El tema del acceso de las partes a los elementos que componen la investigación sobre presunto espionaje ilegal a cargo del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, y el supuestamente irregular manejo de los datos por parte de los fiscales que denunciaron los defensores, estuvieron en el centro del debate en la audiencia celebrada este miércoles en los tribunales santafesinos.

 

La audiencia fue convocada por el camarista Sebastián Creus, para unificar el tratamiento de los distintos recursos de apelación presentados acerca del secreto o reserva del expediente, que fue objeto de un intenso tironeo entre fiscales y defensores, con resoluciones judiciales de distinto tenor.

 

La trascendencia de la instancia judicial de este miércoles se atenuó en parte luego de que, luego de tres meses de confrontación, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez comunicaran la semana pasada que la información estaba disponible. Aún así, desde las defensas de Sain y otros ex funcionarios argumentaron que subsiten limitaciones, y eso es lo que trajeron a la audiencia.

 

 

Restricciones

 

Para Juan Lewis, ex ministro de Justicia y abogado de cinco ex funcionarios, "es materialmente imposible acceder a la causa. Nos presentaron siete biblioratos y documentación digitalizada por 14 terabytes. Solamente lo podemos consultar en los escritorios de la fiscalía, lo que impide cualquier análisis serio". 

 

En representación del MPA, el fiscal Jorge Nessier insistió en que el acceso se permitió, pero con una modalidad acorde al volumen de documentación. Dijo que hay 662 personas físicas presuntamente afectadas, y que hay una segunda nómina, lo que lo llevó a hablar de "multiplicidad" de casos. 

 

Nessier habló también de "delincuencia organizada"; de la supuesta existencia de una asociación ilícita, y consignó que hay "abultadisima" evidencia e "impresionante cantidad de información", obtenida mediante más de 25 mil consultas en Sudamericadata y Nosis. Y que entre los supuestos "perfilados" hay "altos funcionarios de los tres poderes, empresarios, periodistas, abogados y personas jurídicas".

 

Lewis salió al cruce de estas afirmaciones, al establecer que no es una "investigación, sino una excursión de pesca"; que no se puede hablar de espionaje por hacer consultas a una base de datos. "No cabe seguir ocultando las actuaciones. Ni siquiera pudieron justificar por qué esto es una investigación compleja", añadió.

 

Llegado el momento, intervino también el fiscal de Estado Rubén Weder, ya que la provincia fue aceptada como parte querellante, al igual que el diputado y ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. Weder dijo que a la Provincia le interesa que "esto se resuelva lo más rápido posible", y aclaró que su participación atañe exclusivamente al tema espionaje, ya que en la otra causa que también involucra a Sain, por compra de armas, fue el propio Estado el que frenó la licitación. "Funcionaron los controles", dejó sentado, tomando distancia en esta materia del ex ministro.

 

 

Cruces

 

Las acusaciones cruzadas se sucedieron desde el procedimiento del 26 de noviembre en las oficinas del Ministerio de Seguridad en Rosario, lo que constituyó un allanamiento ilegal para las defensas y un registro que no necesitaba orden superior según los fiscales. El tema central que plantean las cuatro defensas es que no puede ser que a seis meses, las actuaciones sean secretas. Eso genera un estado de sospecha sobre los presuntos imputados que tambien lesiona derechos.

 

Luego de que el abogado Hernán Martínez también pusiera en tela de juicio que realmente se hubiese habilitado el acceso a los datos, el fiscal Hernández aseguró que no hay ocultamiento de información, sino "reserva". Y que el acceso fue concedido de manera "irrestricta".

 

"Pueden conocer toda la evidencia pero no dar datos personales de terceras personas. Hemos dado lista de todas las evidencias para que la defensa las pueda pedir", agregó. A la vez, aclaró que "no solo son informes de Sudamérica data. Tambien hay información que se pedía a catastro, datos migratorios, registro del automotor.…. Esas personas son víctimas".

 

El manejo de los datos

 

En tanto, la polémica se reavivó con la apertura de los dispositivos electrónicos secuestrados en el procedimiento del 26 de noviembre. Martínez denunció la manipulación de una computadora secuestrada en la oficina de Nadia Schujman, ex directora de la Agencia de Control Policial, por la que se le habría extraído el disco rígido, y también que los equipos descriptos por los fiscales no eran los mismos que los registrados en el examen realizado en el Departamento de Análisis Digital Forense (ADF).

 

Previo a la audiencia de este miércoles, se conoció un informe del Jefe del Departamento Análisis Digital Forense del Organismo de Investigaciones-Sede Rosario del MPA, Franco Gonzalo Arana, en el que desmiente con datos técnicos que haya existido alguna violación de la cadena de custodia de elementos secuestrados en el marco de la causa Sain, o adulteración de alguna prueba, como denunciaron los abogados del ex ministro.

 

Más allá de consignar cada uno de los movimientos a que fueron sometidos esos elementos, y a la participación de las partes en los mismo, entre otras cosas apunta con respecto a la computadora mencionada que "a primera vista se advierte que el elemento no cuenta con un disco rígido de almacenamiento, encontrándose previsto en la máquina el lugar para incorporarlo y los tornillos para hacerlo en caso de que el usuario decida agregarlo, de lo cual se dejó constancia en el acta a fin de poner de relieve que las tareas periciales no se iban a concentrar en un disco rígido puesto que -reitero- no contaba con ninguno. En esa instancia, ni el perito actuante ni el delegado técnico ni el defensor dejaron constancia de la presencia de una memoria de estado sólido conectada en su zócalo y ubicada debajo de una chapa protectora. Sin embargo y más allá de que no se consignó en el acta, quedó debida constancia de la existencia de dicha memoria, en razón de que en las fotografias que se tomaron y que formaron parte también del acto de apertura se ve a simple vista el referido dispositivo de almacenamiento, tal como da cuenta la fotografía adjunta".

 

En respuesta a los dichos del defensor, respecto a una notebook que posee una memoria en estado sólido que se encuentra encendida y eso hablaría de una manipulación posterior al secuestro, "debo decir que sólo se trata de una función configurable mediante el BIOS y/o sistema operativo. La misma permite programar el comportamiento que va a efectuar la apertura o cierre de la tapa de la notebook de acuerdo a los gustos del usuario".

 

En tanto, desde la defensa insistieron en que esta explicación técnica no zanja la cuestión, en la medida en que no basta para aventar la circunstancia denunciada en primer término y por escrito, cual es la ausencia del disco rígido