Por Juan Chiummiento

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En la que ya parece una de las novelas del verano, la causa en la que se investiga un presunto espionaje ilegal dentro del gobierno santafesino sumó un nuevo capítulo esta semana. Es que luego de que trascendieron algunos nombres de las supuestas víctimas, se conoció un listado de 661 personas, sobre las que los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández pidieron información al Fiscal Regional Carlos Arietti, para comprobar si habían sido objeto de investigaciones durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad.

Los nombres, apellidos y números de identificación de las 661 personas constan en un oficio, fechado el pasado 15 de diciembre, al que tuvo acceso este medio. En él hay figuras de la política, referentes del sistema judicial, abogados, policías, empresarios y algunos periodistas. También hay CUITs de industrias, medios, cooperativas, clubes, municipalidades, sindicatos, concesionarias y constructoras.

Se infiere que el listado -que los fiscales definen como el primero de otros que podrían agregarse- surge como resultado de las pesquisas realizadas por los fiscales, pero en rigor de la verdad, tanto Jiménez como Hernández no han revelado mayor información sobre su investigación. Tras la irrupción en la sede del Ministerio de Seguridad en Rosario a fines de noviembre, los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solo se limitaron a decir -a través de un comunicado difundido días después- que se corroboró "gran cantidad de evidencia", pero no mucho más.

Por su parte, los funcionarios implicados siempre señalaron que nunca se realizó ningún tipo de tarea de espionaje o ilícito similar, sino que siempre se trató de búsqueda de información -dentro del marco de la ley- para investigaciones criminales. En su momento, en una entrevista con El Litoral, Sain negó la acusación, y además de definirse como víctima de “lawfare”, aseguró que todas las investigaciones se hicieron en el marco de asistencia a la Justicia, en el caso de personas involucradas en causas judiciales. “Otra cosa es decir ‘vamos a hacer el perfilamiento de determinada persona’ y buscar información de sus cuentas, de sus propiedades, eso es ilegal. Y negamos rotundamente ese tipo de actividades”, sostuvo.

De la política al mundo empresario

El lector puede recorrer por sí mismo el listado de 661 nombres, que se deja como elemento agregado al final de esta nota. Como se comprueba, hay figuras relevantes de la política, como el ex gobernador Antonio Bonfatti, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, el diputado nacional Roberto Mirabella, y los diputados provinciales Paco Garibaldi, Julián Galdeano y Maximiliano Pullaro. Pero también varios integrantes del propio gobierno santafesino: desde el presidente del directorio de la EPE Mauricio Caussi hasta funcionarios de tercera línea del Ministerio de Seguridad, pasando por el ex titular de Asuntos Penitenciarios Jorge Bortolozzi (hoy secretario de Seguridad Pública).

También se incluyen importantes referentes del sistema judicial. Se puede visualizar el nombre de los fiscales Matías Edery, Adrián Spelta, Aquiles Balbi y Gabriela Lema, así como también del juez federal Marcelo Bailaque y la ex magistrada Laura Cosidoy. Está asimismo la jefa de la Policía Emilce Chimenti.

Varios abogados penalistas están en la nómina. Entre ellos el defensor de Luis Peiti, Luis Rossini, y el de varios integrantes de la banda Los Monos, Carlos Varela. También sus colegas Gustavo Feldman, Jorge Bedouret y Paul Krupnic.

El rubro de los negocios también está presente. La nómina muestra al titular del Grupo Oroño Roberto Villavicencio, la familia Quaranta -dueña del Sanatorio de la Mujer-, el ex líder del Cordón Industrial Herme Juárez, el metalúrgico Orlando Castellani y el gastronómico Roberto Dutra, entre otros.

Presentación de fiscales Jiménez y Hernández CUIJ 21-08672711-8 by JuanChiummiento on Scribd