De la Redacción de El Litoral

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El juez penal en feria Sergio Carraro convirtió ayer en prisión preventiva la detención que venía sufriendo desde la semana pasada Lucila García, la empleada de la agencia de viajes y turismo Maros. La joven de 24 años, conocida por el apodo de “Popi”, está imputada como partícipe necesaria de los delitos de “estafa” y “falsificación de documento” reiterados.

 

El cierre o bloqueo de cuentas en redes sociales, sumado a su presencia en la agencia de calle 1° de Mayo 6916 los días posteriores a que se desatara el conflicto con un grupo de clientes que debía viajar a México el 3 de enero, fueron algunos de los elementos ofrecidos por el Ministerio Público de la Acusación y las cuatro querellas -César Andrés Rojas, Marcelino Lago, Balbina Cavallieri y Celeste Roa Hertelendi- para solicitar al juez la imposición de la medida cautelar más gravosa.

Contradicción

 

“Dentro del material probatorio que presentamos hablamos del entorpecimiento de la causa, porque ella (por García) se comunicaba con distintas personas para cerrar los perfiles de redes sociales” como Facebook e Instagram, señaló la abogada querellante Celeste Roa Hertelendi, quien representa a un grupo de damnificados.

 

Además, “presentamos testimoniales que la ubican el 29 de diciembre en la agencia siendo que ella dijo en la audiencia imputativa que el 28 de diciembre había renunciado y que le debían dos meses de sueldo”.

 

 

En cambio, “numerosos testigos -gente que fue a pagar, a buscar vauchers o fichas médicas- la ubican trabajando en la agencia el 29 y 30 de diciembre, e incluso el 1° de enero”, refirió la profesional.

 

Video clave

 

Pero sin dudas fue la incorporación de un video y la declaración de dos empleados de los operadores mayoristas con los que comerciaba la agencia, lo que finalmente convencieron al juez del rol privilegiado que cumplía la mujer en la maniobra ilegal.

 

Mientras los abogados defensores Germán Corazza y Juan Aguilar se preguntaron qué conocimiento podía tener una empleada de las operatorias comerciales de la firma y en tal caso que injerencia tenía sobre el manejo del dinero, la parte acusadora sacó a relucir un video tomado por las cámaras de seguridad del Banco Macro de Aristóbulo del Valle y avenida Galicia.

 

“Presentamos un video del 28 de diciembre, en el que se la ve a García con Ana Felice -dueña de Maros y detenida con domiciliaria- extrayendo una fuerte suma de dinero por cajero”, relató la entrevistada. Aunque no pudo precisarse la cifra, dada la cantidad de fajos recibidos se estima que retiraron unos $ 150.000.

 

Firmas falsas

 

Como corolario del cúmulo de pruebas, fiscalía y querella informaron de dos testigos que el viernes y sábado declararon en las oficinas del MPA. Se trata de sendos empleados de las empresas Chasmatur y Sigaturismo, operadores mayoristas de viajes, que previo a que el conflicto se hiciera público advirtieron firmas falsas en autorizaciones de tarjetas de crédito de clientes.

 

“Los testigos que perciben las firmas adulteradas van a reclamar a Maros y son recibidos por García, que primero dice que eran firmas reales, hasta que reconoce que eran falsas y ella misma las hacía”, destacó la abogada.

 

Como si fuera poco, aportaron medio centenar de e-mails que se enviaban con García, en los que se pone de manifiesto que no sólo era una simple empleada, sino que además “tomaba decisiones, manejaba el dinero y las cuentas” de la empresa.

 

Por último, se cree que García tenía un beneficio patrimonial directo con este proceder, porque “lo que hacía con las tarjetas de terceros era imputar pagos de otros viajes e incluso pagar sus propios viajes”.

 

Es decir que “ella como coordinadora abonaba los viajes con las tarjetas de los clientes, nos lo pagaba ni ella ni la agencia”, resaltó la querellante.

 

Madrina

 

Lucila “Popi” García no era una simple empleada. Así lo determinaron los investigadores al detectar la relación “familiar” existente con Marcela Arévalo y Ana Felice, dos de las principales imputadas.

 

Según datos aportados por la Parroquia San Roque “García es madrina de una de las hijas de Arévalo” y esto surge de una foto de Facebook -que luego fue borrada-, donde se la ve participando de la ceremonia religiosa junto al grupo familiar de sus empleadoras. Ante dicha evidencia el MPA dirigió un oficio a la parroquia de Lavalle al 5200 para que aporte los certificados, que no hacen otra cosa que confirmar la sospecha.

 

Cinco imputados, cuatro detenidos

Cinco personas fueron imputadas hasta el momento por las estafas presuntamente cometidas por la agencia Maros, de las cuales cuatro permanecen privadas de la libertad por decisión judicial.

Marcela Arévalo, su madre Ana Felice y el prestamista Miguel Ángel Correa, fueron los primeros en quedar detenidos, el 2 de enero, cuando un grupo de personas se agolpó frente a la agencia al enterarse que no iban a poder viajar porque la empresa no había cumplido con los contratos. Un contingente de 68 personas debía embarcarse rumbo a Cancún y Playa del Carmen el 3 de enero, pero la agencia no les entregó los vauchers.

 

Con el correr de las horas, a ese primer grupo de damnificados se sumaron cientos de santafesinos que también habían contratado viajes nacionales e internacionales para fechas posteriores, que tampoco se van a realizar porque la empresa presentó la quiebra el último día hábil antes del inicio de la feria judicial.

 

El martes pasado, en estado de libertad, fue imputada como partícipe principal de los mismos delitos -estafa y falsificación de documento reiterados-, la representate técnica idónea Ivana Álvarez Flores, la cual tiene su propio emprendimiento funcionando en la ciudad de Esperanza. En su caso, el fiscal Omar De Pedro no consideró oportuno su encarcelamiento y dispuso que continúe el proceso en libertad.

 

Por último, el miércoles de la semana pasada, cuando estaba por librarse la orden de captura para la empleada Lucila García, ésta se presenta ante el MPA junto con sus abogados, por lo que quedó inmediatamente detenida para ser llevada a audiencia.