Por Mario Cáffaro

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La media sanción de un proyecto de ley modificando un artículo del Código Procesal Penal de la provincia estableciendo la prisión preventiva por el uso o portación ilegal de armas fue seguido de los fundamentos de los diferentes sectores políticos sobre el apoyo -o no- a la iniciativa y críticas al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo por considerarlo inconstitucional. Es que la Comisión de Asuntos Constitucionales elaboró un dictamen a partir del proyecto ingresado en septiembre del año pasado por Oscar Martínez (100% Santafesino) que es el que logró amplio apoyo. No obstante, Matilde Bruera (PJ) lo cuestionó y Agustina Donnet (Igualdad) lo consideró un placebo. En cambio, Nicolás Mayoraz (Vida y Familia) afirmó que la redacción es totalmente constitucional. En el medio, el jefe de la bancada socialista, Joaquín Blanco, cuestionó la no convocatoria del Ejecutivo a una mesa interinstitucional para discutir temas de seguridad e incluso marcó que en 24 meses no designó ningún nuevo fiscal. Pero además Bruera le cuestionó a la propia Cámara que no haya consultado sobre el proyecto al sistema de la Defensa Pública.

Martínez explicó que el proyecto agrega como peligrosidad procesal al uso de armas, estableciéndose la prisión preventiva. La reforma es al artículo Nº 221 del Código Procesal Penal (Ley 12.734). En el recinto, Martínez celebró que después de más de un año llegue al recinto con amplio consenso y resaltó la importancia de la opinión de jueces y fiscales  que consideraron a  su propuesta técnicamente superior a la iniciativa  presentada por el Poder Ejecutivo. "A la luz de los hechos que se están sucediendo queda claro que la tenencia y el uso de armas en el momento que se comete el hecho además de constituir o no un delito autónomo, es una demostración de la conducta que va a asumir el imputado con respecto al proceso, y a los sujetos que intervienen en el mismo. Si al momento de cometer el hecho elige un modo que sabe que produce en la víctima miedo, no solo actual sino también a futuro, es consiente de que su acción también va en procura de su impunidad. Creemos que quien porta o usa un arma deja en claro cual va a ser su accionar en el proceso y esa conducta habilita el dictado de la prisión preventiva como mecanismo cautelar", afirmó.

Martínez hizo hincapié en que gran parte de los fundamentos del proyecto se basan en los números que elaboró el Observatorio de Seguridad Pública. "En este último tiempo hemos sido testigos de una enorme escalada de la violencia urbana cuyas causas son múltiples y sus efectos devastadores" y con datos del Observatorio señaló las personas heridas con armas de fuego, departamentos La Capital y Rosario, entre enero y noviembre de este año fue de 1.239. "Tanto en Rosario como en Santa Fe más de la mitad de las personas heridas con armas de fuego no superan los 30 años". Agregó que los homicidios dolosos cometidos hasta noviembre en Rosario y Santa Fe fueron 333 y las franjas de edad que acumulan más víctimas son entre los 20 y los 24 años y entre los 25 y los 29 años".

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Media sanción al proyecto que establece la prisión preventiva por uso o portación ilegal de armas

Para el legislador, este panorama requiere acciones concretas directas y efectivas. "No se trata de aparentar dureza con el delito con proyectos que parecen duros pero que técnicamente son vulnerables. La dureza del Estado debe estar en la fase de prevención del delito. Una vez accionado el sistema de persecución penal deben observarse normas que no presenten flancos porque si no la sensación de 'puerta giratoria' se acrecienta cada vez más. Es nuestra obligación como legisladores sancionar las leyes que permitan que esta persecución penal sea implacable y de acuerdo al Estado de derecho se haga justicia", concluyó.

Blanco, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se encargó de reseñar cómo se llegó a la media sanción y cuestionó la falta del Poder Ejecutivo en tener una mesa entre poderes para tener una mirada completa sobre la marcha del sistema acusatorio. "Fracasó una gestión en seguridad" por la de Marcelo Sain. Marcó el doble comando que tuvo el ministerio entre Jorge Lagna y Germán Montenegro que lo llevó a la parálisis. Mencionó que el gobierno, en medio de una ola de muertes y tiroteos, presentó en noviembre un proyecto  de reforma al Código Procesal Penal -entre gallos y medianoche- de prisión preventiva para los que portaban armas "haciendo demagogia punitiva". Recordó que tanto el fiscal general, Jorge Baclini, como los fiscales regionales, más la presidenta del Colegio de Jueces de Rosario, Bibiana Alonso, señalaron que no habían sido consultados por el Ejecutivo, no estaban de acuerdo con el proyecto y sí con el iniciado por Martínez que podía colaborar en la toma de decisiones de fiscales y jueces. "Hicimos el recorrido institucional, recogimos aportes y el proyecto reúne un acuerdo político e institucional con los actores que tienen que implementarlo. Este debería ser el camino que debería tomar el Ejecutivo. No es cambiando artículos del Código Procesal que se combate el delito" remató.

Bruera fundó su abstención tanto desde el punto de vista jurídico como político. "Debemos tomar medidas de fondo, y el problema de seguridad va más allá de reformar leyes", señaló. También cuestionó por inconstitucional el mensaje del Poder Ejecutivo y reprochó a sus pares la falta de consulta al Servicio de la Defensa Penal. Además de ella, el bloque Igualdad y Carlos Del Frade se abstuvieron en la votación. Este advirtió que la prisión preventiva está llenando las cárceles de chicos a los que "les es más fácil conseguir un arma que trabajo".

También opinaron favorablemente del proyecto pero reclamando medidas sociales para atenuar la inseguridad, Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura), Mónica Peralta (Gen), Gabriel Real (PDP) y Nicolás Mayoraz (Vida y Familia) quien afirmó que la media sanción "no afecta los derechos constitucionales y supera cualquier observación constitucional. Es una herramienta útil que ayudará en la acción a los fiscales".