Por Luis Rodrigo

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Un proyecto de comunicación del bloque radical y las manifestaciones de los senadores en el recinto señalaron un problema para los hospitales públicos provinciales que hasta ahora no figuraba en la agenda informativa santafesina: crecientes deudas por prestaciones médicas por parte de la obra social Pami.

El tema llegó al recinto porque Lisandro Enrico (UCR-General López) advirtió que tan solo en el departamento que representa existen unos 4 millones de pesos en rojo, una cifra que -aunque exigua frente a los presupuestos del sector público- ya preocupa a los efectores de la salud porque recuerdan que ocho años atrás sufrieron un proceso similar que terminó con montos que significaron un dolor de cabeza para sus números.

La comunicción del bloque radical dirigida a la presidencia de cuerpo incluye un pedido a la vicegobernadora Alejandra Rodenas para que como titular de la Cámara alta pida una reunión con las autoridades del Programa de Atención Médica Integral para Jubilados y Pensionados.

A las quejas de Enrico se sumaron las de otros senadores que advirtieron que un panorama similar se observa en los hospitales y los Samco de los departamentos que representan. La cifra total de lo adeudado es por ahora desconocida, pero en el Senado se comienzan a hacer cuentas basadas en los parciales que trae cada legislador. Tan solo en las localidades de Santa Isabel y Hughes, en el departamento General Lopez, el total impago del Pami es de $ 3.412.762 y $ 562.465, respectivamente.

"Resulta muy importante que la Obra Social Programa de Atención Médica Integral -PAMI- tenga en cuenta que estos Samcos prestan actualmente servicios de mucha relevancia para los adultos mayores de nuestra región, entre los cuales se encuentran internaciones crónicas y asistencia integral y para los cuales deben contar entre sus empleados con personal calificado para tales fines, por lo que la eventual interrupción o corte de estos servicios implicaría un total abandono de persona imputable a la responsabilidad de la Obra Social por su falta de pago", dice el texto aprobado.

Por otra parte, indica que "las Juntas Ejecutivas de los Samcos realizan las pertinentes gestiones administrativas a fin de reclamar las sumas adeudadas, pero a la fecha no han obtenido respuesta alguna". Y agrega: "la situación descripta se vio profundizada y agravada dado por la situación de pandemia que venimos atravesando hace ya casi dos años, por la cual la demanda de asistencia de salud se ha incrementado de manera exponencial y para lo cual a estos Hospitales les urge contar con este enorme flujo de dinero".

Por otra parte, el Senado pidió a la Casa Gris las "gestiones necesarias ante el Congreso Nacional a los efectos de hacer conocer la preocupación por el recorte presupuestario que sufrirá la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares" y adhirió a "la campaña de la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) para la derogación del artículo 4° de la Ley 27.432; y acompañar la sanción del Proyecto de Ley 3823-D-2021".

El texto fue propuesto por el presidente provisional de la Cámara Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias) y aprobado por unanimidad con la adhesión de firmas de otros senadores que han recibido la misma inquietud en sus departamentos. A Pirola nuevamente le tocó presidir la sesión y explicó que debido a una norma aprobada en 2017 en el Congreso se han puesto límites a los recursos que históricamente reciben las bibliotecas populares de todo el país.

Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) se sumó a la iniciativa y recordó que por estos días esas entidades de bien público intentan llevar a cabo sus habituales compras en la Feria del Libro.