Joaquín Fidalgo
[email protected]

Los tres detenidos por el escándalo de la agencia de turismo Maros fueron imputados de graves delitos ayer por la tarde, en los tribunales de nuestra ciudad, en una audiencia presidida por la jueza Susana Luna. El martes se definirá si Marcela Arévalo, su madre Ana Felice y Miguel Ángel Correa seguirán con prisión preventiva durante el proceso.

Como se recordará, el caso se hizo público cuando un contingente de 68 personas que debían viajar a México a principio de año se enteró, el día antes, de que el viaje se suspendía. En la agencia les dijeron que habían sido estafados por un mayorista extranjero, pero en realidad los responsables de la empresa no habían realizado pago alguno. El dinero se había esfumado. Con el correr de las horas, se conocieron más damnificados que debían viajar en otras fechas o que incluso acababan de abandonar el país.

“Pudimos determinar al menos 160 casos, aunque este listado no está totalmente actualizado. Mientras preparábamos la audiencia, se seguían presentando en la Policía de Investigaciones ciudadanos que fueron víctimas de maniobras similares de esta gente. Hay cosas que no puedo adelantar, pero entendemos que acá no solamente hay una maniobra en la que no se cumplía con los viajes. Eso sería simplemente incumplimiento contractual. Tal vez inmoral. La gente protestaría, pero hay jurisprudencia al respecto en donde sabemos que no pasaría de eso. Acá hay otra cuestión. Nosotros les atribuimos falsificación de firmas en cierta documentación. Mucho no puedo adelantar, porque hay pruebas en proceso, como por ejemplo la revisión de teléfonos celulares, informes de bancos, etcétera. Incluso cuando veníamos para la audiencia, nos llamaban los técnicos por nuevos elementos que hallaron y que necesitan analizarse muy detenidamente. No descartamos que en los próximos días podamos ampliar la acusación”, explicó el fiscal Omar De Pedro.

“Por cuestiones de tiempo -agregó- no se pudieron resolver cuestiones para que las víctimas se presenten como querellantes. Mi intención es que sus abogados se sienten junto a nosotros en la audiencia. Igualmente, estuvieron entre el público, para controlar, de alguna manera”.

Sobre los roles que cumplía cada acusado en la agencia, el funcionario señaló: “Lo planteamos como una maniobra en la que cada uno cumplía una parte de la tarea. En esta parte de la investigación, es difícil determinar cuál era el rol de cada uno”.

Mecanismo aceitado

A su turno, María Lucila Nuzzo destacó que la agencia se presentó a concurso de acreedores el 29 de diciembre del año pasado, el último día hábil antes de la feria judicial. “Evidentemente, la situación de la empresa venía complicada desde hace días”, señaló.

No obstante, los responsables de la agencia Maros siguieron recibiendo pagos hasta último momento.
“Hay una denuncia por la cual un grupo de chicos que viajaron el 2 de enero, tenían el check in en el hotel el 3 y el check out el 4. Sólo tenían pagada una noche de las siete que habían contratado. En ese contingente había menores de edad que viajaron solas”, manifestó.

Sobre el monto al que ascendería la estafa, Nuzzo puntualizó: “Se trata en su gran mayoría de viajes al exterior. En promedio, cada persona pagó entre 2.000 y 2.500 dólares. Si hasta el momento, sabemos de 160 casos, entendemos que es una suma considerable (aproximadamente entre 5 y 6 millones de pesos)”.

“Esta gente usaba las tarjetas de crédito de nuevos clientes para pagar los viajes más urgentes. Era un mecanismo aceitado para ir cubriendo el faltante de flujo de dinero. Por eso nosotros entendemos que no sólo hubo incumplimiento contractual. Era una maniobra muy elaborada”, concluyó.

Buena fe

Con respecto a la pena posible para los acusados, el fiscal De Pedro explicó: “Sin lugar a dudas, solicitaremos una pena de muchos años y de prisión efectiva. Acá está en juego la buena fe de la gente. Por eso, el caso causa tanta indignación. No es sólo por el delito en sí. Esto tiene un cariz social, que habla de cómo nos movemos en la sociedad. Acá fue violada la buena fe de gente que hizo sacrificios para contratar un viaje, que puede parecer algo superfluo, pero no lo es. En la charla comprobamos que para muchísimos de estos damnificados era algo sumamente importante, ya sea por el valor económico o por otro motivo muy especial”.

“Vivimos en Argentina”

A su turno, el abogado Luis Hilbert, quien representa a decenas de damnificados, estimó que “por las pruebas que nuestros clientes aportaron y por otras con las que cuenta la fiscalía, la imputación se va a ampliar a asociación ilícita. Hay muchísimos elementos”.

Al ser consultado sobre cómo podía funcionar una agencia en estas condiciones, respondió: “Vivimos en Argentina. Este tipo de sociedades están bajo control estatal, pero es imposible controlarlas. No se puede saber siquiera la cantidad de víctimas. Hoy no sólo tenemos clientes a los que les han sacado plata o se quedaron sin viajar. Hay otros que tal vez viajaron, pero en vez de una semana tenían pagos tres días, o que teóricamente tenían todo incluido y al llegar sólo se encontraron con el desayuno, o que iban a un hotel de cinco estrellas, pero terminaron en uno de dos. Hay abundante documentación y vamos a bregar para que se dicte la prisión preventiva contra los acusados”.

Los detenidos fueron consultados por la jueza sobre a qué se dedicaba cada uno. Marcela Arévalo reconoció entonces que “hasta hace unos días, tenía una agencia de viajes”. Su madre, Ana Felice, dijo que era jubilada y que de vez en cuando hacía algún trabajo de marroquinería, o de costura, a pedido. Por último, Miguel Ángel Correa, se limitó a expresar: “Yo trabajo por mi cuenta”.