Por Redacción EL

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Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez pidieron poder imputar el martes a Marcelo Sain en la causa en la que se lo investiga por la presunta compra ilegal de armas a Israel. Solicitaron la audiencia a través de la Oficina de Gestión Judicial; y peticionaron que en simultáneo, se realice la audiencia de medidas cautelares. Ello implicaría realizarlas en Tribunales, de manera pública y con la presencia de un magistrado.

Pero el juez de la causa, Nicolás Falkenberg, decidió no hacer lugar a la formalidad propuesta, puesto que la imputativa refiere a "personas en estado de libertad". En esa situación, y de acuerdo con lo que establece el propio Código Procesal Penal, la audiencia pueden realizarla los mismos fiscales en las dependencias del Ministerio Público de la Acusación, y sin requerir de la presencia de un juez que "controle la legalidad de la audiencia". Respecto de la audiencia de medidas cautelares – una de esas medidas podría ser, de hecho, la prisión preventiva-, Falkenberg resolvió que una vez resuelta la imputativa, "se proveerá".

Tras la decisión del juez, los fiscales analizaban los pasos a seguir. La primera alternativa implicaba acatar su determinación y realizar solamente la imputativa el próximo martes, como lo sugiere Falkenberg. La segunda opción, que también era motivo de análisis, pasaba por la eventual revocatoria del decreto del magistrado; y la chance de insistir con la petición original para que la audiencia se realizase en Tribunales y de manera pública. La tercera posibilidad podría pasar porque sean los propios fiscales, atentos a que pueden prescindir - según Falkenberg - de la presencia de un juez, los que reprogramen la fecha de la audiencia.

Junto a Sain comparecerían el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro, el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de Seguridad Maximiliano Novas y el ex jefe del Departamento de Logística (D4) de la policía provincial, normalmente llamado habilitado, Marcelo Leandro Correa

La denuncia contra Marcelo Sain la presentaron el año pasado un grupo de diputados provinciales radicales capitaneados por Juan Cruz Cándido. La investigación puso bajo la lupa la compra de 12 mil pistolas semiautomáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, 6 fusiles semiautomáticos para francotiradores y 6 fusiles para francotiradores de cerrojo manual. El monto de la compra superaba los 1.400 millones de pesos.

La oposición denunció ante la justicia que el pliego estaba confeccionado a medida de una empresa israelí, y el proceso fue frenado por los propios mecanismos internos de la administración. Particularmente el Ministerio de Economía emitió un dictamen ordenando detener el proceso de comprar que, de hecho, nunca se reanudó.