El diputado Rubén Giustiniani y la diputada Agustina Donnet solicitaron al Gobierno Provincial que "deje sin efecto el segundo y tercer tramo del incremento en la tarifa de Aguas Santafesinas S. A. —del 20% para el bimestre 05/22 y del 10% para el bimestre 6/22 respectivamente— dispuesto en el artículo 2 de la Resolución 104/2022 del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat".
 

El gobierno provincial autorizó la propuesta de incremento del 60% en la tarifa del servicio público de agua potable y saneamiento, solicitada por Aguas Santafesinas S. A., diferenciándose de la propuesta de la empresa sólo en los tramos a aplicar. La misma se realizará mediante el incremento —que ya se aplicó— de un 30% para el bimestre 02/2022, de un 20% para el bimestre 05/22 a facturarse en agosto, y un 10% para el bimestres 06/22 a facturarse en octubre.

Conforme lo dispone la Resolución referida, “la empresa justificó su pedido en las modificaciones de precios y valores, producto del impacto de la inflación y en la modificación del tipo de cambio en los rubros críticos que conforman la estructura de sus costos, así como también la incidencia de la habilitación y explotación de nuevas unidades de abastecimiento y mejoras en la calidad del servicio”.

Sin embargo, sostuvo Giustiniani: "una medida de este tipo, con valores que superan los aumentos salariales previstos, profundizaría el proceso inflacionario que afecta cada vez más el bolsillo de las y los santafesinos, al incrementar la tarifa de un servicio básico y esencial para la vida, como es el agua, que impacta también en el costo de cualquier actividad económica".

Cabe recordar que, "la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 28 de Julio de 2010 la Resolución 64/292 donde reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. 

En línea con esta concepción en Argentina se elaboraron los “Principios Rectores de la Política Hídrica de la República Argentina”, a los cuales la Provincia de Santa Fe adhirió en el año 2010, por la ley 13132. Entre los principios enunciados dan específicamente sustento a este proyecto los que refieren al uso equitativo del agua. 

La diputada Donnet recordó que "los Estados podrán subsidiar total o parcialmente, de acuerdo con la capacidad contributiva de los beneficiarios, los costos del agua a los efectos de posibilitar el acceso a prestaciones básicas de agua potable y saneamiento, los proyectos hídricos de interés social (con énfasis en el combate a la pobreza) y los gastos de asistencia ante las emergencias hídricas. Los subsidios deben ser solventados con recursos específicos, evitando así el desfinanciamiento del sector hídrico". 

En el mismo sentido, Giustiniani aseguró que " el Estado provincial debe garantizar el derecho humano de acceso al agua potable, el cual implica contar con agua suficiente, físicamente accesible y de calidad apta para ingesta humana y usos domésticos, de conformidad con los criterios generales que surgen del Derecho Internacional de los derechos humanos".

Sin embargo, continuó el legislador del Bloque Igualdad, dijo que "el servicio público de agua potable en Santa Fe no cuenta con una tarifa social que garantice el acceso a la misma por parte de los sectores en situación de vulnerabilidad. Los llamados “casos sociales”, que de por sí no cumplen con los objetivos de una tarifa social, contienen una serie de requisitos y características que limitan su aplicación. Insistimos en la necesidad de que exista una tarifa social del agua potable en la provincia de Santa Fe y presentamos un proyecto de ley en ese sentido".

Donnet finalizó: "El Estado debe asumir su responsabilidad en garantizar el acceso por parte de la población a los servicios públicos esenciales, entre los cuales el agua segura aparece como el primordial. Aguas Santafesinas S.A. es una empresa con participación estatal mayoritaria que brinda un servicio público esencial y en ésto reside la necesidad de que el Estado Garantice una tarifa justa y razonable, en función de las necesidades de las y los usuarios".