En diálogo con El Litoral, el presidente de la Corte santafesina admitió las discrepancias sobre el control a los fiscales. Y postuló el establecimiento de una instancia permanente de discusión de la política criminal.
"Yo no me asusto de las divergencias, de los encontronazos, y las miradas distintas que pueda haber sobre determinados temas, incluso los que hagan al funcionamiento de los poderes del Estado". Crédito: Guillermo Di Salvatore
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco, destacó el funcionamiento del sistema procesal penal, aunque admitió que "va a necesitar cambios". Y admitió que en el Tribunal existen diferencias de criterios sobre algunas cuestiones (que ya se tradujeron en pronunciamientos), a la vez que propició el establecimiento de una instancia permanente que participe en el diseño de la política de persecusión criminal.
- A casi ocho años de su puesta en marcha, ¿qué balance hace del funcionamiento del actual sistema procesal penal?
- En términos generales yo lo destaco, porque ha traído cambios, que son los primeros que uno tiene que mirar, y después se verán los ajustes que haya que hacer. Pero no hay que olvidar el cambio que significó, en primer lugar, nada más y nada menos que ajustar el proceso a la Constitución. Eso se está haciendo, en cuanto a quienes son los actores y sus responsabilidades. Sí me parece que, como todo sistema, va a necesitar cambios. Con respecto al proceso en sí, algunos se fueron dando, había puntos de discusión que llevaron a reformas en las que se hizo interpretación, aclaración de las normas.
- Uno de los temas en discusión fue (y es) sobre el control a los fiscales; una atribución que la Legislatura se adjudicó, y la Corte convalidó, y que ahora se está discutiendo judicialmente en lo que respecta a otros funcionarios del MPA (caso Marcelo Sain, como titular del órgano de investigación)
- La Corte se ha tenido que expedir, lo hemos hecho con voto dividido (N. de la R: Gutiérrez, Spuler, Gastaldi y el propio Falistocco a favor, y Erbetta y Netri en contra). Esto tampoco tiene por qué asombrar. Cada uno tuvo su punto de vista, para resolver un conflicto importante en torno a las nuevas leyes que otorgan a la Legislatura la posibilidad de analizar los reproches que puedan hacérsele a algún fiscal. Eso forma parte del sistema de distribución de competencias y de roles, pero me parece que debería haber, mediante alguna figura muy democrática, un trabajo permanente sobre la política criminal que se va a desarrollar. No me refiero a determinado proceso, sino a que debe haber una presencia permanente (habrá que ver de quiénes y de qué manera) sobre cómo se va ejecutando la política criminal.
- ¿Cómo sería eso?
- Nosotros sabemos que con este Código el fiscal General traza una política, la expone en la Legislatura y establece de qué manera se va a desarrollar. Creo que eso requiere permanentes discusiones y ajustes, requiere una instancia estable. No una comisión controladora del día a día de los casos, sino al diseño general de la política. Y para eso también va a ser necesario fortalecer la figura del Auditor del MPA. Y un mayor protagonismo de toda la ciudadanía y de los otros poderes del Estado en lo que son las implementaciones de la política criminal, en cuanto a su debate y a sus logros; más allá de un informe anual.
- En este punto es importante gestionar consensos entre los tres poderes, como el que dio lugar en su momento a la creación del Código. Para que después no haya encontronazos...
- Sí. Pero de todos modos, creo que el control más fuerte que todos tenemos es el social. Santa Fe es una sociedad en la que los funcionarios de los tres poderes son conocidos por la gente, y eso se trasunta en una mirada sobre la conducta y el trabajo de cada uno que es muy saludable. Es algo palpable, que se siente. No somos seres anónimos.
Y que nosotros nos sintamos controlados como funcionarios está bien. Así que yo no me asusto de las divergencias, de los encontronazos, y las miradas distintas que pueda haber sobre determinados temas, incluso los que hagan al funcionamiento de los poderes del Estado. Porque en la medida en que el conflicto se resuelva lo más pronto posible, con esa divergencia de miradas estamos contribuyendo a afianzar la democracia. El problema es cuando no se encuentra un cauce de resolución.
- Que finalmente acaban siendo los tribunales...
- Sí, pero teniendo en cuenta que hoy la subsunción del caso a la norma ya no alcanza. Hoy la tarea del juez, y el Código Civil nuevo lo indica, se trata más de ponderar normas de distinta escala, porque muchas veces las normas chocan, y decidir en función de eso. Y yo agregaría que hoy se requiere ver ésto desde la óptica funcional. Un juez no puede esperar solamente la satisfacción de una norma que resuelva el conflicto: él tiene que conocer el conflicto, cómo se dan las cosas en la realidad, cómo funcionan las cosas en la economía, la sociedad, el delito. Ese es el desafío.
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