Por Luis Rodrigo

SEGUIR

La jueza de primera instancia Rosana Carrara aceptó el pedido de los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández previsto por el Código de Procedimiento Procesal Penal. Así, sigue sin formularse la acusación contra ex funcionarios del Ministerio de Seguridad. Se sospecha que hubo espionaje ilegal desde el Estado y se revisan pliegos de compras de elementos para la policía.
 

El escrito se conoció este mediodía del jueves 3 de febrero y tiene esa fecha. Ambos integrantes del Ministerio Público de la Acusación habían solicitado duplicar sus plazos para trabajar en la audiencia celebrada el 1ro de este mes, con la reanudación de la actividad en el Poder Judicial, tras la feria de enero.

En su resolución la jueza expone los argumentos de las partes y menciona a los defensores de los involucrados en la investigación, sobre los que todavía no pesa una acusación ni un acto de procesamiento. Explica que en la audiencia estuvieron "los defensores técnicos Ores. Juan T. Lewis y Daniel Culleres, por la defensa de Nadia Schujman, Débora Cotichini, Pablo Alvarez, Diego Rodríguez y Milagros Bernard; el Dr. Hernán Augusto Martínez por la defensa de Marcelo Fabián Sain, Esteban Germán Montenegro, Maximiliano Novas y María Agustina Moulins; el Dr. Osear Silva, por la defensa de Marcelo Leandro Correa, y el defensor público Dr. Nicolás Andrés Mosconi, en representación del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y por la defensa de Juan Sánchez", además de los fiscales.

Tras presentar las exposiciones de los interesados, la jueza indica que el pedido se encuadra en la norma ( Art. 346 del CPP) que "prevé la posibilidad excepcional de duplicar los términos previstos en el Código cuando la causa sea compleja por la pluralidad de hechos, imputados, víctimas o en caso de delincuencia organizada o trasnacional, los cuales pueden existir en forma conjunta y/o alternativa; es asi que en el presente caso, se dan los requisitos que la normativa legal enumera". 

Tenés que leer

Fiscales piden más tiempo en la investigación a la gestión Sain

Dice que "la Fiscalía manifestó que se encuentra investigando una causa por asociación ilícita compuesta por funcionarios públicos que se dedicaban a cometer diferentes delitos, que existen dos causas identificadas" donde entre ambas "existe pluralidad de imputados, que hasta el momento en total son once personas a las cuales se les dio a conocer sus derechos de imputado, lo cual no obsta que surjan más personas involucradas".

"Que se inició -sigue la resolución- la investigación a raíz de una denuncia formulada por el Sr. Víctor Moloeznik, donde se comenzó a investigar si funcionarios pertenecientes al Organismo de Investigaciones del MPA y del Ministerio de Seguridad de la Pcia. de Santa Fe recopilaban información de manera ilegal respecto de personas físicas y/o jurídicas, utilizando para ello personal, bienes y servicios pagados por el Estado Provincial. Se recepcionaron diferentes testimonios de personas que brindan funciones en dichas instituciones, quienes dieron información de relevancia, confirmaron la realización de perfiles que contenían información de personas, entregaron algunos de los perfiles elaborados -los que se realizaban a partir de la consulta de distintas fuentes -Google, BCRA, RENAPER, DNRPA, NOSIS, VERAZ, etc), especificaron la base de datos que se utilizaba, y los usuarios de cada una de ellas. Que muchas veces estas tareas eran realizadas sin una directiva que los respalde, sin conocimiento de una IPP en trámite, sin contacto con órgano fiscal 4 alguno, con todo ello, se practicaron medidas solicitando a las distintas bases de datos las consultas realizadas desde el 1/1/2020, información fue entrecruzándose y cotejando".

"Preliminarmente existe una lista de 661 probables víctimas y/o damnificados de la inteligencia ilegal, se solicitó a jueces y fiscales federales y provinciales que informen si existen investigaciones en trámite y si habían requerido algún tipo de medida investigativa en relación a dichas personas, no habiendo sido respondidos aún la totalidad de ellos. Lo cual da cuenta de la existencia de pluralidad de víctimas, que por otra parte puede aumentar en número de damnificados.

Luego indica que "se encuentra acumulada y en investigación una causa por fraude en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con el cargo, por la compra de armas de fuego que fuera intentada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, donde se intentó favorecer a una empresa determinada, habiendo sido advertida dicha irregularidad por el propio PE y denunciado por un grupo de Diputados Provinciales, en dicha causa también se recepcionaron practicaron investigativas, testimonios conformando y ambas causas la medidas presente investigación, ya que es facultad del MPA establecer los criterios de investigación, pudiendo acumular las pretensiones para una mejor y más pronta administración de justicia, valorando diferentes aspectos".

"De esta manera la Fiscalía manifestó los hechos que se encuentran en investigación, como también el encuadre penal tratándose de delitos de Asociación ilícita en concurso real con negociaciones incompatibles con el cargo en concurso ideal con administración fraudulenta calificada, malversación dolosa, abuso de autoridad, etc., expresando además que se dieron a conocer los derechos de imputado a las personas sospechadas en fecha 6/12/2021. Se obtuvo documentación que corroboró lo denunciado", y menciona los allanamientos de dominio público.

"restando conocer el contenido de los mismos, como también el resultado de los informes requeridos
a las distintas bases de datos (...) todo lo cual es susceptible de un análisis minucioso, y que además, puede contener información de relevancia a los fines investigativos".

"Sumado a ello, se investiga en el caso un supuesto de delincuencia organizada, la cual tiene íntima relación con esa pluralidad de víctimas e imputados, ya que de acuerdo a los delitos que se encontraría investigando la fiscalía -asociación ilícita-, se trataría de varios hechos delictivos cometidos por un grupo de personas y en forma organizada, según el caso, empleando estructuras como la administración pública, y en fraude a la misma. Todo ello, torna ardua y dificultosa la concreción de los actos procesales en los términos acordados, por lo tanto, bajo estas circunstancias, sumado a la pluralidad de imputados y víctimas, hacen procedente la duplicidad de los plazos, por lo que haré lugar a la petición", expone la magistrada.