El Litoral
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El lunes 17 de abril vence el plazo que concedió la Cámara de Apelación Penal para que el Ministerio Público de la Acusación y las querellas formulen la acusación y eleven a juicio la causa por las estafas atribuidas a la agencia de viajes y turismo Maros. Previamente, fiscalía y querella pretenden mantener una reunión con los 246 damnificados, para informarles en qué estado se encuentra el proceso y cuáles serán los pasos a seguir.

En tal sentido, la abogada querellante Celeste Roa Hertelendi, informó que el encuentro será este lunes 10 de abril en las instalaciones del Ministerio Público de la Acusación -1° de Mayo 2820-. “Convocamos a los damnificados de la estafa de Maros a una reunión de carácter informativa en la fiscalía”, en la que “pretendemos que estén todos”, dijo la profesional. Por cuestiones de organización y comodidad de los interesados, el Ministerio Público de la Acusación estableció dos horarios para mantener las reuniones, la primera a las 13 y la última a las 20.

“La idea de la fiscalía es informar el estado de la causa, porque el 17 de abril hay que presentar la acusación, según el plazo que nos puso la Cámara Penal”, de lo contrario los imputados quedarían en libertad, amplió la entrevistada.

La charla estará a cargo de los fiscales Omar de Pedro y María Lucila Nuzzo, que llevan adelante la investigación; y se espera la presencia de los abogados querellantes César Andrés Rojas, Marcelino Lago, Balbina Cavallieri y Celeste Roa Hertelendi.

Un mes de plazo

El 16 de marzo la Cámara de Apelación Penal de Santa Fe confirmó la prisión preventiva para los imputados Miguel Ángel Correa y Lucila “Popi” García, dos de los cinco implicados en la causa. Luego de la audiencia de apelación de la prisión preventiva, el juez de cámara Roberto Reyes resolvió “rechazar las nulidades” y “el cambio de calificación legal” planteados por los abogados defensores, con la particularidad que emplazó al MPA para que la causa sea elevada a juicio en los próximos treinta días, de lo contrario se dispondrá el cese de prisión.

Si bien la apelación se refirió expresamente a Correa y García, “cualquier mejora en la situación procesal de los imputados alcanzaría a los demás”, explicó la querellante, en referencia al resto de las involucradas. Cabe recordar que también se encuentran imputadas las dueñas de la agencia, Marcela Arévalo y su madre Ana Isabel Felice, las cuales permanecen en prisión, común la primera y domiciliaria la segunda. Y la representante técnica idónea Ivana Álvarez Flores, atraviesa el proceso en libertad, como partícipe principal de estafa y falsificación de documento reiterados.

Reclamo patrimonial

“Agilizar los tiempos y completar la investigación” fue el mandato del camarista Reyes, que puso como plazo máximo “un mes a partir de la fecha de esta resolución (16 de marzo), transcurrido el cual, si el fiscal no solicita la elevación de la causa a juicio, las cautelares cesarán de pleno derecho”.

A propósito del acortamiento de plazos la querellante Roa Hertelendi dijo que “estamos haciendo las medidas de prueba que quedaron pendientes”, pero que ello no perjudicó para nada el devenir de la causa, “porque lo único que aprontamos son las pericias que no se estaban realizando”.

Si bien “todavía no está definida la pena” que van a solicitar en un futuro juicio oral, sí adelantó que se van a hacer varios reclamos de contenido patrimonial, no sólo a los implicados, sino que “vamos a reclamar al municipio, la provincia y la nación por la falta de supervisión y controles de la agencia Maros, de a cuerdo a la competencia de cada uno de ellos”.

También irán “contra los mayoristas” de paquetes turísticos “porque gran parte de la documentación adulterada no está controlada”, entre las que se destacan “las falsificaciones de firmas y autorizaciones falsas”, destacó la abogada.

Viaje suspendido

El caso se inició el 2 de enero, cuando un grupo de personas se comenzó a agolpar frente al local de calle 1º de Mayo 6916, donde funcionaba la agencia de viajes y turismo Maros. Era por la estafa a un contingente de 68 personas que tenían programado un viaje a Cancún y Playa del Carmen con fecha de partida al día siguiente. A medida que fue avanzando la investigación la fiscalía estableció que la estafa rondaba un monto cercano a los 5 millones de pesos y que los damnificados serían 246, por lo que solicitaron la prisión preventiva, primero para Arévalo, Felice y Correa y días después para García.