Por Ignacio Hintermeister

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Axel Kicillof sonrió para la foto. Lo hizo junto al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, celebrando los $ 359 millones para una estación transformadora que los impuestos de todo el país pagan a los bonaerenses. Los cruzados cristinistas son los mismos que defienden los privilegios de los subsidios en tarifas energéticas para el Área Metropolitana Gran Buenos Aires (Amba), de los que -junto a los del transporte- se quejó Omar Perotti en su discurso del 1 de Mayo.

Malena Galmarini también posó para la foto, justo en medio de Máximo y Axel. La esposa de Sergio Massa maneja la empresa de aguas y cloacas Aysa; recibió en 2021 de la Casa Rosada $ 124.399 millones que van preferencialmente al servicio de los privilegios kirchneristas en distritos subnacionales con financiamiento de todos los argentinos. Tenía asignados otros $ 146 mil millones en el fallido presupuesto nacional de 2022. Lleva embolsados más de $ 17 mil millones de transferencias de la Casa Rosada, en los tres primeros meses del año.

Durante 2021, los decretos sobre coparticipación de Alberto Fernández le restaron a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, $ 111.982 millones que fueron a los bolsillos bonaerenses por razones de seguridad. En Santa Fe se achica la renovada promesa nacional de Gendarmes que no terminan de llegar, mientras el fundador de “Los Monos”, el viejo Cantero, tiene en su casa de Rosario, planes de asistencia administrados por su esposa.

La provincia no necesita la “ayuda” nacional; el delito narco es federal y el Estado nacional es cómplice -cuanto menos- por ausencia y abandono. La presencia de jueces de todo el país y del pleno de la Corte Suprema nacional en Rosario, el próximo 12 de este mes, pondrá el contraste entre la necesaria institucionalidad y el peligroso vacío en el que los narcos redistribuyen tragedias tras la farsa del relato.

Cristina Fernández de Kirchner retiró a su hijo del bloque del Frente de Todos a la hora de aprobar el acuerdo con el FMI, dividió su bloque en el Senado para ganar un lugar en el Consejo de la Magistratura (torsionando el precepto constitucional) y asedia con sus acólitos al presidente, advirtiéndole que el poder es de La Cámpora, que ella lo ungió candidato pero que carece de legitimidad de ejercicio si no logra los resultados encomendados.

El asedio de Crsitina es tortuoso; pide las cabezas de los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni y de Producción, Matías Kulfas, sin tener reemplazantes ni plan. El camporismo no abandona las cajas de Aerolíneas, Anses, Pami. La vicepresidenta no ignora traumas sociales y económicos en curso y agudos; imagina que puede prorrogar transferencias discrecionales de la Casa Rosada a favor de Kicillof, que ya se llevó $ 191.327 millones por ese concepto en 2021. También supone que puede preservar su capital político; si los traumas se precipitan, la culpa será de Mauricio y de Alberto.

Lo que la vicepresidenta privilegia es la caja del distrito donde planea recluirse y el dispositivo con el que intenta preservar su exposición judicial. Fiel heredera de la escuela de Néstor, observa todos los días la evolución de la caja y no desconoce que la agroindustria liquidó un récord de US$ 7.926 millones en el primer trimestre del año (17,87% más que en igual período del año pasado) pero el Banco Central no acumuló más de US$ 200 millones, muy lejos de los 2.600 millones a los que se comprometió con el Fondo para acrecentar reservas.

El dólar oficial se apreció 12 % en el año pero se retrasó aún más ante una inflación que acumularía cerca del 22 % en el cuatrimestre; el aumento de tarifas supondría apenas 0,2% del PBI cuando el compromiso con el FMI es ahorrar un punto porcentual este año; Guzmán no logra financiamiento interno y tiene limitada la maquinita de imprimir billetes a no más del 1% en este ejercicio. La suba de tasas es inminente, pero enfriará la actividad y potenciará la bomba de las Leliqs, tras la cual habita el fantasma del plan Bonex.

De espaldas a un abismo partidario sin precedentes, de frente a las presiones implacables de su mentora, el presidente dice no ser el “dueño” del gobierno. Es curioso que describa sus funciones en términos de propiedad; lo peligroso es que no termina de hacerse cargo de su gestión mientras le concede a Guzmán la misma investidura de amianto que llevó a Daniel Scioli a la derrota.

“El gasoducto está en marcha”, dice la publicidad oficial, pero no se ha licitado aún. El “caño” desde Vaca Muerta podría dar certeza a la energía productiva y social que necesita el país, y a la exportación en mundo que por decisión del terrorífico Vladimir Putin demandará los hidrocarburos que Argentina tiene y no explota. Los granos también padecen la falta de gestión, la escasez de gasoil; en las arcas del BCRA no hay dólares suficientes para los paquetes de productividad y preservación de suelos. No si los cruzados cristinistas insisten en llevarse todo a su último reducto, a cualquier costo.