con la solución del conflicto.

Enfermero

Por otra parte, dos semanas atrás, la fiscal Martí pactó otra suspensión de juicio a prueba de similares características, con un estudiante de enfermería que el año pasado realizó una amenaza de bomba a la Escuela Superior de Enfermería Rosa Carmen All.

“Puse una bomba”, dijo Blas A. al empleado de la escuela, que sin dudar llamó al 911 para activar el protocolo de evacuación y aseguramiento del edificio de calle Saavedra 2149. La comunicación fue realizada el 26 de junio de 2017, pasadas las diez de la mañana y generó un importante despliegue de fuerzas de seguridad en la zona aledaña al hospital José María Cullen. Móviles policiales de la jurisdicción, Bomberos Zapadores de la URI y ambulancias se movilizaron hasta el lugar por la falsa alarma. Hubo evacuación del edificio y corte de calles transversales, como parte del protocolo. 

Meses después, la Policía de Investigaciones logró dar con un número telefónico utilizado, que pertenecía a una amiga de Blas A. por lo que el muchacho no tuvo más alternativa que aceptar su “travesura”. El 27 de marzo de este año fue citado a audiencia imputativa por “intimidación pública”, a la que compareció acompañado de su defensor particular, el Dr. Juan José Patiño; y el 4 de junio suscribieron un acuerdo de suspensión de juicio a prueba bajo las siguientes condiciones: Blas A. se comprometió a pagar $ 20.000 en 5 cuotas consecutivas de $ 4.000, que estarán destinadas a la cooperadora o la dirección de la escuela, para la compra de insumos. A su vez, durante dos años deberá realizar trabajos de mantenimiento en un templo de la zona de Salvador del Carril y avenida General Paz, dos veces por semana. En este caso, el convenio también fue admitido en audiencia pública por el juez Urdiales.

Panadero

Por último, se aguarda fecha de audiencia para un panadero, que el 22 de mayo de este año realizó una llamada intimidatoria contra una consultora que funciona en una de las galerías de la peatonal San Martín. La fiscal Martí solicitó la suspensión de juicio a prueba el pasado 24 de agosto, tras imputarle a José María G. el delito de “intimidación pública”.

Con el consentimiento del acusado y su abogado defensor, la resolución de la causa constará de un resarcimiento económico de $ 20.000, que en este caso será destinado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia u otra entidad de bien público que se designe. El pago será en 24 cuotas sucesivas, una vez que se formalice el acuerdo ante un juez. Además, el hombre, que se dedica a la fabricación de productos de panadería, prometió proveer de pan o facturas, durante dos años, a un comedor comunitario de Santa Fe o Santo Tomé a designar al momento de la realización de la audiencia. 

“Van a volar en pedazos” habría dicho el hombre al teléfono de una consultora, ubicada en la galería Rawigo de peatonal San Martín 2047. La amenaza se concretó minutos antes de las siete de la tarde del 22 de mayo y como consecuencia se debieron evacuar los locales del complejo comercial y alertar a los vecinos del edificio que se encuentra en las mismas instalaciones.

Siete mayores

En total, desde que se inició el fenómeno de las amenazas de bombas el año pasado, dirigido especialmente a escuelas, pero que también estuvo orientado a otras instituciones, la fiscal María Laura Martí logró identificar a siete personas mayores de edad, dos de las cuales resolvieron su situación legal con suspensiones de juicio a prueba y un tercero va en ese camino. Asimismo, en muchos otros casos se logró determinar el origen de la llamada, pero al ser sus autores menores de edad, la fiscalía deriva las actuaciones al Juzgado de Menores competente.

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De las numerosas denuncias por amenazas de bomba de los últimos años, las más llamativas fueron las que sufrió el edificio de la Empresa Provincial de la Energía de bulevar Pellegrini 2626. Según la crónica policial de la época, el viernes 2 de junio de 2017 fue detenido Gabriel S. en la casa de su abuela, en calle República de Siria al 3900 de barrio Candioti. Según se dijo entonces, el joven de 30 años, estudiante de Medicina, hacía las llamadas para “molestar” a su ex novia, que trabajaba en ese lugar.

Personal de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) estableció que las comunicaciones se hacían tanto desde su teléfono celular, como desde el de su abuela y estaban dirigidas a la Central de Emergencias 911 como al edificio de la EPE.

La investigación, a cargo de la fiscal María Laura Martí, comenzó con una llamada del 29 de diciembre de 2016 y concluyó con la detención de mediados de 2017. La imputación fue por intimidación pública (8 hechos) y amenazas calificadas (1 hecho) y además de la EPE estuvo dirigida contra Cablevisión.

Hubo un intento por parte de la fiscalía para alcanzar una alternativa a la solución del conflicto, pero el imputado se negó a pagar cualquier suma de dinero para resarcir a las víctimas, ni a realizar trabajos comunitarios. Por ese motivo, el 16 de agosto se realizó la audiencia de “acusación y audiencia preliminar”, a cargo del juez penal Sergio Carraro, por lo que la causa se encamina a juicio oral.