Por Mario Cáffaro

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Después de un mes, la Cámara de Diputados sesionará esta tarde y dará media sanción a un proyecto de ley creando la ''Junta Provincial de Seguridad', "como órgano interinstitucional de análisis, elaboración y coordinación de las políticas de seguridad de la provincia". El proyecto del radical Juan Cruz Cándido y de la socialista Lionella Cattalini tiene los dictámenes de las comisiones y figura en el punto de un Orden del Día con 117 textos a llevar al recinto.

En los hechos el proyecto persigue obligar al Poder Ejecutivo a convocar periódicamente en una mesa a las carteras de Seguridad y de Gobierno más legisladores de ambas cámaras, la Corte Suprema de Justicia e integrantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para coordinar políticas para enfrentar el delito. Es el reclamo permanente que le realiza el Frente Progresista a la administración de Omar Perotti por entender que durante la gestión de Miguel Lifschitz el organismo funcionó y permitió coordinar la tarea de los tres poderes.

Entre las funciones que le asignan está la de facilitar el diálogo entre las distintas esferas del estado en los temas referidos a seguridad y violencia; facilitar y coordinar la interacción de los distintos organismos en las acciones conjuntas o coordinadas, elaboradas para la prevención y mitigación en materia de seguridad; poner en conocimiento información de las distintas esferas del Estado y la proveniente de las organizaciones de la sociedad civil afines a la materia;  recabar y analizar datos sobre inseguridad y violencia; y, programar y coordinar las políticas públicas de seguridad y prevención de la violencia.

El dictamen llega al recinto sin la firma de los diputados justicialistas, pero si del PRO y de legisladores celestes.

En tanto, en la comisión de Labor Parlamentaria se resolverá si  llega al recinto el proyecto de ley de Educación que tiene amplio consenso de los diferentes bloques políticos. En el justicialismo se pidió una semana más para ajustar detalles con el propio Poder Ejecutivo.

En tanto, el radicalismo impulsará el proyecto de Fabián Bastia para exceptuar de las disposiciones establecidas en la Ley 9319 (Subdivisión de Inmuebles Rurales) habilitando la división de Inmuebles rurales en fracciones inferiores a la unidad económica durante un período de tiempo.  La medida se adoptaría cuando a la fecha de promulgación de la norma los inmuebles rurales estén inscriptos o se encontrase iniciado un proceso sucesorio.