"Respeto las opiniones, pero para mí no existe el lawfare y no tengo ninguna duda al respecto", afirmó el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el santafesino Ricardo Lorenzetti.

El magistrado, quien aspiraba a recuperar la presidencia de la Corte pero fue postergado por Horacio Rosatti, reivindicó que el máximo tribunal "tiene que ser independiente y resistir cualquier tipo de presión".

"La garantía que debemos dar a la población es que la Corte es independiente y aplica la Constitución, la ley, con serenidad, con templanza. No reaccionamos frente a cualquier coyuntura. Nuestro pueblo necesita que haya serenidad y seriedad en los grandes temas que tenemos que resolver", insistió.

Lorenzetti, a la vez, le restó importancia a la marcha del 1F que reclamó cambios profundos en la Corte. "Desde 2004 hemos tenido muchísimas marchas, pero quiero dejar bien en claro que la Corte no va a ceder a ninguna presión, como nunca hemos cedido", prometió.

Pero, además, consideró que "no se puede aceptar que una persona que tiene una causa judicial, un procesamiento o ha cometido un delito y es investigado, pida que el juez que lo investiga renuncie: los jueces deben tener la estabilidad necesaria".

En ese contexto, eludió la invitación a opinar sobre las expresiones de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien –entre otras críticas al Poder Judicial- dijo: "Ahora ya no es necesario llevar militares para educarlos en Panamá en la Escuela de las Américas. Ahora hay que conseguir jueces que, educados y en comisiones y foros, son financiados siempre por los mismos".

"De la misma manera que se financiaban los golpes militares, se comienzan a financiar los golpes judiciales en América Latina, de la misma manera y con los mismos financiadores", afirmó la vicepresidenta.

"La función de la Corte Suprema no es discutir con ningún grupo político, sino resolver problemas concretos", respondió el ministro del máximo tribunal.

"La principal preocupación de los argentinos es cuando tienen un problema con la inseguridad, porque la robaron o asesinaron; el narcotráfico; los jubilados que no tienen adecuadamente su ingreso; o el derecho de propiedad", subrayó Lorenzetti.

Juntos por el Cambio pidió avanzar con la reorganización del Consejo de la Magistratura que dispuso la Corte Suprema de Justicia, y respaldó que el presidente del máximo tribunal sea además el de este cuerpo.

De acuerdo a esta postura, propuesta por la Corte, el actual titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, debería también presidir el Consejo, desplazando así a Diego Molea de ese cargo.

"Frente a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, a la existencia de un proyecto del Poder Ejecutivo, de varios de distintos legisladores y a la inclusión del tema por el Gobierno para ser tratado en las próximas sesiones extraordinarias, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio entiende necesario establecer algunos puntos fundamentales que deberán tenerse en cuenta a la hora de la discusión parlamentaria", se informó.

En un comunicado, la coalición opositora sostuvo que la "presidencia del Consejo por parte del presidente de la Corte Suprema facilitará la integración del órgano dentro del ámbito del Poder Judicial, allanará dificultades para la administración y le otorgará mayor previsibilidad al desenvolvimiento del Consejo".

"Se debe también asegurar la representación igualitaria en materia de género y la representación federal de los estamentos.

Cada estamento debería ser elegido directamente por quienes van a ser representados y, en cuanto a los legisladores, se podría contemplar la opción de designar juristas que cumplan los requisitos pertinentes", propuso JxC.

Además, se reclamó la "prohibición de reelección, dejando pasar un período, permitiría una mayor alternancia".

Respecto del régimen de concursos, "hay que encontrar los caminos para hacerlos más expeditos, más eficientes y mucho más transparentes", señalaron.

En ese sentido, debería "analizarse la posibilidad de efectuar concursos anticipados, para que ya existan postulantes calificados cuando se producen nuevas vacantes, y limitar las facultades del Consejo para alterar el orden de mérito en relación a los resultados obtenidos en la prueba de oposición y respecto de la valoración de los antecedentes", agregó.

JxC consideró también que "no es admisible la existencia de investigaciones abiertas por largo tiempo sin definición", por lo cual se postula "que se fije un plazo razonable para concluir la investigación, y la suspensión automática del juez que tenga un procesamiento firme en doble instancia".

"El Consejo tiene que ejercer con firmeza sus facultades de control de la gestión judicial. Es preciso contar con estadísticas genuinas que permitan evaluar el desempeño de los tribunales y analizar medidas para mejorarlo. Las auditorías permanentes pueden contribuir también en la misma dirección", planteó el espacio opositor.

Además, señaló que "los jueces deben actualizar sus conocimientos y capacidades" y la "escuela judicial del Consejo tendría que elaborar programas en ese sentido, de cumplimiento obligatorio".

"Corresponde que el Consejo de la Magistratura sea sometido al control de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la ejecución de su presupuesto no tiene que sufrir entorpecimientos ni discriminaciones por parte del Poder Ejecutivo", remarcó.

A su vez, JxC aludió a la reciente marcha del kirchnerismo contra la Corte: "No hay República ni estado de derecho sin una justicia independiente. El Gobierno nacional ha menoscabado esa independencia atacando insistentemente a los tribunales que no deciden de acuerdo sus deseos, especialmente en las causas de corrupción", indicó.

"Juntos por el Cambio defenderá enfáticamente que los jueces estén sólo sujetos a la Constitución y a la ley, por lo que promoverá o acompañará aquellas iniciativas de reforma al Consejo de la Magistratura que aseguren esos principios", finalizó el espacio.