Por Mario Cáffaro

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La Cámara de Diputados votará hoy un proyecto de ley creando en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social la llamada 'Unidad de diseño de Políticas Públicas para el Empleo Post-pandemia', iniciativa de la bancada radical que encabeza Maximiliano Pullaro.

El texto le encomienda a la unidad estudiar, diseñar e instar la aplicación de programas para el sostenimiento y la generación del trabajo decente, en la medida que se vaya superando el estado de emergencia sanitaria dispuesto, producto de la pandemia por Covid.

El proyecto llega al recinto con los dictámenes de las tres comisiones adonde había sido enviado y en ninguna de las tres comisiones lo firmaron integrantes de la bancada justicialista por lo que en el recinto pedirán abstenerse o votarán en contra. 

Pullaro advirtió sobre la posibilidad de una vez superadas las medidas excepcionales dictadas para sostener el empleo como ser la prohibición de suspensiones, doble indemnización, aportes excepcionales a empresas en crisis, se incremente la pérdida de puestos laborales que ya vienen sucediendo aún con la vigencia de las mismas. Agregó la situación de emprendimientos que reabrieron muy tarde así como el auge del teletrabajo y el aceleramiento de las innovaciones tecnológicas en los procesos productivos.

Plantea Pullaro que "un equipo interdisciplinario especializado, que no esté abocado a la coyuntura, debe empezar a pensar esto con antelación a efectos de elaborar con anticipación políticas públicos acordes a lo que se viene. Se deberá contener los puestos laborales en las actividades que resulten deterioradas como consecuencia de la pandemia; reentrenar y reubicar a quienes perdieron sus trabajos; dar respuestas en materia de capacitación en función de los nuevos perfiles laborales requeridos por la aceleración de los procesos de innovación tecnológica que se puedan dar en diversas actividades; tener en cuenta la tendencia al trabajo independiente y por cuenta propia que cada vez más lleva a una matriz de trabajo no asalariado; abordar las distintas aristas y vicisitudes propias de las modalidades de teletrabajo; estimular con alicientes económicos y fiscales la generación de nuevos emprendimientos, entre otros desafíos". 

Es en ese marco que se inscribe la Unidad de Empleo dentro del Poder Ejecutivo "que pueda pensar y debatir con el sector privado empleador, los sindicatos y la academia una batería de propuestas integrales que den respuesta a las problemáticas presentes y futuras. Esta Unidad de Empleo debe tener una conformación flexible, a funcionar de manera intensiva por un tiempo determinado y debe obligatoriamente elevar las propuestas al Poder Ejecutivo como al Legislativo para que este material sirva de insumo para la implementación de políticas públicas".

El proyecto le fija a la unidad un plazo de un año de trabajo tras ser declarado el final de la emergencia sanitaria por Covid.

Conectividad

El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, mantuvo ayer en Casa de Gobierno una reunión de trabajo con varios de los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales que tiene a dictamen el mensaje del Ejecutivo sobre conectividad y autorización de una toma de deuda por 100 millones de dólares.

La reunión fue convocada oficialmente por el ministro y entre otros participaron el presidente de la comisión, el socialista Joaquín Blanco, y el vice, el justicialista Leandro Busatto.

El trabajo sobre futura ley de agroquímicos

A tres meses de su constitución, la mesa de trabajo conformada por las presidencias y vicepresidencias de las comisiones de Conservación del Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado y de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados evaluó los avances hacia una nueva ley de agroquímicos para Santa Fe. 

Hugo Rasetto y Osvaldo Sosa (Senado) y Erica Hynes y Carlos Del Frade (Diputados) llevaron adelante cinco rondas de diálogo bajo la modalidad virtual. Participaron representantes del INTA Oliveros, donde funciona la Plataforma de Innovación Territorial (PIT),  un ámbito de articulación y coordinación entre diferentes actores del sistema agroalimentario y agroindustrial; Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe en sus cinco circunscripciones; Senasa, que tiene una dirección especial encargada de la elaboración, seguimiento, aplicación y supervisión de las normas que hacen a la producción, comercialización y uso de productos agroquímicos y biológicos utilizados para la producción y comercialización agrícola y en el control de plagas.

La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) y la Asociación Civil CREA enviaron representantes locales a las rondas de diálogo donde expusieron sus conocimientos y prácticas en el tema. 

Los legisladores escucharon también a investigadoras del Instituto de Salud y Ambiente del Litoral (ISAL), de doble dependencia UNL CONICET, del Programa de Investigación y Análisis de Residuos y Contaminantes Químicos (PRINARC), que pertenece a la Facultad de Ingeniería Química de la UNL y a docentes-investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias también de la UNL que presentaron el desarrollo ALGEFIT (Algoritmo de Gestión de Fitosanitarios), un software que ayuda a ordenar la gestión del uso de plaguicidas.

La mesa de trabajo había acordado priorizar el diálogo con el ejecutivo provincial, identificar puntos de acuerdo y avanzar en los consensos para una nueva ley, pero las autoridades que fueron convocadas en julio no participaron de las reuniones ni propusieron otros modos de encuentro

Hynes dijo que "nos preocupa es que hasta ahora el Poder Ejecutivo estuvo ausente de estas conversaciones y no porque no lo hayamos invitado. Pedimos audiencias con el Ministerio de Salud, el de Ambiente y Cambio Climático y de Producción, Ciencia y Tecnología y no tuvimos respuesta". La socialista acotóo que no están cerrados a un único modo de trabajo, sino que buscan abrir el diálogo, en especial, porque muchos de los protagonistas de esta problemática manifestaron que no es una cuestión de normativa como de control. "Necesitamos tener diálogo con el Poder Ejecutivo para ver cuáles son las políticas que están implementando y cómo planean dar respuesta a esta creciente demanda de conocimiento y participación ciudadana", agregó.