Por Luis Rodrigo

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Por unanimidad y sin sorpresas, el senador Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) fue designado nuevamente presidente de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, que está formada por cuatro senadores y ocho diputados.

Con la abstención del propuesto y el voto afirmativo de los restantes integrantes, a la comisión le quedan aún pendientes un par puntos a definir: el nombre del diputado provincial que ocupará el lugar que tenía Gabriel Chumpitaz (Pro-Juntos por el Cambio), quien asumió en diciembre como diputado nacional por Santa Fe, y el de quien se ocupe de la vicepresidencia del cuerpo. Para ambas cuestiones la Cámara baja ha pedido un poco más de tiempo, presumiblemente una o dos semanas más. Con los cambios en la composición de los bloques opositores mayoritarios en esa Cámara ambos asuntos deben volver a ser conversados.

Gramajo reemplaza en la presidencia al radical de Evolución Fabián Bastia, al que le tocó tener un rol más que activo tanto al presidir Acuerdos como al representar a esa comisión en juicios en los que fiscales santafesinos cuestionaron las facultades de la Legislatura provincial para imponerles sanciones o destituciones.

Un sistema de rotación entre ambos cuerpos se usa para elegir al presidente de Acuerdos, y por eso no es una sorpresa que Gramajo suceda a Bastia.

Excepción

Que una vez por año presida Acuerdos uno de sus integrante de cada Cámara es parte de las reglas no escritas en la Legislatura, que se cumplen casi siempre. Así, a los senadores les tocan dos períodos intercalados con otros dos de los diputados, durante sus mandatos de cuatro años.

Cabe recordar que, en las últimas décadas, la vez que no se llevó a cabo esa acostumbrada rotación fue para que Gramajo siguiera al frente de la Comisión, cuando la Legislatura decidió asumir un rol más activo en cuanto a la evaluación de los fiscales y defensores del fuero penal provincial, al asumir su potestad de imponer sanciones e incluso apartar de sus cargos a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación y los defensores del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

En estos casos de fuerte repercusión pública, la comisión bicameral tiene un rol fundamental al decidir si por ejemplo se abocará o no al estudio de una acusación contra un defensor o un fiscal proveniente de sendos institutos o de un legislador. El apartamiento del cargo del ex director del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain o la expulsión de fiscales sorprendidos cobrando coimas a empresarios del juego ilegal fueron atentamente seguidos por la prensa.

Un proceso político

En la Provincia, las sanciones del Poder Legislativo a un integrante del Poder Judicial suceden luego de un proceso en el que cada fiscal o defensor encartado tiene la chance de defenderse. En estos casos es Acuerdos quien propone y los legisladores quienes disponen.

Siempre debe recordarse que un mecanismo legislativo atípico impone que cada decisión goce de un muy alto consenso político, o no podrá ser aprobada. Los dictámenes de Acuerdos sobre integrantes del MPA o del SPPDP se aprueban o rechazan en una sesión especial conjunta de los diputados y los senadores en la que cada Cámara debe contar con su propio quórum y, tras un debate conjunto si lo hubiera, se vota por separado.

Integrantes

Con la salvedad de que debe la Cámara de Diputados todavía definir quien reemplazará a su ex par, hoy diputado nacional, Gabriel Chumpitaz, en la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, hoy está formada por los senadores Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio), Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos), Lisandro Enrico (UCR-General López) y Rubén Pirola (PJ-Nes-Las Colonias); así como por los diputados Clara García (PS-FPCyS), Leandro Busatto (PJ-Bloque Justicialista), Lionela Cattalini (PS-FPCyS), Nicolás Mayoraz (Bloque Vida y Familia), Maximiliano Pullaro (UCR-Evolución-JxC), Gabriel Real (PDP-FPCyS) y Fabián Bastia (UCR-Evolución-JxC).