El Litoral
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Los abogados de Lucila García y Miguel Ángel Correa, dos de los cinco imputados por las estafas reiteradas atribuidas a la agencia de viajes y turismo Maros, solicitaron hoy la libertad para sus pupilos, al considerar que se encuentran vencidos los plazos de la prisión preventiva impuesta por la Justicia.

Los planteos fueron formulados esta mañana tras cumplirse un mes desde que la Cámara de Apelación Penal ordenara que la causa sea elevación a juicio en ese lapso. 

Finalmente, el juez de la IPP Jorge Patrizi resolvió este mediodía concederle la libertad provisional a Lucila García y Miguel Ángel Correa, tal como lo solicitaran ambas defensas. La noticia la confirmó el abogado de García, el Dr. Germán Corazza, quien por estas horas estaba siendo notificado por la Oficina de Gestión Judicial.

El planteo surge por haberse “vencido el plazo clara y concretamente determinado en la resolución de la Cámara de Apelaciones sin que la presente causa haya sido elevada a juicio”. La referencia remite al fallo del camarista Roberto Reyes, que el jueves 16 de marzo confirmó la prisión preventiva solicitada para Correa y García, aunque emplazó a los fiscales Omar De Pedro y María Lucila Nuzzo para que en el término de un mes eleven la causas a juicio oral.

La estafa

A consideración de la defensa de García la justicia “debe automáticamente y de inmediato otorgar la libertad a nuestra representada”. “Popi”, la joven empleada de la agencia que debió cerrar sus puertas el pasado 2 de enero, se encuentra privada de su libertad desde el 18 de enero, como partícipe necesaria de los delitos de “estafa” y “falsificación de documento” reiterados.

La causa que se inició el mismo día del cierre, cuando un grupo de clientes que debía partir rumbo a Cancún y playa del Cármen al día siguiente se concentraron en la puerta del local de calle 1° de Mayo 6916.

Con el correr de las horas comenzaron a sumarse víctimas, por viajes no realizados, por servicios que no se correspondían con lo contratado o por el directo desapoderamiento de dinero para utilizarlo con otros fines que no eran lo convenido con los clientes. Todo ello permitió a la fiscalía evaluar el daño patrimonial en más de cinco millones de pesos, según las primeras estimacdiones. 

Como responsables de la maniobra fue detenida Marcela Arévalo, su madre Ana Felice y Miguel Ángel Correa, los tres como coautores del delito de “estafas reiteradas ” y “falsificación de documento”. De los tres Felice es la única que permanece en prisión domiciliaria por su edad avanzada. Además, fue imputada por los mismos delitos la habilitada Ivana Noelia Álvarez Flores, aunque atraviesa el proceso en libertad.

“Debe ejecutarse”

En cuanto al caso de García, los abogados Jauchen y Corazza sostuvieron que la resolución de Cámara “no fue controvertida por ninguna de las partes, por lo que al estar firme y cumplidos los plazos, sólo debe ejecutarse”.

Según su interpretación “el plazo se computa desde la fecha del dictado de la resolución de la Cámara (16 de marzo 2017)”, por lo que entienden que “el plazo venció a las 24 horas del 16 de abril del 2017”, es decir anoche.

“Demás está destacar que no existe ninguna otra forma de computar dicho plazo, siendo además esta la única interpretación jurídicamente correcta” y que “cumple con la intención que ha tenido la Cámara de Apelaciones”, ahondaron.

“Surge de la causa, que ha vencido el plazo establecido por la Cámara” para que la causa sea elevada a juicio “y aún no se ha dictado dicha resolución, por lo que se ha cumplido el límite de plazo máximo”, reiteraron.

Fuentes tribunalicias confirmaron que los abogados Abel Bay y María Eugenia Cogliano también realizaron la presentación correspondiente, a los fines de conseguir la libertad de su pupilo, el prestamista Miguel Ángel Correa.