Una pregunta del senador Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) al fiscal general Jorge Baclini creó un momento de tensión, en medio del intercambio de opiniones (en varios casos contradictorias) que siguió a la exposición del titular del Ministerio Público de la Acusación, en su visita a la Legislatura del miércoles 4.

 

En el recinto del Senado había solo 15 legisladores presentes de los 19 senadores y los 50 diputados, tal vez una decena de asesores de los bloques y unos pocos cronistas parlamentarios que tomaron nota y grabaron lo ocurrido. Pero también estaba el cuerpo de taquígrafos haciendo su trabajo, como el resto del personal de Cámara.

 

La pregunta del jefe del bloque Juan Domingo Perón expuso la compra directa (sin licitación) que el MPA hizo por 53.000 dólares, autorizada en diciembre de 2020.

 

Traferri es el senador que opina que hay "una persecución" en su contra por parte de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, a los ha acusado de haber cometido faltas graves en su desempeño ante la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa. Desde temprano, en cuanto llegó Baclini al Palacio Legislativo las miradas estaban puestas sobre el legislador porque se pensaba que podía decir algo de lo que, desde su banca como senador, ha expresado sobre ambos.

 

 

Traferri cerró el breve diálogo que mantuvo con Baclini con una expresión que rebotó entre las bancas de los legisladores que, en algunos casos, ya reunían sus pertenencias para terminar la reunión pasadas las 13 horas: "queríamos saber, nada más", dijo el senador.

 

Primero le preguntó a Baclini si él había firmado una resolución por la que se compraron equipos a una empresa israelí, a través de un proveedor en el país, sin compulsa previa con otros potenciales oferentes, para contar con la licencia que el Organismo de Investigaciones del MPA necesita para destrabar teléfonos celulares, entre otras labores.

 

Fue una de las pocas preguntas en las que Bacllini fue asistido por sus colaboradores directos y asesores que, en semicírculo paralelo a la disposición de las bancas, siguieron atentamente el informe.

 

El jefe de los fiscales aseguró que esa firma es la única que puede proveer esa tecnología (en rigor se trata de una licencia para su uso, que fue pagada por un año).

 

- "¿Es la misma empresa que se le iban a comprar las armas?", replicó Traferri.

 

- "Sí, así es. Está todo documentado perfectamente", respondió Baclini.

 

Nadie lo dijo pero estuvo claro para todos que se hablaba de la empresa a la que presuntamente iba a beneficiarse desde la Casa Gris con una licitación, cuyo pliego es hoy objeto de una investigación judicial, en la que ya ha sido imputado el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

 

El otro elemento que se debe tener presente al leer la resolución es que por entonces Sain, al mismo tiempo que funcionario del Poder Ejecutivo, mantenía su cargo en el Poder Judicial como director del Organismo de Investigaciones (en uso de una polémica licencia concedida por Baclini y luego aceptada por la Corte).

 

El legislador aprovechó la instancia anual en la que el Ministerio Público de la Acusación debe dar cuenta de su labor a la Legislatura, para exponer públicamente la resolución 469 del 2 de diciembre de 2020.

 

 

Los considerandos indican que se hizo la adquisición a la firma "Emprendimientos Grupo Patagónico SRL" por ser, según el MPA, "el representante exclusivo en Argentina de la firma 'RUSOLUT'". El mismo argumento brindó Baclini en su respuesta Traferri.

 

En la resolución se indica textualmente que "el Director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación solicita la adquisición de este tipo de software informático para poder realizar extracción forense de dispositivos móviles".

 

Que "la licencia corresponde a los siguientes kits: Visual Nand Reconstructor Starter Kit, Visual Nand Reconstructor Smartphone Kit, Visual Nand Reconstructor Chinese Smartphone Kit y eMMC Nand Reconstructor Full Edition, todos de la empresa Rusolut".

 

Que "el Director de Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica del Ministerio informa que no existen observaciones a realizar, por lo que se recomienda proceder a la compra".

 

El artículo primero, que modifica el presupuesto vigente, e indica el monto en pesos para poder usar durante un año esa licencia, indica que su costo es de 53 mil dólares.

 

Auditoría interna en "situación crítica"

 

El senador Armando Traferri dijo que está "convencido de dar el debate" sobre los sistemas de control de los fiscales, ante las críticas que el fiscal general Jorge Baclini formuló al sistema vigente, que reserva al Poder Legislativo un proceso político para juzgar las faltas graves de fiscales y defensores.

 

Traferri recordó que es el autor de la ley que creó el Organismo de Investigaciones y comentó que en rigor buena parte del contenido de la norma le pertenece a Baclini que, "cuando era fiscal regional de Rosario", colaboró con el senador en la redacción de la norma. "Usted es en realidad más autor que yo", graficó el sanlorencino al agradecerle aquella labor.

 

Paso siguiente pidió más presupuesto para el área de auditoría interna del MPA, a cargo de María Cecilia Vranicich. Traferri casi le pidió a Baclini que de su opinión sobre el informe interno que describe la "crítica" situación de esa instancia de control dentro del órgano acusatorio.

 

"Tiene muy pocas herramientas para poder llevar adelante como corresponde su función", dijo el senador.

 

"Lo hemos hablado internamente con la Dra. Vranicich y coincidimos es una situación crítica, como es crítica la situación del MPA, en términos de recursos", respondió Baclini.

 

Cuando enumeró las medidas tomadas para que en el corto plazo haya "pasantes y contratados" que refuercen la planta bajo las órdenes de la auditora, Traferri lo interrumpió: "a eso lo conocemos y con esas 12 incorporaciones vamos a estar cubriendo apenas un 40% de las necesidades de recursos humanos para el control interno del MPA".

 

Baclini se mostró de acuerdo con la necesidad de reforzar a esa instancia dentro del órgano acusatorio.