Por Ivana Fux

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Juan Lewis, abogado defensor de cinco de los once presuntos imputados en el marco de la investigación por supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Marcelo Sain como ministro de Seguridad, cuestionó el rol de los fiscales de esa causa en particular, y el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, en general. Entre sus clientes se encuentran Nadia Shujman, ex funcionaria de la cartera citada; y Débora Cotichini, integrante del Organismo de Investigaciones

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Tras participar de la audiencia de duplicidad de plazos en la que los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez reclamaron ampliar los tiempos procesales invocando "la complejidad" del expediente, el ex ministro de Justicia durante la gestión de Antonio Bonfatti objetó la falta de solvencia de ambos a la hora de fundamentar el pedido.

"Los fiscales, desde nuestro punto de vista, no argumentaron. Argumentar, fundamentar es dar razones en relación a un determinado postulado. Los fiscales no hicieron eso; por momentos, exhibieron expresiones tautológicas o cosas sin fundamento como decir 'es evidente que la causa es compleja', 'no es irracional el mantenimiento de la reserva'; fueron generalidades y abstracciones como lo viene siendo hasta ahora toda la causa. Por esa misma razón esto está empezando a ser un escándalo; hay una gran ausencia de precisiones de parte del MPA. Nosotros entendemos que ellos (los fiscales) deberían haber dado razones mejor argumentadas. Sólo se remitieron a parte de sus escritos en los que sostienen que se habían peinado (en el Ministerio de Seguridad) algunas bases de datos, y que habría habido consultas sobre algunas personas. Eso, así planteado, no es espionaje ni nada por el estilo. Pero no dieron más precisiones. Sí, como lo vienen haciendo en todos los escritos, invocaron números de normas y reiteraron términos de determinados artículos, pero eso no es fundamentar ni dar razones de nada", sentenció.

- ¿Por qué la defensa se opuso a ese pedido de duplicidad?

- En primer lugar, porque no se argumentó de manera correspondiente. La duplicidad implica seguir manteniendo en reserva o en secreto las actuaciones y eso es algo excepcional. Por lo tanto deberían haber dado los fiscales razones más fundadas de por qué consideran que la investigación es compleja y por qué esa complejidad debe implicar el secreto de la causa, pero no dijeron nada. Tampoco demostraron por qué para realizar las medidas que dijeron estar pendientes en el marco de la investigación, necesitan tener a la defensa sin poder acceder a las actuaciones. Por eso nos opusimos y en nuestras presentaciones señalamos los perjuicios concretos para nuestros defendidos por mantener la causa en una situación de indefinición y secreto.

- ¿La defensa hizo un reproche respecto de información difundida y publicada en el marco de la causa?

- Sí, en eso coincidimos dos de los defensores; que a la hora de argumentar sobre los perjuicios concretos para nuestros defendidos, estaba esta suerte de difamación que se lleva a cabo y donde se los trata de delincuentes o responsables de actos graves, con fundamento en nada; fundamentos que no quieren mostrar. El punto aquí que nos llamó mucho la atención es que el fiscal Hernández dijo que no se hacía cargo de esas informaciones periodísticas. Esto es grave porque en muchos artículos publicados y firmados se remite a 'fuentes o voceros del MPA'. Pero nadie se hizo cargo de esas cosas; se despegaron de esas notas periodísticas.

- ¿Por qué usted viene sosteniendo que el Ministerio Público de la Acusación está fuera de control?

- Yo creo que en alguna medida, lo que pasa con esta causa no es algo que le está sucediendo sólo a mis defendidos. Esto (parte del supuesto contenido de las actuaciones) trasciende por la publicidad que el propio MPA le ha dado. Pero en los últimos tiempos ha venido siendo una constante de actuación en muchísimas causas y con consecuencias graves para la ciudadanía; le pasa a gente que tiene causas menos relevantes o es pobre, entonces, nadie se entera. Pero lo cierto es que el MPA es un organismo que está descontrolado; el MPA toma medidas y muy graves en perjuicio de los derechos de los ciudadanos sin el control republicano. Y el control republicano en una causa penal viene dado, en primer lugar, por la voz de los jueces que muchas veces no evalúan críticamente el pedido de los fiscales. En segundo término, por los superiores de los propios fiscales que tienen desgobernada esta institución. En tercer lugar, por la Auditoría de Gestión que es el órgano que pone la ley para controlar el funcionamiento de fiscales y políticas públicas diseñadas desde la Fiscalía. Y finalmente, estos déficit institucionales derivan en la ausencia de otros controles como el de la Defensa respecto de los actos que perjudican a sus defendidos, o el control de la ciudadanía sobre los actos de un organismo tan importante como el MPA por su capacidad lesiva. Porque ésta es una institución que puede tomar determinaciones como meter (sic) presa a una persona por cinco días, sin darle explicaciones a nadie, cosa que no puede hacer ningún otro funcionario de la provincia. Un poder semejante tiene que estar necesariamente controlado desde el punto de vista republicano.