Por Mario Cáffaro

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La comisión de magistrados y académicos encargada de elaborar el anteproyecto de Código de procedimiento para la implementación de los derechos de los consumidores entregó ayer al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, el trabajo de 199 artículos que será sometido a consideración de actores del sistema judicial para luego ser elevado a la Legislatura.

La comisión fue coordinada por Gonzalo Sozzo y del acto también tomó parte la directora  provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, área del Ejecutivo que tiene la competencia en la materia.

Somaglia destacó que el futuro código es uno de los temas propuestos en el programa Santa Fe + Justicia para "cubrir algunas lagunas legislativas, normas que no estaban previstas en la provincia pero que sí lo estaban a nivel nacional". Así subrayó que los proyectos de Código Procesal Penal Juvenil,  de protección a víctimas de delitos y el de Defensa a los Consumidores, son "tres trabajos que implican suplir la ausencia normativa en la provincia sobre tres problemáticas, correspondernos con la Nación, y fortalecer institucionalmente los derechos de los ciudadanos santafesinos que encontrarán en dichas leyes la satisfacción a sus intereses".

El secretario precisó que el objetivo es que donde los derechos de los ciudadanos se ponen en controversia "la legislación avanza cualitativamente por un lado, y por otra lado, fortalece institucionalmente la posición de los ciudadanos que merecen el respaldo en la implementación del ejercicio de los derechos que surgen de la normativa nacional". El hincapié, por un lado, está en el regionalismo que tiene nuestra provincia, en la necesidad de dotar de volumen de control a los municipios, y por otra lado, implementar la gestión de cómo ejercer aquellos derechos ya sea administrativamente en la Secretaría de Comercio Interior, como así también si se deben activar los caminos judiciales.

Sozzo precisó que el futuro Código busca ser una regulación completa y sistemática. "El acento está puesto en la implementación, en el acceso de los consumidores a la defensa de sus derechos, y a partir de esa impronta inicial tiene dos grandes ejes: el primero es la autoridad de aplicación, tratando de robustecerla, darle presencia territorial en la provincia y regular en detalle el procedimiento administrativo de reclamo de los consumidores ante la autoridad de aplicación. El segundo aspecto es la regulación de aspectos específicos, de los procesos de consumos tanto en las normas generales como en los procesos colectivos de consumo".

La ley de defensa de los consumidores fue dictada en 1993 en la Argentina, los derechos de los consumidores tienen rango constitucional desde 1994 y Santa Fe no ha dictado normas procedimentales propias desde aquel momento. "El Código busca hacer todo los que está al alcance de la provincia para ejercer esos derechos que están en el texto constitucional y en las leyes", precisó el académico.  Así el anteproyecto regula tanto el proceso administrativo ante la autoridad de aplicación como los procedimientos judiciales, tanto individuales como colectivos, marcando que éstos últimos no tienen regulación hasta hoy.

Albrecht destacó la necesidad de saldar la deuda de 28 años que tiene Santa Fe con esta materia. "Los derechos rigen, son de orden público, pero efectivizarlo en la práctica ha sido un proceso muy dificultosos, genera problemas en el día a día. Es una decisión de la gestión de gobierno actual poder jerarquizar el derecho de los consumidores". No dejó de señalar que durante la pandemia los consumidores vieron afectados muchos de sus derechos y se demostró las falencias legales que existen en la provincia. Subrayó la necesidad de dotar de potestades y competencias a los municipios y comunas en la materia. "Consumidores somos todos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir" destacó.

Los puntos más destacados son:

Se coloca el acento en proporcionar las herramientas necesarias para la mejor implementación posible, se regulan los aspectos centrales de la política pública provincial de protección del consumidor.

Se sientan las bases de una autoridad de aplicación robusta y se establecen los mecanismos necesarios para que se constituya una verdadera red provincial de protección del consumidor, llevando a toda la extensión del territorio provincial;

Además, se regula en detalle el procedimiento administrativo que hasta el momento no tenía normas específicas, las reglas generales especificas aplicables a los procesos judiciales de consumo y se introduce la regulación de los procesos judiciales colectivos de consumidores.