A partir de este lunes 18, el Consejo de la Magistratura de la Nación debe comenzar a funcionar con una nueva integración, que respete el equilibrio entre los distintos estamentos representados en él, tal como dispone la Constitución Nacional y ordenó la Corte Suprema de Justicia.

 

Esto es porque el Tribunal consideró, precisamente, que el elenco de consejeros que el miércoles 13 actuó por última vez con el diseño vigente desde 2006, es inconstitucional. Y puso plazo hasta el día 15 para recomponerlo. Tras los feriados de Semana Santa, el lunes 18 es el día en el que debe empezar a actuar el "nuevo" Consejo de la Magistratura. Uno que, en rigor, y salvo por el efecto de la ley de paridad y de un par de defecciones, será más o menos el mismo que en su creación, en 1998.

 

El periplo para llegar a ese punto fue accidentado, y su punto de llegada aún abierto a interrogantes. Si comenzó con un fallo judicial, lo cierto es que las impugnaciones de ese tenor siguieron descargándose sobre él durante todo su transcurso.

 

Tiempos

 

Veamos. La Corte ordenó que se dicte una nueva ley, o que, en caso contrario, entrará en vigencia la ley de 1998 (derogada en 2006). Mientras bramaba que se trataba de una injerencia indebida, y preludio de un "golpe de Estado" (una equiparación tan excesiva y errada como cara al repertorio del kirchnerismo), el oficialismo avanzó para lograr la norma reclamada. Y logró aprobar en el Senado un nuevo diseño, más respetuoso de la pauta constitucional e incluso del federalismo, pero que se asegura de dejar afuera de la integración a la Corte Suprema.

 

La media sanción no tuvo tiempo de ser tratada en Diputados, donde no obstante difícilmente se convierta en ley, en la medida en que la oposición de Juntos por el Cambio, con una relación de fuerzas distinta con el oficialismo que en la otra cámara, sí quiere al presidente de la Corte al frente del organismo. Más allá de esta trabazón política, tampoco prosperó la idea de una prórroga de los plazos para poder cumplir con el fallo.

 

Cobra vigencia entonces la alternativa, resultante del añadido de miembros para completar el número de 20. Horacio Rosatti como presidente de la Corte, dos abogadas y una jueza (ya electas por sus pares), una representante de las universidades (que se elige el mismo lunes 18) y dos miembros del Congreso, por cada una de las cámaras, como integrantes de las segundas minorías.

 

 

 

El plan B

 

La elección de los académicos, cuyo resultado le tocará proclamar al santafesino Enrique Mammarella como flamante titular del Consejo Interuniversitario Nacional, tampoco estuvo exenta de planteos, ya que, a diferencia de los otros estamentos, se realiza de manera indirecta. Esto es: los profesores universitarios no votan directamente por los candidatos, sino que votaron electores, que representarán a cada una de las casas de estudio en la reunión del CIN donde se elegirá a la consejera requerida. El dato no es menor, porque aquí deja de pesar el "volumen" de las grandes universidades, sino que cada una tendrá un representante, o dos, en el caso de las que tengan más de 50 profesores titulares.

 

Así, la Asociación de Profesores Universitarios de Buenos Aires presentó un reclamo ante la Justicia, para que dicte una medida cautelar, suspenda el cronograma electoral y se vuelva al sistema original de votación directa. Por ahora, el proceso sigue en los términos previstos.

 

En tanto, los parlamentarios no están designados, y forman parte de una puja política referida a la condición de "segunda minoría" que se pide (distintas fuerzas se atribuyen esa ubicación, producto de la dinámica de conjunciones, escisiones e interbloques), y ni Cristina Kirchner ni Sergio Massa hicieron ningún esfuerzo orientado a cumplir con la orden del Alto Tribunal.

 

Esta actitud (que en la Corte se califica claramente como un "no acatamiento" del fallo) encontró un inesperado y seguramente efímero respaldo en el pronunciamiento de un juez entrerriano que, a pedido de un diputado kirchnerista de esa provincia, "ordenó" a ambas cámaras que no envíen su representante a la Magistratura.

 

Previsiblemente, el fallo que contradice a la propia Corte Suprema fue impugnado. Y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, misma institución que presentó la demanda inicial de toda esta saga, se presentó ante la propia Corte para reclamar que anule la decisión del juez federal de Paraná Daniel Alonso. Se espera que la Corte lo trate el mismo martes, en su próxima reunión de acuerdo. Y un día después de, seguramente, asumir a través de Rosatti en el Consejo de la Magistratura.

 

Lo que viene

 

Esa misma asunción, no confirmada oficialmente desde la Corte, es denostada fuertemente por el kichnerismo, hablando otra vez (cómo no) de "golpe de estado". Desde el tribunal, en todo caso, deslizan que el problema es de no acatamiento de un fallo. Que, por lo demás, sí se cumplió, y en esa medida habilitaría el "relanzamiento" del Consejo, con quórum y nueva integración, aunque no estén todavía todos los miembros que debían asumir simultáneamente este lunes. Y por eso tampoco se aceptaría el "reglamento de funcionamiento mínimo" que, con el voto de los consejeros afines al oficialismo y el rechazo de los opositores, se votó el miércoles 13 ante el riesgo de que el Consejo se viese paralizado por la nulidad de sus futuros actos, en la medida en que no se encuadrasen en el fallo de la Corte.

 

Así las cosas, muchos consideran que, a pesar de todos estos accidentes, el Consejo estaría en condiciones de seguir funcionando sin interrupciones, ahora con la presidencia de Rosatti y la suma de las cuatro nuevas consejeras. Pero como en toda buena saga atravesada por intereses y pujas políticos, no hay duda de que habrá nuevos episodios. Que seguramente incluirán también sus respectivos capítulos judiciales.